Xalapa, Ver. - El Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA) del Poder Judicial de Veracruz determinó que los ocho sindicatos que tomaron las instalaciones de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) son ilegales, ya que no tienen contrato colectivo de trabajo ni autorización para ocupar instalaciones, lo que implica una infracción a la ley.

La manifestación y plantón en la dependencia estatal lleva más de 72 horas, desde las 06:00 de la mañana del lunes 24 de febrero y hasta este miércoles 26, con la exigencia de diálogo con la titular de la SEV, Claudia Tello Espinosa. Las protestas también se han extendido a distintas delegaciones regionales.

De acuerdo con la magistrada Itzel Castro Castillo, titular del TCA, en la jefatura de Registro de Asociaciones y Condiciones Generales de Trabajo de este Tribunal "no se encuentran depositadas Condiciones Generales de Trabajo" de sindicatos integrados por trabajadores de la SEV, por lo que no existen efectos legales para su movimiento.

Asimismo, el TCA determinó que no existe emplazamiento a huelga promovido por los sindicatos que mantienen bloqueadas las oficinas centrales de la SEV y otras dependencias en la capital veracruzana, por lo que están actuando fuera de la ley.

Los sindicatos involucrados son:

• Sindicato Veracruzano de Trabajadores del Sector Educativo (SIVETSE)
• Sindicato Independiente de Regeneración Magisterial (SIRMA)
• Gremio Nacional de Trabajadores de la Educación (GNTE)
• Innovación Sindical al Servicio de los Trabajadores de la Educación (INSISTE)
• Alternativa Sindical de Trabajadores de la Educación de Veracruz (ASTEV)
• Sindicato Auténtico de Trabajadores de Telebachillerato y de la Educación del Estado de Veracruz (SATEBAEV)
• Liga Magisterial Veracruzana (LMV)
• Sindicato del Movimiento Magisterial Veracruzano (SMMV)

El TCA enfatizó que no hay registro de un emplazamiento a huelga por parte de estos sindicatos, por lo que no se puede declarar ilegal algo que no ha sido planteado formalmente.

Ante esta situación, la SEV está obligada a interponer denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz. De no hacerlo, incurriría en omisión y complicidad, ya que no puede pagar una nómina a trabajadores que no cumplen sus funciones y, además, impiden a otros realizar sus actividades, lo que podría generar daño patrimonial.