Veracruz, Ver.— La violencia vicaria, según las feministas, es una de las formas más crueles de violencia que se puede ejercer contra una mujer, ya que utiliza a los hijos e hijas como instrumentos para perpetuar agresiones.

Mafer Turrent, de San Andrés Tuxtla, vivió en carne propia una serie de agresiones que incluso la llevaron injustamente a la cárcel. En los últimos días, su caso se volvió tendencia, sin embargo, fue en 2023 cuando denunció a su expareja, Édgar González, por violencia de género.

Mafer enfrentó múltiples demandas después de la denuncia, incluida una por la presunta sustracción de sus dos hijos menores de edad. Esto llevó a su detención el pasado miércoles 22 de enero.

Tras una audiencia de 10 horas, una intensa presión en redes sociales y la destitución de Miguel Ángel Barrera, fiscal de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes en la Ciudad de México, por parte de la fiscal Bertha Alcalde Luján, Mafer Turrent fue liberada.

El caso de Mafer Turrent expone las deficiencias en la atención y el tratamiento de este tipo de violencia en el país.

Lo vivido por Mafer y sus hijos

Mafer Turrent, madre de un niño y dos niñas, decidió hacer pública su situación cuando la violencia que enfrentaba se tornó cada vez más amenazante. A través de sus redes sociales, compartió su caso con el fin de visibilizar su lucha.

“Soy Mafer Turrent, por proteger a mis hijos, quieren meterme a la cárcel”, expresó en un video que grabó y publicó en sus plataformas digitales.

La separación de Mafer y Edgar ocurrió en septiembre de 2023, pero lejos de mejorar, la situación empeoró. En un video que compartió, se incluyen grabaciones en las que Edgar la amenaza de manera directa y violenta:

“¿Quieres ver el pinche poderío, pendeja? ¿Quieres ver cómo soy? ¡Te hincas o mato a tus hermanos! ¡Te hincas o mato a tus hermanos!”, se escucha en un fragmento, seguido por el llanto de un niño. “¡Pendeja! ¡Te sales ahorita!”, grita en otra parte del audio.

Ante la persistente violencia que no cesó tras la separación, Mafer decidió solicitar medidas de protección en enero de 2024, buscando salvaguardar su seguridad y la de sus hijos.

Activismo desde la amarga experiencia

Nancy Torres Castañeda, activista feminista de la colectiva Colmena Verde, no solo ha trabajado incansablemente para defender a las mujeres y promover la aprobación de una ley contra la violencia vicaria, sino que también ha sido víctima directa de esta agresión.

“La violencia vicaria es el tipo de violencia más cruel, ya que se utiliza a los hijos e hijas como instrumentos para perpetuar agresiones hacia las mujeres o su círculo cercano. La más común es la sustracción de los hijos o el condicionamiento relacionado con su bienestar,” explicó.

Nancy destacó que los casos extremos pueden llevar a las mujeres al suicidio o incluso al homicidio de los hijos, en un intento por infligir un daño irreparable. Sin embargo, lo más frecuente es que las mujeres enfrenten procesos civiles o penales en los que la violencia vicaria es reducida a un problema de “violencia familiar”.

“En mi caso, tuve que iniciar un proceso civil por la custodia y pensión alimenticia de mis dos hijos. Desde entonces, me he enfrentado a una serie de agresiones que forman parte de esta violencia,” narró.

Cuando denunció al padre de sus hijos por incumplimiento de la pensión alimenticia, él inició un proceso legal en su contra, acusándola de maltrato infantil y alienación parental.

“Mientras mi denuncia tardó meses en avanzar, su acusación procedió de inmediato,” lamentó.

Nancy explicó que esta es una estrategia común utilizada por los agresores vicarios, quienes recurren a las fiscalías y juzgados civiles para intimidar a las madres con denuncias falsas, buscando quitarles la custodia de sus hijos.

La falta de tipificación de la violencia vicaria

Uno de los objetivos del gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, es garantizar una vida libre de violencia para las mujeres. En este marco, se ha planteado la necesidad de tipificar la violencia vicaria como un delito específico.

Actualmente, las mujeres que enfrentan esta forma de violencia son clasificadas dentro del ámbito de la violencia familiar, lo que limita la posibilidad de obtener justicia y protección adecuada.

“Es crucial trabajar en una ley contra la violencia vicaria, porque es uno de los 100 compromisos de este gobierno hacia las mujeres. Esta ley debe ser aplicada en todos los estados,” señaló Nancy Torres.

En Veracruz, la activista ha trabajado con legislaturas anteriores sin lograr avances significativos, pero en la actual legislatura ha encontrado mayor apertura. Esto, en parte, gracias a la viralización del caso de Mafer Turrent.

Desde 2024, colectivos como Colmena Verde han sostenido reuniones con diputados de las comisiones de género, puntos constitucionales y la presidencia del Congreso del Estado.

Durante estas sesiones, se subrayó la urgencia de armonizar la propuesta de ley vicaria con la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General de Víctimas y, en ciertos puntos, con la Ley General del DIF.

Nancy también destacó que es necesario reformar los códigos penal y civil para asegurar la correcta implementación de esta ley.

La importancia de legislar

A nivel nacional, se han registrado más de 4 mil casos de violencia vicaria, de los cuales al menos 200 han ocurrido en Veracruz, es decir, el 5 por ciento del total, informó la representante nacional de Violencia Vicaria en Veracruz, Teresa Auroze Herrera. 

En 2023, una iniciativa para legislar sobre este tema no llegó al pleno por falta de dictamen. Sin embargo, recientemente, la diputada Astrid Sánchez presentó una propuesta trabajada en conjunto con colectivas y víctimas.

“Esta vez, las cosas se sienten diferentes,” expresó Nancy, quien espera que la iniciativa finalmente vea la luz.

Legislar sobre la violencia vicaria no solo protegería a las mujeres, sino también a las infancias, al garantizar que no sean utilizadas como herramientas de agresión.

“Cuando las cuidadoras son violentadas, también se vulnera el bienestar de los menores,” concluyó.