Xalapa, Ver. - Debido a irregularidades detectadas en el proceso, un Tribunal Colegiado en Materia Penal le otorgó un amparo al extitular de la Fiscalía Anticorrupción de Veracruz, Marcos Even “N” para no ser detenido.

El extitular de la Fiscalía Anticorrupción durante de julio del 2018 a septiembre del 2019 logró revertir una orden de aprehensión en su contra por los delitos de secuestro y desaparición forzada.

La resolución del Tribunal invalidó la orden de aprehensión dictada por un Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, bajo el argumento de que hubo fallas en el proceso que se le abrió.

Según el análisis del Tribunal, integrado por el magistrado José Saturnino Suero Alva, la magistrada María Elena Leguízamo Ferrer y el licenciado Eduardo Josué Martínez Maldonado en funciones de magistrado, se vulneraron principios procesales fundamentales, entre ellos el principio de oralidad y la omisión de analizar la necesidad de cautela para justificar la medida.

El fallo obligó a realizar una nueva audiencia, en la cual el Ministerio Público debió presentar oralmente la solicitud de orden de aprehensión. Este procedimiento podría modificar el curso del caso y permitir que Marcos Even “N” evite enfrentar las acusaciones.

En su defensa, los representantes legales del exfiscal especializado argumentaron que el amparo concedido no resolvía el fondo del caso. Alegaron que el juez de Distrito no analizó si existían datos de prueba suficientes para acreditar la probable responsabilidad del acusado en los delitos imputados.

Sin embargo, el Tribunal Colegiado señaló que "no es factible analizar en este momento los requisitos de fondo para la emisión de la orden de aprehensión", dado que el amparo solo abordaba irregularidades en el procedimiento inicial.

Al primer fiscal anticorrupción se le acusó de actuar en agravio de Francisco Zárate, asistente de Luis Ángel Bravo Contreras, ex fiscal general de Veracruz; Marcos Even Torres se desempeñaba como fiscal visitador y sería quien habría ordenado la privación ilegal de la víctima.

Aunque en su momento un actuario del Poder Judicial de la Federación certificó que Francisco Zárate no fue privado ni secuestrado, ni desaparecido, ni torturado, posteriormente cambió su versión y con ello continuó en integración la correspondiente carpeta de investigación que derivó en el proceso judicial que lo tenía como prófugo de la justicia.