Boca del Río, Ver.- Trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Veracruz, reanudaron sus actividades al interior de la sede ubicada en Boca del Río después del paro de labores que duró 77 días debido a la Reforma Judicial. 

Los trabajadores se reunieron afuera de las instalaciones del Poder Judicial y realizaron un acto simbólico para dejar registro de que el paro de labores quedaba oficialmente levantado.

Durante el tiempo que duró este paro, solo se atendían asuntos urgentes, sin embargo, a partir de este lunes ya están atendiendo de forma normal.

“Hay trabajo que está suspendido, entonces a partir de ahora se reanuda y sabemos de las implicaciones que eso va a traer en nuestro tiempo, pero somos servidores públicos comprometidos, siempre nos hemos desempeñado con profesionalismo y cumpliendo con las exigencias de nuestra labor”, aseguró Ricardo Reyes González, secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal. 

Los trabajadores señalaron que durante el tiempo que duró el paro recibieron muchas críticas por haber tomado la decisión de dejar de atender con normalidad.

La magistrada Naela Márquez Hernández consideró que en gran medida estas críticas se debieron a que la población se encuentra influenciada por los gobernantes quienes buscan que se cumpla la reforma al Poder Judicial y quienes han trabajado por darle mala imagen a esta instancia. 

“Hemos estado procurando visibilizar la importancia de nuestra labor en favor de los menos favorecidos por el mismo gobierno”, dijo. 

La magistrada afirmó que varios trabajadores del Poder Judicial pensaban que los ciudadanos los apoyarían, sobre todo los que han sido beneficiados por amparos o resoluciones conforme a la ley, sin embargo los “dejaron  luchar solos”.

“Tuve la ilusión de que todos aquellos a los que hemos reconocido sus derechos, cuyo respeto pudieron verlo afectado a los actos de una autoridad, se sumarían a nosotros, a nuestra causa”, comentó. 

En los próximos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizará la votación para determinar la constitucionalidad de la Reforma Judicial.