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Madres acusan a maestro como presunto pederasta en Puente Nacional
Xalapa, Ver.- Madres y padres de familia de la escuela primaria Benito Juárez, ubicada en la localidad de El Cuajilote, municipio de Puente Nacional, tomaron el centro educativo para exigir la destitución del profesor Miguel Ángel G.M. después de investigar que cuenta con antecedentes penales por pederastia.
La mañana de este lunes 4 de noviembre los padres de familia de esta escuela rural impidieron el acceso al profesor, quien hace unas semanas llegó a la institución educativa para impartir clases a los grupos de primero a tercer grado.
De acuerdo con las madres, Miguel Ángel G. M. ha presentado actitudes sospechosas con los menores, lo que ocasionó que los padres vigilaran al maestro y posteriormente indagaran su currículum. En dichas investigaciones encontraron noticias periodísticas que lo relacionaron con una orden de aprehensión ejecutada en el 2015 por el delito de pederastia.
“Algunas mamás empezamos a tener sospechas en el comportamiento del maestro Miguel Ángel Guerra y nos tomamos el atrevimiento de investigar y encontramos que él tiene antecedentes graves, por lo cual estamos en desacuerdo que la SEV lo hayan mandado a dar clases a esta comunidad”, explicaron las madres.
De acuerdo con las investigaciones de las madres de familia, el maestro fue detenido en 2015 en Jalcomulco, luego de que durante tres años fuera buscado por las autoridades estatales y las haya evadido gracias al sindicato de maestros al que está afiliado.
Ante esto, las madres y padres de familia enviaron un documento al titular de la Secretaría de Educación, Víctor Vargas Barrientos y al supervisor escolar de la zona 071, Dario Miranda Gómez, solicitando una respuesta y una explicación del por qué fue enviado a dar clases cuando tiene acusaciones graves por un delito en contra de menores.
En menos de un mes la Fiscalía General del Estado ha detenido a tres profesores de la SEV por delitos en contra de menores como abuso sexual y violación.
En muchas ocasiones la SEV ha sido criticada por el protocolo que aplican en casos similares, donde los familiares de las víctimas señalan que los profesores son encubiertos por los sindicatos y las autoridades de la Secretaria de Educación.