Xalapa, Ver.- El paro de labores de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) podría prolongarse una semana más en el estado de Veracruz, en rechazo a la reforma judicial que establece la designación de jueces, magistrados y ministros a través del voto popular.

A nivel nacional se acordó reanudar las actividades desde el día miércoles 16 de octubre, pero al menos en la ciudad de Xalapa continúa la inconformidad de los trabajadores, quienes están por cumplir dos meses con la protesta.

Monserrat de Alba, integrante del PJF, indicó que este viernes 18 de octubre, durante la tarde, se determinará si el paro de labores continuará la siguiente semana.

“Evidentemente, este paro sigue siendo con atención de casos urgentes”, explicó.

Se trata de más de 800 personas que laboran en las sedes del Poder Judicial de la Federación en la capital veracruzana. La suspensión de labores sigue en las sedes del PJF en los municipios de Xalapa, Emiliano Zapata y Villa Aldama.

“Sí, sigue con base en las circulares de las coordinaciones, o sea, magistrados y jueces de aquí de Xalapa decretaron. Xalapa, Emiliano Zapata y Villa Aldama, que seguía el paro jueves y viernes todavía, miércoles, jueves y viernes”.

Dio a conocer que este viernes harán las determinaciones y por parte de la Asociación Nacional de Jueces Federales, de juzgadores federales, “hoy van a emitir una votación que se cierra a las seis de la tarde y a partir de ahí veremos qué hacemos”.

Fue desde los primeros minutos del día miércoles 21 de agosto cuando los trabajadores decidieron sumarse al paro a nivel nacional para la defensa del Poder Judicial de la Federación.

De manera reciente, es decir el día jueves 17 de octubre, se dio a conocer que una jueza federal, con sede en Veracruz, dio un ultimátum de 24 horas a la presidenta Claudia Sheinbaum y al director del Diario Oficial de la Federación (DOF) para eliminar la publicación del decreto de la reforma judicial.

Nancy Juárez Salas, Jueza del Décimo Noveno Juzgado de Distrito en Veracruz, señaló que si las autoridades no atienden este plazo pueden incurrir en un desacato judicial.

Actualmente, se atienden casos urgentes como privación de la libertad, fuera de cualquier procedimiento, es decir, detenciones sin una razón aparente.

"Cuestiones que tengan relación con salud, que involucren a menores o a mujeres en situaciones de violencia. Todo eso se ha seguido atendiendo hasta el día de hoy y, de hecho, el trabajo no ha sido menor en los juzgados de distrito”, dijo Monserrat de Alba.