Xalapa, Ver. - Un promedio de 60 familias exige justicia y la restitución de lotes en el ejido Santa Ana, en el municipio de Atzacan, ubicado en la zona de Las Altas Montañas del estado de Veracruz.

Los afectados informaron que ya han pasado seis años desde que fueron despojados de sus terrenos y, a pesar de que denunciaron lo que pasó, no ha habido avances, lo que agrava los problemas judiciales.

"Hemos sido víctimas de un grupo de individuos corruptos desde hace varios años que, mediante contratos privados fraudulentos y el abuso de influencias políticas y judiciales, han intentado despojarnos de nuestras propiedades legítimas, las cuales hemos defendido para nuestro proyecto de lotificación de interés social", señaló Paulino López Anzures, vocero de los afectados.

El predio en disputa incluye las parcelas 194 Z-1 P1/2 y 195 Z-1 P1/2, actualmente propiedad privada y con sentencia a favor del empresario, lo que podría terminar con el desalojo definitivo de las 60 familias.

El 21 de noviembre de 2023, los habitantes recuerdan que, a pesar de no existir una orden de desalojo emitida por un juez, fueron sacados de las propiedades por trabajadores de un empresario identificado como Orlando.

El ejido está ubicado cerca de Orizaba, en la zona centro de Veracruz, y desde marzo las disputas por el terreno se han intensificado.

"Destruyeron nuestras viviendas, dejando a más de 60 familias vulnerables, sin nuestro único patrimonio familiar; sin justicia y temiendo por nuestras vidas", denunciaron públicamente los afectados.

Ante esta situación, hicieron un llamado a la población para que se mantenga alerta y eviten caer en provocaciones, ya que el conflicto por los lotes sigue su curso legal.

Las viviendas, ubicadas sobre la carretera Orizaba-Atzacan, frente al Salón Colón, fueron atacadas por personas armadas con machetes. Los afectados llamaron a la policía municipal en noviembre del año pasado, cuando ocurrió lo que ellos consideran un despojo.

El problema se agravó en marzo de este año, cuando los afectados solicitaron la intervención de las autoridades estatales y federales para detener los conflictos por los terrenos.

Señalan a un empresario que intenta apropiarse de los terrenos, bajo el argumento de que las parcelas le pertenecen, según explicó Paulino López Anzures, representante de las más de 60 familias afectadas.