Xalapa, Ver. — La legislatura saliente del Congreso del Estado de Veracruz será recordada por dejar una deuda histórica con la comunidad LGBTIQ+, al no resolver temas prioritarios como la prohibición de las terapias de conversión, la creación de una fiscalía especializada en crímenes de odio, la Ley de Identidad de Personas Trans, la Ley Paola Buenrostro y el Premio Estatal de la Diversidad Sexual, denunció el activista Leonardo Ruiz Moreno.

Aunque reconoció avances con la aprobación de los matrimonios igualitarios, Ruiz Moreno señaló que otros temas críticos quedaron "congelados".

Falta de voluntad legislativa

El activista subrayó que uno de los temas urgentes fue la creación de una fiscalía especializada en crímenes de odio. Recordó que, durante 2024, en Veracruz se han registrado al menos 10 homicidios relacionados con este tipo de crímenes.

“Hubo falta de voluntad para presentar iniciativas que ya se habían propuesto. El diputado Ramón Díaz, del PT, fue el único en presentar propuestas, pero a pesar de tener la oportunidad, el diputado Ky Durán Chincoya no las impulsó”, acusó Ruiz Moreno.

Ruiz Moreno, también coordinador nacional de la “Alianza Mexicana LGBT de Marchas”, afirmó que Ky Durán, quien había sido considerado como un representante de la diversidad sexual, no cumplió con las expectativas.

“Es un promotor de su partido, pero no ha hecho un trabajo real hacia la diversidad sexual. Ya no contamos con él”, sentenció.

Esperanzas en la nueva legislatura

Ruiz Moreno expresó su esperanza en que la próxima legislatura, que contará con la diputada electa Astrid Sánchez, apoye las causas LGBTIQ+ y promueva las iniciativas que quedaron pendientes.

Iniciativas LGBTIQ+​ que permanecen en la congeladora

Entre las propuestas más urgentes está la homologación de la prohibición de las terapias de conversión. A nivel federal, estas prácticas, consideradas dañinas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde 2012, están prohibidas y sancionadas desde junio de 2024. Sin embargo, en Veracruz, los legisladores no han avanzado en la adopción de esta medida.

El Código Penal Federal establece que quienes realicen, impartan, obliguen o financien terapias de conversión pueden recibir penas de entre 2 y 6 años de prisión, así como multas de hasta dos mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Las sanciones se duplican si las víctimas son menores de edad, personas mayores o con discapacidad.

Otro tema relevante es la creación de una Fiscalía Especializada en Crímenes de Odio, ya que Veracruz se encuentra entre los estados con mayor incidencia de estos delitos a nivel nacional. Los crímenes de odio son aquellos en los que una persona es atacada debido a su pertenencia a un grupo social específico.

Ley de identidad de género y transfeminicidio

A pesar de que Veracruz aún no cuenta con una Ley de Identidad de Género, algunas personas trans han logrado cambios en sus documentos mediante procedimientos legales. Activistas también exigen la aprobación de la Ley Paola Buenrostro, que establece penas de 34 a 70 años de prisión para quienes cometan transfeminicidio.

Premio a la Diversidad Sexual

Finalmente, la comunidad LGBT+ también busca la creación del Premio Estatal de la Diversidad Sexual, que reconoce a activistas que han luchado por la erradicación de la discriminación y el reconocimiento de los derechos de la comunidad.