Xalapa, Ver.- El titular del Instituto Veracruzano de la Vivienda (Invivienda), Hazael Flores Castro, afirmó que ya hubo respuesta de tres instancias donde fue denunciado por hostigamiento sexual y violencia de género, en las que no se encontraron elementos en su contra.

Al ser cuestionado sobre los avances en las investigaciones que tiene en su contra, luego de que cinco trabajadoras lo denunciaran en diciembre de 2022, el funcionario estatal dijo que todo se ha llevado conforme a derecho.

Explicó que el Órgano Interno de Control, un juez local y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz han determinado que no existen pruebas de que haya ejercido algún tipo de violencia machista contra las trabajadoras.

"Yo les puedo decir que estos señalamientos han sido desahogados conforme a derecho. Hay tres instancias que se han manifestado, en las cuales no han encontrado elementos contra un servidor. El Órgano Interno de Control y un juez de control ya manifestaron esta no responsabilidad hacia un servidor, y también el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz. Yo, en este tema, lo que puedo decir es que se desahoguen conforme a derecho estas denuncias. Todo el mundo tiene derecho a denunciar, pero también a probar y acreditar", dijo.

Al respecto, añadió que no piensa presentar ninguna denuncia en contra de las trabajadoras, y que serán las autoridades quienes, en su momento, señalarán cuándo se concluyen los procesos.

"No, mire, yo soy de la opinión de que todo se está desahogando conforme a derecho. Las instituciones están haciendo su trabajo y esa es mi opinión al respecto (...) Bueno, eso lo habrán de determinar las autoridades en su momento. Insisto, hay tres diferentes autoridades que se han manifestado y no han encontrado elementos contra un servidor. Que se desahoguen", dijo.

El titular de Invivienda cuenta con una denuncia penal y dos quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por violencia de género, acoso y hostigamiento sexual.

Las denuncias fueron presentadas por cinco trabajadoras que se quejaron del trato del funcionario morenista; sin embargo, solo dos han dado seguimiento ante las instancias penales, de derechos humanos y el órgano de control.

El funcionario, cercano al diputado federal Eleazar Guerrero Andrade, también fue denunciado ante la Comisión de Derechos Humanos, el Órgano Interno de Control de la Contraloría General del Estado, por violencia de género, acoso y hostigamiento, así como por violar los derechos humanos de las trabajadoras.

El 28 de diciembre de 2022, se presentó una denuncia ante la Fiscalía Séptima Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas, contra el Gerente General del Instituto Veracruzano de la Vivienda, Hazael Flores Castro, por los delitos de violencia de género, acoso y hostigamiento sexual, y lo que resulte.

Se inició la carpeta de investigación XAL/DXI/FEMUJ/F7/1758/2022, radicada en Xalapa. Sin embargo, los hechos se registraron en la ciudad de Córdoba, Veracruz, por lo que la Fiscalía Especializada desglosó actuaciones y realizó la remisión de constancias a dicho distrito judicial, a fin de que se continúe integrando la investigación mediante la carpeta CRD/FDXIV/FEMUJ/F5/1390/2023.

Además de la denuncia penal, también existen dos quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, donde se abrieron las carpetas DAV/0286/2023 y DAV-0103-2024, ambas siguen su curso de investigación por la violación de los derechos humanos de dos trabajadoras.

En el caso de la queja ante el Órgano Interno de Control de la Contraloría General del Estado, donde se abrió el expediente CGE/OIC-Sedesol/INV/024/2023, pese a las pruebas ofrecidas y declaraciones de testigos, la titular del órgano, María del Carmen Castro Blázquez, emitió el "Acuerdo de Conclusión y Archivo del Expediente de Investigación Administrativa".

Ante el actuar de la Contraloría del Estado, las trabajadoras presentaron una demanda de amparo ante el Poder Judicial de la Federación. Las otras mujeres se han negado a actuar legalmente contra el funcionario por temor a represalias o despidos.