Xalapa, Ver.- La Coordinación General de Combate a la Impunidad perteneciente a la Función Pública inició una indagatoria en el libro de Gobierno de la Dirección General de Investigación de Faltas Administrativas para investigar el presunto enriquecimiento patrimonial no justificable e indebida declaración de situación patrimonial de Norma Rocío Nahle García, exsecretaria de Energía del Gobierno Federal.

Lo anterior le fue notificado a la diputada federal panista Elena Pérez Jaén Zermeño, quien solicitó el pasado 8 de mayo, una investigación a la hoy candidata a la gubernatura de Veracruz por diversas anomalías que se llevaron a cabo durante su gestión como secretaria de Energía. 

La diputada es secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados e informó que según datos de la ASF, la ahora candidata a la gubernatura de Veracruz por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Veracruz, Rocío Nahle García, cometió diversas irregularidades cuando estuvo a cargo del proyecto de la refinería de Dos Bocas en Tabasco.

Además, solicitó a la Coordinación General de Combate a la Impunidad que se investigara a la exsecretaria de Energía por propiedades no declaradas adquiridas por ella, por su cónyuge y demás dependientes económicos directos en sus declaraciones patrimoniales.

Néstor Daniel Corona Álvarez, director de dicha coordinación, le notificó a la diputada federal que se inició la investigación con el número DGIFA/DI-C/SENER/27/2024 y le envió los números de folio con los que puede dar seguimiento a la investigación mediante el portal de internet de la Función Pública. 

Durante las últimas semanas, el empresario veracruzano Arturo Castagné Couturier, dio a conocer diversas propiedades que presuntamente forman parte del patrimonio de Rocío Nahle García y su familia no solo en el estado de Veracruz sino en otras entidades e incluso en el extranjero. 

El empresario acusó a la exsecretaria de Energía de haber obtenido dichas propiedades y recursos en los últimos cinco años, lo que es muy difícil con su salario como funcionaria federal y la pensión de su esposo jubilado de Pemex.

Hasta el momento, la exfuncionaria pública se ha defendido al negar todas las acusaciones y acusar al empresario veracruzano de usar documentos falsos para acusarla e incluso lo acusó de violencia política en razón de género.