Xalapa, Ver.- La exdirectora general de Administración del Poder Judicial de Veracruz (PJEV), Joana Marlene Bautista Flores, faltó a la audiencia que tenía programada en los juzgados de Pacho Viejo, en el municipio de Coatepec, la tarde de este miércoles 24 de abril. La exfuncionarios enfrenta denuncia por el delito de incumplimiento de un deber legal.

La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió un proceso en su contra tras las denuncias que presentó en febrero de 2024 la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre,  por la presunta contratación de empresas fantasma dentro de la institución. 

Jiménez Aguirre acudió ante la FGE el pasado 9 de febrero para presentar denuncias que involucran delitos como abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y peculado,  esto luego de que fueran detectadas estas empresas fantasmas y proveedores en una auditoría interna. 

La exirectora general de Administración del PJEV fue citada para comparecer este miércoles 24 de febrero  en Pacho Viejo, sin embargo, envió un justificantes médico y solo asistieron sus representantes jurídicos. 

La audiencia fue programada en el marco de la investigación 144/2023 por el delito de incumplimiento de un deber legal.

Este día también fue citada Manuela Saldaña Ríos, quien fungió como subdirectora de Recursos Financieros, pero tampoco asistió y solo acudieron sus abogados. 

Durante la auditoría interna que se hizo en el primer semestre de 2023, se detectaron presuntos desvíos por 50 millones de pesos; en ese tiempo, Joana Marlene Bautista Flores era la administradora del Poder Judicial del Estado de Veracruz.

Sin embargo, también Ofir Aly Gutiérrez Ponce, exsubdirector de Recursos Materiales; Bertha Domínguez Pacheco y Elvis Viveros Arroyo, ambos exjefes del Departamento de Servicios Generales, son señalados de complicidad. 

Estos exfuncionarios son señalados por contratar presuntas empresas fachada. Una auditoría aplicada al primer semestre de 2023 reveló que no existían elementos suficientes para garantizar que estas empresas operaban conforme a las cláusulas descritas en sus documentos constitutivos. 

Además, no confirmaron sus actividades económicas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y carecen de una estructura funcional para su operación.

Desde la llegada de la actual presidenta del Poder Judicial, se señaló que no permitiría actos de corrupción y advirtió que, además de esta auditoría, se estarían realizando otras de años anteriores al 2023.