Xalapa, Ver.— La magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV), Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, dio a conocer que el daño patrimonial de la cuenta pública 2021 es de más de 80 millones de pesos, según las observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En entrevista, aseguró que la Contraloría Interna del Poder Judicial, lo mismo que la Auditoría Superior de la Federación, tendrán que tomar las medidas legales correspondientes, como son procesos sancionatorios y denuncias penales por no acreditar el gasto de los recursos públicos.

En el mes de febrero se dio a conocer la tercera entrega del Informe de Seguimiento de las Observaciones de la ASF, en el que se hizo un paquete de observaciones al Poder Judicial por pagar de más a trabajadores y por adjudicar de manera directa varias obras.

“Fuimos notificados, se le fue haciendo todo el seguimiento, enviamos la documentación para solventar y la ASF determinó que esa documentación no era suficiente", dijo.

La Auditoría Superior de la Federación observó el manejo irregular del dinero federal que se otorgó al Tribunal Superior de Justicia el Estado (TSJE) en el ejercicio fiscal 2021 por más de 80 millones de pesos 

Como parte del pliego de observaciones que se entregó al Poder Ejecutivo en la revisión de la Cuenta Pública de 2021, el Poder Judicial fue requerido para explicar por qué algunos trabajadores ganaron más de lo que establece el tabulador y el proceso de adjudicación de algunos contratos, especialmente de las ciudades judiciales.

La ASF auditó el capítulo de Servicios Personales. La Sefiplan remitió más de mil 96 millones para el pago de la nómina. Al revisar el pago a tres mil 906 trabajadores, se identificaron 56 pagos a 53 trabajadores en los que los conceptos de compensación temporal y compactable y bono único extraordinario era superior por 153 mil 852 pesos.

Además, se realizaron 31 movimientos de pago a 12 trabajadores por un importe de 568 mil 435 pesos, después de que causaron baja definitiva; otros siete pagos, entregados a seis trabajadores por 105 mil 392 pesos, se transfirieron indebidamente a personas que estaban de licencia sin goce de sueldo.

En la revisión del proceso de contratación de obra, servicio o insumos, se detectó que el Poder Judicial del Estado realizó el 14.6 por ciento del total de procedimientos de adjudicación reportados, mediante procedimiento de invitación restringida; y el 85.4 por ciento por adjudicación directa.

Además, se observó como daño patrimonial la asignación de 13 contratos que fueron adjudicados de manera directa por un monto que supera los 15 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2021.

Entre los datos que la ASF observó al Poder Judicial, se encuentran las estimaciones de las ciudades judiciales de Las Choapas, Tuxpan y Pueblo Viejo, debido a que se pagaron tres millones de pesos de más.