- Veracruz
Jurídico del INDEP quiere quedarse con edificios de portuarios, denuncian
Veracruz, Ver.- Eugenio Hernández, jurídico del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (INDEP), busca quedarse con los edificios de los portuarios que deberían devolverse al sindicato y a sus trabajadores, acusaron miembros del Sindicato de Maniobristas de Veracruz.
Al manifestarse junto con sus familiares en la avenida J. B. Lobos, frente a la Fiscalía General de la República (FGR), acusaron que al jurídico de obtener ganancias por la venta de edificios que les corresponden según la ley.
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De acuerdo con Alejandro Pulido, representante de los trabajadores maniobristas, estibadores y portuarios expresó que acudieron luego de un citatorio de parte de la Fiscalía con relación a las carpetas de investigación que tienen abiertas.
“Eugenio Hernández está aferrado porque él los vende a precios superiores a los que le reporta al INDEP, ingresa cantidades menores y la diferencia se la queda él. Nosotros no nos vamos a dejar”, dijo.
Acusó también a la contadora de esa instancia de apoyar en las ventas de estos inmuebles incautados. “Lo vamos a defender hasta con nuestra vida”, expresó.
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El presidente Andrés Manuel López Obrador en varias ocasiones ha dado instrucciones de que este tema debe de atenderse, afirmó.
“El presidente ya les dio opciones, está tratando de hacer justicia social, pero las autoridades de abajo (como Eugenio Hernández) quieren seguir ostentando con la propiedad de alguien que no es de ellos”, dijo.
Pulido afirmó que pese a que tienen toda la documentación, estas dos personas insisten en que pueden vender estos bienes
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“Ya no podemos seguir consintiendo esto, estamos coadyuvando con la Fiscalía y colaborando para que termine de la mejor manera”, dijo.
Señaló que la Fiscalía está actuando conforme a derecho con todas las averiguaciones y temas que hay contra los trabajadores que buscan recuperar los bienes que se perdieron durante la requisa del puerto realizada por el entonces presidente, Carlos Salinas de Gortari, en 1994.
El pasado 6 de octubre, Andrés Manuel López Obrador ordenó eliminar esta requisa, motivo por el cual los trabajadores insisten en ser atendidos.
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