Xalapa, Ver.- En riesgo de cerrar se encuentran 300 empresas constructoras del estado de Veracruz por la determinación del presidente Andrés Manuel López Obrador para que sean los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) quienes se encarguen del mantenimiento de la red carretera federal.

El problema afecta a 10 mil compañías en todo el territorio mexicano, indicó Marcos Salas Contreras y Martín Fernando González Vieyra, presidentes de la Sociedad Mexicana de Industriales y Transformadores de la Construcción (SMITC) y de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC).

Por este motivo interpondrán un amparo universal o colectivo, al cual se sumarán las organizaciones del ramo, inconformes por esta determinación. Exigen una explicación de los motivos que impulsaron tomar dicha medida.

Los dirigentes empresariales expresaron que, al cederle el Programa de Mantenimiento de la Red Carretera Federal, también se le canalizan a la Secretaría de la Defensa Nacional los 11 mil millones de pesos que se le habían presupuestado a la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT).

Por ello, consideran que esto llevaría al fracaso y a la quiebra total a las más de 10 mil constructoras de todo el país que se dedican al mantenimiento de las vías de comunicación.

“Prácticamente ningún constructor que se dedica al mantenimiento de las carreteras tendrá trabajo, porque todo ese programa lo realizará los militares, en lugar de salvaguardar la seguridad de los mexicanos, ahora se dedicarán a tapar baches”, añadió Fernando González Vieyra.

Recriminó que se haya tomado una decisión tan a la ligera porque con dicha determinación se pierde alrededor de 200 mil empleos directos a nivel nacional, al cerrar las más de diez mil empresas que hoy nos bajan la cortina, imposibilitados en generar más fuentes de trabajo.

En el estado de Veracruz, la preocupación es para un promedio de 300 empresas constructoras las que se verán obligadas a cerrar sus puertas, ya que estiman no tendrán obras y por lo tanto dejarán sin empleo a más de cinco mil jefes se familia.

Pero además analizan que los trabajadores de la SICT, encargados de estas tareas y cargados a una nómina, se quedarán encerrados en sus oficinas “al no tener ni para la gasolina ni para sus unidades, pues la labor encomendada la realizarán los soldados pero el pago de sus salarios seguirá costando a los mexicanos”.

Los constructores consideran que los militares no cuentan con la capacidad necesaria para llevar este tipo de tareas, el Ejército tiene equipo para tramos largos, como el Tren Maya, pero no para bachear.

Esta medida no solo afecta a las empresas constructoras, sino también a aquellas que sobreviven alrededor de éstas y que suministran cal, cemento, arena, varillas, asfalto, grava y arena, entre otros, así como combustibles y lubricantes,  además de insumos materiales y herramientas que requieren para realizar estas tareas.