Coatepec, Ver.- Un juez de control de Pacho Viejo dictó la no vinculación a proceso de la excomisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), Yolli N, quien era señalada por delito de incumplimiento de un deber legal y peculado.

Tras cinco horas de audiencia, el juez de control resolvió que no existen las suficientes pruebas, por lo que no fue vinculada a proceso por estos delitos, sin embargo, también es señalada de otros dos: ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y coalición. 

El juez de control le dictó en julio de 2023 la medida cautelar de arraigo domiciliario, sin embargo, la noche de este viernes 16 de febrero la absolvió y dio por concluido el caso.

La defensa de la extitular del IVAI confirmó que “está completamente libre” de este proceso penal, pero no dio más detalles al respecto.

Yolli N fue detenida en marzo de 2020 por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz por su presunta participación en los delitos de incumplimiento  de un deber legal y peculado; aún se le acusa de los delitos de ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y coalición, los cuales sigue en dos procesos diferentes.

La defensa de Yolli N señaló que “siguen en trámite amparos en contra de dichos procesos penales”, de ahí que confían en que obtendrá su completa libertad.

La excomisionada presidenta del IVAI padeció diversos problemas de salud, incluyendo una operación a corazón abierto, desde que fue acusada de corrupción, debido a ello había logrado el arraigo domiciliario. 

HISTORIAL

Yolli N fue detenida el 26 de marzo de 2020 y durante tres años y cuatro meses estuvo recluida en el Penal de Pacho Viejo, en Coatepec; fue hasta el 27 de julio de 2023 cuando el juez de control varió la medida cautelar. 

Uno de los principales argumentos que presentó su defensa fueron sus problemas de salud, por lo que el juez determinó enviarla a arraigo domicilio, de donde solo podía salir para cuestiones médicas y chequeos. 

Yolli N es señalada  de desvío de recursos por la supuesta contratación de personal que cobraba jugosos salarios sin desempeñar su trabajo, conocidos como aviadores.

Se le inició otra carpeta al no integrar debidamente al Órgano de Control Interno, cuyo titular es nombrado por el Congreso del Estado, ya que presuntamente incumplió las leyes que dan origen al Sistema Nacional Anticorrupción, vigente desde el 2017.