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En desalojo, destruyen casas de 60 familias en ejido de Atzacan
Xalapa, Ver.— Un grupo de aproximadamente 40 personas arribaron a El Ejido Santa Ana, en el municipio de Atzacan, la mañana de este martes 21 de noviembre, para desalojar a quienes habitaban el predio.
De acuerdo con los habitantes, no hubo orden de desalojo emitida por algún juez, aun así fueron sacados de las propiedades por trabajadores de un empresario a quien identifican como Orlando.
Señalan al empresario de querer apropiarse de los terrenos bajo el argumento de que esas parcelas son de su propiedad, dijo Paulino López Anzures, representante de los más de 60 familias posesionarías.
El Ejido se ubica en las inmediaciones con Orizaba, en la zona centro de la entidad veracruzana, donde desde hace ocho meses, desde marzo, que las disputas por el terreno incrementaron.
Las personas que iniciaron con el desalojo arribaron a las parcelas 194 y 195 de El Ejido de Santa Ana, mientras que las familias apenas despertaban con las noticias del desalojo.
De acuerdo con los afectados, casi 40 personas llegaron a las parcelas y procedieron a derribar las viviendas, armados con marros y barretas, así como con maquinaria pesada.
“A marrazo limpio, mientras que con la maquinaria pesada a derrumbar el techo y las paredes de las viviendas construidas con materiales”, contaron los afectados de El Ejido Santa Anna.
“La primera vivienda que fue objeto de la acción criminal, por así decirlo, fue de la señora María García Carrera, a quien, sin miramiento alguno, sacaron sus cosas a la calle. En escasos minutos vio cómo tiraron puertas y ventanas, y luego derribar su vivienda con la cual también se vieron derribados sus sueños de tener una vivienda propia”, contaron sobre el caso.
El representante Paulino López Anzures comentó que a las viviendas, que se ubican sobre la carretera Orizaba-Atzacan, frente al Salón Colón, acudieron personas que iban armadas con machetes, por lo que llamaron a la policía municipal.
El problema se agravó en marzo de este año, cuando solicitaron la intervención de las autoridades estatales y federales correspondientes para impedir que continuaran los conflictos por los terrenos.