Xalapa, Ver.-Los amigos y familiares de Gustavo Ortiz Hernández, se manifestaron en el “Panteón Xalapeño” la tarde de este jueves 2 de noviembre. Ahí exigieron justicia a tres años de su muerte.

Silvia Ortiz, hermana de Gustavo, recordó que el 24 de octubre ocurrió el crimen “ya son tres años y no nos han hecho justicia, nos duele como si fuera el primer día, queremos justicia para Gustavo”, dijeron durante la protesta pacífica.

Los señalamientos que la familia hizo es que Gustavo es posible que haya fallecido a causa de los golpes que presuntamente propinaron los policías al interior del cuartel “Heriberto Jara Corona”, popularmente conocido como “San José”, en el centro de la ciudad de Xalapa.

De acuerdo con la información que proporcionaron los familiares es que Gustavo Ortiz tenía 36 años de edad; fue detenido por la policía estatal en la comunidad de El Rosario en el municipio de Banderilla, zona conurbada con la capital veracruzana.

“Él iba a checar su carro de un turbo, ahí lo pararon y que según iba tomado, drogado, se lo llevaron y lo golpearon hasta matarlo. Lo golpearon muy feo hasta quitarle la vida en San José, yo fui a buscarlo y me lo negaron, pero ahí lo tenían y lo tenían muerto”, contó Silvia, hermana de la víctima.

Su familiar este “Día de Muertos”, recordó a Gustavo, a una persona alegre y que hace varios años estaba en recuperación, pues acudía a un grupo de Alcohólicos Anónimos (AA) “nos quitaron a un ser maravilloso, mi mamá está destrozada; estos momentos, estos días son tortura para nosotros, nos cambiaron la vida y queremos justicia”.

Desde el Panteón Xalapeño exigieron que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz dé continuidad a las investigaciones, ya que tienen conocimiento que una de las audiencias quedó suspendida.

El caso de Gustavo Ortiz Hernández generó una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz.

De acuerdo con la CEDH, Gustavo falleció mientras estaba bajo la tutela de los Policías Estatales, según la recomendación 031/2022 y se sugirió que los familiares del afectado fueran incluidos al Registro Estatal de Víctimas; atención psicológica y psiquiátrica constante y especializada, con enfoque en tanatología, así como al suministro de los medicamentos que para tal efecto necesiten.