Xalapa, Veracruz.- Luisa y Viviana, las hijas del exsecretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán, señalaron que el Juez Cuarto de lo Familiar con sede en Tuxpan, Édgar Gutiérrez Gómez, pretende entregar la custodia de Valeria, niña de 10 años, a su madre, pese a la presunta violencia sufrida en los últimos tres años.

Las hermanas dijeron que la mamá violentó a la menor de edad en varias ocasiones. Estos hechos se encuentran asentados en dictámenes periciales de la Fiscalía General del Estado y en entrevistas por un juzgado civil.

“Desde que nuestro padre fue privado de la libertad, nuestra abuela obtuvo el depósito judicial de nuestra hermana pequeña en marzo de 2021, en aquel entonces nuestra hermana le manifestó al juez y a la secretaria en diligencias y entrevistas una necesidad que tenía como objetivo proteger a nuestra hermana”, declaran.

En diciembre de 2021, el juez emitió una resolución en la que negaba la convivencia de Victoria y su madre. Fue en julio de 2023 cuando Guillermina, mamá de la menor, solicitó la convivencia con su hija y obtuvo respuesta favorable: por cuatro horas podrían convivir “sin mayor estudio del asunto ni consideración del peritaje”.

Las hermanas agregaron que la vida de su hermana pequeña se decidió arbitrariamente, sin embargo, el 04 de agosto un juez federal ordenó suspender de forma definitiva esas convivencias “entre nuestra hermana y nuestra madre, en atención a la violencia que recientemente hemos acreditado”.

Entre los casos de violencia que aseguran ocurrió es que la menor fue sometida a un exorcismo, cuando ella tenía apenas 7 años de edad.

Otro de los hechos que comentaron las hijas del exsecretario de Gobierno es que la prohibición  para convivir con la menor Victoria, situación que ocurrió días antes de la liberación.

La modificación de la media cautelar para Rogelio fue la de permanecer en prisión domiciliaria, determinación otorgada durante la audiencia el viernes 18 de agosto, vía remota, en la Sala de Juicios Orales, de Pacho Viejo, municipio de Coatepec.

Él permanecía recluido en el penal de La Toma, en Amatlán de los Reyes, en la zona central montañosa de la entidad veracruzana.

Los seis delitos por los que fue señalado son contra las instituciones y seguridad pública; ultrajes a la autoridad; contra la administración de justicia; abuso de autoridad; extorsión y peculado equiparado, este último resuelto con un auto de no vinculación a proceso “volvieron a imputarlo”.