Xalapa, Ver. -El presidente municipal de Jalacingo, Roberto Perdomo Chino permanecerá inscrito durante 24 meses en el catálogo nacional de sujetos sancionados por violencia política en razón de género.

Fue durante la sesión desarrollada el pasado lunes 28 de agosto del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) que se decidió que el funcionario municipal sí incurrió en este hecho en contra del síndico del ayuntamiento, Concepción Bandala Martínez.

La ponencia estimó que se justificó la violación política en razón de género por parte del presidente municipal, “por tanto ante la actualización de esta conducta es dar vista al OPLE y al INE con la finalidad que incluyan al ciudadano Roberto Perdomo Chino por la temporalidad de 24 meses al Catálogo Nacional de Sujetos Sancionados por Violencia Política en Razón de Género”.

Se trata de las resoluciones de los expedientes TEV/JDC/19/2023, TEV/JDC/26/2023, TEV/JDC/30/2023 y TEV/JDC/69/2023 asuntos en los que ya se había actualizado que el alcalde llamara a sesión de cabildo a la síndico,  y se repitieron las acciones del acto reclamado.

Durante la sesión se declaró fundada la queja de la funcionaria municipal quien procedió a realizar la denuncia el pasado 20 julio en la que describió que el alcalde obstaculiza sus labores, además de dar a conocer que su salario es menor al de otros funcionarios de esta alcaldía.

“Se le ordena citar adecuadamente a la actora a las sesiones de cabildo, mientras que al Ayuntamiento se le ordena modifique su presupuesto de egresos 2023 para que reajuste las remuneraciones de la actora y realice el pago retroactivo a partir de una modificación presupuestal con fecha 16 de junio”.

El pasado 25 de enero, la síndica Concepción Bandala Martínez informó que procedió legalmente contra el alcalde Roberto Perdomo Chino del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y el tesorero municipal, Juan Pablo Becerra Hernández, por presuntos actos de corrupción, acoso y amenazas de muerte.

La funcionaria municipal explicó que hizo públicas las denuncias de corrupción en contra de regidores y del tesorero municipal por la compra de un terreno en litigio en la localidad de Xalame, para la construcción de un tanque de almacenamiento de agua potable.

A partir de este caso comenzaron las amenazas y posterior a ello se evidenció la violencia. Por ello la afectada decidió interponer las quejas ante el Tribunal Electoral de Veracruz, donde se determinó que el alcalde incurrió en estos actos