Xalapa, Veracruz.- El diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Francisco Yunes Zorrilla, indicó que ponderarán la solicitud de las barras de abogados para someter a juicio político a la magistrada, presidenta del Poder Judicial de Veracruz tras la detención de la jueza Angélica Sánchez. 

De acuerdo con el diputado federal, el Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV) atraviesa por una situación crítica, en la que los impartidores de justicia son perseguidos. 
Al respecto, Pepe Yunes indicó que, de comprobarse violaciones a las leyes federales, podría iniciarse un procedimiento en contra de la presidenta del Poder Judicial del Estado de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre.

“Si hay violación a las Leyes Federales evidentemente estarán sujetos los integrantes del Poder Judicial estatal, en este caso del Tribunal Superior de Justicia, a podérseles iniciar un procedimiento a nivel federal si es que la violación es de nivel jurídico Federal o a nivel estatal.

Lo que sucede nos hacen presuponer que hay un total deterioro del Estado de Derecho y el uso faccioso, sesgado de las instituciones de Justicia lo cual es un retroceso terrible en el tiempo histórico del país, pero también es una alarma de que se está perdiendo la normalidad democrática”, dijo.

Barras de abogados emitieron comunicados en los que piden se respeta la autonomía de los juzgadores, esto tras los señalamientos en contra de jueza Angélica Sánchez Hernández, vinculada a proceso el pasado 21 de junio por los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias. 

La jueza Angélica Sánchez Hernández señaló que sus compañeros viven una de las etapas más negras en la historia de la justicia, pues “reciben línea” para poder dictar sus resoluciones, en muchos casos, sin que existan elementos legales; de no proceder como se les ordena, son perseguidos.

Angélica Sánchez aseveró que existen “escandalosas” circunstancias que les limitan ejercer su cargo con autonomía, pues la Presidenta del Tribunal de Justicia de Veracruz presuntamente la amenazó y, sin argumentos, le ordenó modificar una resolución de un caso, pese a que se tenía que dar el cumplimiento a un amparo federal. A esto, se suma la petición de Barras y Colegios de Abogados que alertaron sobre la falta de independencia y autonomía del Poder Judicial.