Córdoba, Ver.- El conflicto generado en el municipio de Amatlán por el rechazo al Centro de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos obedece a un tema meramente político, entre el presidente municipal, Luis Arturo Figueroa Vargas y su síndica Leticia Tress Villafuerte, acusó el titular de la Procuraduría de Protección Estatal del Medio Ambiente (PMA), Sergio Rodríguez Cortés.

“El tema es político, el tema es un problema que hay entre las autoridades de Amatlán, específicamente entre el presidente, con la síndica y con una regidora y que utilizan este tema para presionar al alcalde que no deje la construcción del centro de transferencia”, aseveró. 

El funcionario declaró ante la prensa que las protestas de los habitantes de Amatlán no tienen razón de ser porque la obra estará en territorio de Córdoba e incluso, calificó de “incongruente” la postura de los inconformes, pues en aquel municipio existe un centro de transferencia que opera de manera irregular al estar cerca de un afluente y genera daños tanto al mismo afluente como al entorno.

“Se ha manifestado el municipio de Amatlán porque está colindante al municipio, pero el lugar está físicamente en Córdoba, pero además, sí quiero decirlo como es, hoy Amatlán tiene un centro de transferencia pegado al río, totalmente inadecuado y no es posible que la gente se moleste porque vamos a hacer una infraestructura que no va a causar daño y permitan que ese centro que tienen actualmente en total mal manejo y abandono, no se quejen. El tema es político”, insistió. 

Rodríguez Cortés, adelantó que de no consensuar al respecto, el proyecto que está valuado en un monto superior a los 31 millones de pesos, será llevado a otro municipio y con ello, la oportunidad de ser generador de empleos y de reactivar la economía a esa región. Enfatizó que la postura del gobierno se mantiene, pero ya es el segundo terreno donde hay rechazo al proyecto. 

“Si la gente no quiere, a fuerza ni los zapatos entran, el beneficio es para ellos, no para nosotros. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es resolver el problema de los residuos sólidos urbanos que es una competencia municipal, no es del estado”, dijo.

Advirtió que si el rechazo continùa, se cancelaría la inversión de este proyecto y buscarìan a otro municipio para implementar esa inversión, "no sólo es el buen manejo de los residuos, es empleo, es quitarle basura de disposición final y precisamente estos plásticos que hoy se van al medio ambiente, es quitarlos y darles un mejor uso para que no contaminen el medio ambiente”.

Sin especificar lugares, el procurador adelantó que hay entre dos y tres alcaldes interesados en atraer a sus municipios, el centro de transferencia que hoy está siendo rechazado por el municipio de Amatlán, a pesar de que se instalará en San Miguelito, perteneciente al municipio de Córdoba.