Xalapa, Veracruz.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso de Veracruz Juan Javier Gómez Cazarín admitió que en algunos casos los y las legisladoras “reciclan” iniciativas que ya habían sido presentadas con anterioridad por otros diputados.

El legislador por Morena, explicó que tienen registro de iniciativas que incluso se propusieron desde hace 30 años, lo cual afecta en la productividad del poder  legislativo; por lo que se trabaja en elaborar propuestas viables, nuevas y que sean benéficas para la población.

“Todas las bancadas en todo el país, no solamente Morena, no solamente Veracruz (...) diríamos que son iniciativas que quieren transformar, que buscan el beneficio y que las detengan, pues si afecta la vida legislativa en todos los congresos”, señaló.

Otras legisladoras como Anilu Ingram Vallines, tambien ha denunciado que algunas de las iniciativas de la bancada de Morena fueron propuestas por sus antecesores; en algunos de los casos las amplían o modifican apartados, pero en esencia son las mismas.

Una de las razones por las que  Gómez Cazarín señaló que se dan estos casos de “reciclaje” de iniciativas, se debe a que  la Suprema Corte (SCJN) de Justicia de la Nación tiene nuevas formas de calificar iniciativas presentadas por los Congresos del país.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordena a los Congresos que antes de presentar iniciativas se realicen consultas ciudadanas, las cuales, de acuerdo con el  presidente de la JUCOPO,  representan gastos importantes para los estados, especialmente para los más grandes como Veracruz.

“Desafortunadamente es el criterio que están manifestando en la superna y los congresos no estamos preparados para las consultas, primero porque no tenemos el personal adecuado y lo más importante no tenemos el recurso económico para hacer encuestas. A lo mejor en estados pequeños de la República se pudieran hacer, pero en Veracruz es un estado extenso y complicado en su situación geográfica lo cual no facilita este tema”.

Debido a ello, Gómez Cazarin indicó que los coordinadores de algunos Congresos del país se reunieron recientemente con  los ministros de la Suprema Corte de Justicia para intentar modificar lo establecido  y que solo se requieran las consultas para ciertos temas.

El legislador añadió que además de ellos, estos criterios aprobados por el máximo Tribunal Constitucional son imposible poder cumplir ante el gasto que significa realizar consultas ciudadanas, algunos de los costos van de los dos a los cuatro millones de pesos.

 “Una iniciativa aquí te puede costar hasta 2 o 4 millones de pesos, si son 10 o 20 consultas que ameriten consultas al mes, estamos hablando de más de 50 millones de pesos, hablamos de un presupuesto de 6oo millones de pesos más para avalar estas reformas”.

Por último  el legislador comentó que están en pláticas con el Organismo Público Local Electoral (OPLE) e incluso se analiza solicitar a los alcaldes el apoyo financiero para poder realizar las encuestas.