Xalapa, Veracruz.- El diputado local del Partido Revolucionario Institucional, Marlon Ramirez Marín, dijo que el gobierno de Veracruz que encabeza Cuitláhuac García, tiene “prendida la licuadora” y utiliza fondos etiquetados para cubrir huecos financieros.

Al respecto, recordó que este término coloquial se usa cuando el gobierno usa el dinero de salud, seguridad, infraestructura y otros, para cubrir gastos para los que no estaba etiquetado dicho recurso.

“Pareciera que prendieron la licuadora, porque si estas tomando de un fondo para pagar otro, pues sí estas dejando de cumplir la Ley de Disciplina Financiera, que pone etiquetas a cada rubro y que dice como se debe gastar el dinero”.

Ramirez Marín, puso como ejemplo la auditoría de cumplimiento que relizó la ASF a Seguridad Pública donde la dependencia sale con mil 226 millones de pesos observados debido a la disparidad entre las plazas y el monto pagado en nómina en el ejercicio fiscal 2021.

El legislador local también dijo que cuando el gobernador Cuitláhuac García sale a los medios a intentar aclarar sobre los temas de las observaciones de la ASF y se equivoca, es porque sus propios funcionarios le “pasan mal” el dato. En ese sentido, dijo que le corresponde al mandatario, evaluar el trabajo de sus colaboradores.

“Yo no lo estoy exculpando, la Ley establece procedimientos (…) quizá quienes no lo están exculpando son sus colaboradores, y yo reitero que el único funcionario electo por la mayoría es el gobernador, creo que la reflexión la debe hacer el al interior de su gobierno”.

Aunque el dirigente del PRI consideró que el mandatario está mal informado o desconoce la realidad de los temas financieros del Estado, la Ley Orgánica Del Poder Ejecutivo, es clara al señalar que es facultad del gobernador ordenar la realización de auditorías, revisiones y evaluaciones a las dependencias centralizadas y entidades paraestatales.

 También la de  designar a los titulares de sus respectivos órganos de control interno y vigilancia, así como recurrir, excepcionalmente y previa autorización del congreso, al endeudamiento directo para destinarlo a inversiones públicas o cubrir un déficit imprevisto en la Hacienda, en términos de lo dispuesto por la Constitución Política del Estado, esta ley y las leyes de la materia; es decir, que el no conocer la Ley no lo exime de cumplirla.