Xalapa, Ver.-La falta de coordinación entre el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha dado como resultado que los ayuntamientos del Estado de Veracruz salgan con observaciones, explicó el integrante de la Comisión de Vigilancia en el Congreso Local, Ramón Díaz Ávila.

Explicó que la Federación y el Estado rompieron los convenios de colaboración. Fue hace dos años que dejaron de coordinarse para hacer las revisiones de las cuentas públicas y como ejemplo dijo que, en el caso de los municipios de Veracruz y Tantoyuca, entregaron sus informes a la ASF y eso hace que en el ORFIS aparezca en ceros, expuso el también líder del Partido del Trabajo (PT).

“Entonces los Ayuntamientos tienen dos amos, les pide la Auditoria Superior de la Federación y les pide el estado, pues alguno de los dos va a cometer algún error en la presentación”.

Desde la Comisión de Vigilancia se harán las debidas revisiones al último paquete de análisis de la Cuenta Pública 2021, entregado al Congreso de Veracruz el pasado lunes 20 de febrero por la Auditoria Superior de la Federación, donde se señala a más de30 municipios que deben de comprobar el uso y destino de participaciones federales.

Entre estos se encuentran: Agua Dulce; Alvarado; Camarón de Tejeda; Camerino Z. Mendoza; Catemaco; Cazones de Herrera; Cosamaloapan; Emiliano Zapata; Fortín de las Flores; Huatusco; Isla; Ixtaczoquitlán; Jamapa; Lerdo de Tejada; Medellín de Bravo; Minatitlán; Nanchital; Orizaba y Pánuco.

También aparecen Papantla; Poza Rica de Hidalgo; Río Blanco; San Andrés Tuxtla; Santiago Tuxtla; Tamiahua; Teocelo; Tepetzintla; Tezonapa; Tlacotalpan; Tuxpan; Xalapa y Zongolica.

“Este tema lo tomó la Comisión de Vigilancia, vamos a tener una Sesión especial para revisar”, explicó el Legislador durante la entrevista en la ciudad de Xalapa la tarde de este martes 21 de febrero.

Además, dijo que también en la Comisión de Vigilancia en el Congreso Local, se abordará el tema de Araly Rodríguez Vez, la contratista señalada de haber recibido contratos superiores de casi 100 millones de pesos.

Verificarán si fueron licitaciones públicas o adjudicaciones directas y si es que cumplía con el perfil para poder ser proveedora de los equipos que el Gobierno del Estado de Veracruz requería.