El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la obra para concluir el penal de “supermáxima seguridad de Papantla” fue adjudicada al dueño del periódico El Financiero, Manuel de Jesús Arroyo Rodríguez. El proyecto carcelario, que ha generado un gasto superior a los 6 mil millones de pesos, cumple 13 años abandonado. 

“Son dos penales federales que están en proceso de terminarse y uno precisamente es el de Papantla, que se entregó el contrato, ya ni quiero decir quien, porque es el dueño de un medio de información, de El Financiero. Es que así era antes, por eso es que están enojados ahora. Imagínense que habían privatizado las cárceles, a qué nivel se había llevado de descomposición”, dijo Obrador durante la conferencia matutina este 2 de diciembre desde el Puerto de Veracruz. 

El penal denominado de “supermáxima seguridad de Papantla” fue anunciado en marzo de 2009 como el proyecto carcelario cumbre del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna — quien hoy es juzgado en Estados Unidos por, presuntamente, colaborar con el Cartel de Sinaloa desde 2001 y cobrar sobornos millonarios—. 

La obra tuvo una inversión inicial de 2 mil 88 millones de pesos, misma que se incrementó en más de 400 por ciento debido a retrasos. Una de las empresas favorecidas en junio de 2018 para concluir el penal de Papantla fue Comtelsat S.A. de C.V., propiedad de Manuel de Jesús Arroyo Rodríguez, dueño de El Financiero, reveló en mayo de 2020 el reportero Mathieu Tourliere en la revista Proceso, edición número 2273. 

“El penal de supermáxima seguridad” se anunció como complejo de 28.1 hectáreas, que prevé 2 mil 160 celdas de nivel de mediana, máxima y súper máxima seguridad, el cual se gestionó bajo un esquema de asociación público-privada (APP)·, a través de contratos de adjudicación directa, se lee en el reportaje de Proceso, “El delito como negocio público y privado”. 

Sin embargo “las obras del penal se alargaron, no se tramitó la licencia de construcción y debía quedar terminada en diciembre de 2012. En febrero de 2015 la ASF observó que el penal seguía inconcluso, con un avance del 85 por %, y detectó que del proyecto inicial derivaron 15 contratos que absorbieron 3 mil 935 millones de pesos, cerca del doble del presupuesto superior planteado”, expone Tourliere.  

La construcción del penal se detuvo cinco años en la administración de Peña Nieto. Además, la empresa encargada de la obra, Tradeco Infraestructura —propiedad de Federico Alberto Martínez Urmeneta—fue inhabilitada en 2016 por la Secretaría de la Función Pública y hoy es investigada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un juicio contra el narcotraficante Juan Antonio Tony Hernández, hermano del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández.

Para el 12 de junio de 2018, en la recta final del peñismo, el proyecto de García Luna fue retomado. Esta vez mediante una nueva inversión de 3 mil 959 millones de pesos —más que la inicial de 2009— a Servicios, Infraestructura y Tecnología Papantla SA de CV, cuyos socios son Comtelsat y Grupo Lauman, ambas propiedades de Arroyo Rodríguez. 

Sin embargo, la obra no ha sido concluida hasta este 2022. Al respecto, la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que el penal de Papantla será concluido, con inversión del gobierno federal, entre marzo y abril de 2023.