Durante los 4 años de gobierno del morenista Cuitláhuac García Jiménez, policías estatales y municipales fueron exhibidos por estar ligados a casos de desapariciones forzadas. La Fiscalía General del Estado (FGE) ha procedido y abiertos procesos en contra de los presuntos responsables.

Mientras el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, asegura que no habrá impunidad, víctimas indirectas han denunciado a medios de comunicación una tardanza excesiva en las investigaciones por parte del organismo bajo el mando de Verónica Hernández Giadáns.

Cuestionado al respecto, el gobernador en Veracruz justifica que antes de proceder la Fiscalía busca tener los elementos suficientes para solicitar la aprehensión de los efectivos involucrados en desapariciones. Pero no solo han sido elementos policiacos los que sin más han desaparecido personas. Entre los procesados también se encuentran exservidores públicos de nivel municipal.

CASO EN IXTACZOQUITLÁN

El último caso, dado a conocer por la FGE el 12 de noviembre se refiere precisamente a Octavio Alejandro “N”, quien fuera director de Gobernación en el ayuntamiento de Ixtaczoquitlán, durante la pasada administración municipal. A Octavio se le reprocha la desaparición forzada de tres víctimas L.D.G.C.; H.R.R. y F.A.R. cuando desempeñaba dicho puesto y tenía a su cargo la responsabilidad de la Policía Municipal.

El caso se remonta a abril de 2019, cuando los hombres identificados como Luis Daniel González, Hugo Ríos Ruiz y Francisco Arellano Romero desaparecieron sin dejar rastro, tras presuntamente ser detenidos por elementos municipales. La versión que se presume es que las víctimas se trasladaban en un vehículo donde iban ingiriendo bebidas alcohólicas; tras ser detenidos, no se volvió a saber de ellos.

De acuerdo con medios locales, Octavio Alejandro, quien al momento de su captura intentó darse a la fuga y terminó lesionado, estaría involucrado en más de una docena de desapariciones en aquella zona. Actualmente enfrenta un primer proceso, el 207/2021.

Por los hechos que ya se mencionaron, también se encuentran procesados dentro de la misma indagatoria los expolicías Iván “N” y José Julio “N”, quienes en el momento de desaparecer a Luis Daniel González, Hugo Ríos Ruiz y Francisco Arellano Romero estaban bajo el mando de Octavio Alejandro “N”. El 7 de septiembre, ambos exelementos policiacos fueron formalmente vinculados a proceso.

CASO DE “EL ARCHI”

Uno de los casos más mediáticos y que aparentemente habrían precipitado la salida del exsecretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado -aunque el gobernador García Jiménez lo ha negado- es la desaparición forzada de Juan Alan Cuetero Meza, conocido como “El Archi”, y quien se desempeñaba como Director de la Policía Vial al momento de ser privado de la libertad.

Por el caso de “El Archi", hasta el momento cuatro elementos fueron detenidos y procesados, algunos de estos fungían como mandos medios en la estructura organizativa de la SSP.

Se trata de Alan “N”, quien al momento de su detención fungía como subdirector Operativo de la Academia Regional de Seguridad Pública del Sureste, mejor conocida como la academia de El Lencero. Al momento de la desaparición de “El Archi”, Alan “N” era el director de operaciones de la SSP, es decir, uno de los hombres de confianza y más cercanos al exsecretario.

También están implicados Ricardo de Jesús “N”, entonces delegado de la SSP en la zona de Veracruz-Boca del Río, sitio de donde desapareció Alan Cuetero. Los policías estatales en activo Federico “N” y Jacobo “N” también están procesados dentro de la carpeta 363/2022; tras la presentación de estas detenciones, el pasado 20 de octubre, el entonces titular de la dependencia estatal presentó su renuncia al cargo argumentando presuntos motivos personales.

Los restos de “El Archi” fueron hallados el 14 de octubre en la autopista Veracruz-Cardel, aunque apenas el 7 de noviembre se informó que fueron identificados plenamente y entregados a sus familiares.

CASO EN TIERRA BLANCA

Dámaso “N” y Zeferino “N” eran policías municipales en Tierra Blanca en el momento que detuvieron a dos hombres y presuntamente los entregaron a una célula delictiva que opera en aquella región de la entidad veracruzana.

Imputados el pasado 30 de agosto, se informó entonces que los hechos ocurrieron el 14 de octubre del año pasado, cuando realizaron la detención, no se indica con qué motivo, pero en lugar de presentar a las víctimas ante alguna autoridad, se las entregaron a un grupo delictivo. Ambos enfrentan el proceso penal 370/2022.

CASO EN ALTOTONGA

Gabino “N” excomandante municipal de Altotonga está acusado de haber implementado un operativo especial para detener a dos personas que nunca fueron presentadas ante autoridad alguna.

El exprimer comandante sería el responsable material de la desaparición de J.H.R. y N.U.A.O, a quienes capturó en un retén implementado con ese fin el 20 de mayo de 2019, de acuerdo con la investigación ministerial.

CASOS BAJO INVESTIGACIÓN

Otro posible caso de desaparición forzada, que se sumaría a los ya mencionados, sería el del abogado Ernesto Cipriano González, cuya desaparición el pasado 4 de agosto concluyó la semana pasada cuando se informó que sus restos fueron identificados y entregados a sus familiares.

El abogado desapareció el 4 de agosto pasado y sus restos calcinados fueron hallados tres días después en la comunidad de Carrizal, municipio de Emiliano Zapata, aunque no fue sino hasta la semana anterior que se confirmó su identidad tras diversas pruebas genéticas y dactilares practicadas a sus restos.

De este caso, una fuente reveló que la FGE abrió una carpeta de investigación donde se investigan ilícitos como tortura y presunta desaparición forzada de personas perpetrada por policías, dadas las condiciones en las que sus restos fueron hallados.

La desaparición del joven abogado de 33 años se conoció poco después de ocurrida; semanas más tarde su vehículo fue encontrado en calles de la colonia Rafael Lucio.

Cuando desapareció, su familia acusó públicamente que Tránsito del Estado se negó de manera reiterada a dar información acerca de las condiciones del vehículo, lo que se hizo sospechoso.

Igualmente, pocas horas después de su desaparición, el departamento del jurista fue saqueado, donde aparentemente los saqueadores ingresaron con las propias llaves del joven; en el lugar se avistó una patrulla de la SSP cuando ocurrían los hechos. Su familia ha evidenciado el temor de que pudiera pasarles algo en caso de que se compruebe la implicación de los elementos.

Uno más, sería el caso del otro cuerpo hallado junto a los restos de “El Archi”, pues en esa ocasión el gobierno de Veracruz confirmó que, en las cuatro bolsas halladas cerca de la caseta de La Antigua, había dos cuerpos humanos.
Del caso, el propio gobernador confirmó que los restos “no eran frescos” y aseveró que prácticamente fueron desenterrados y sembrados de manera intencional en ese lugar.

En el caso de quien fuera el director de la Policía Vial, ya hay elementos de la policía estatal detenidos, aunque de la otra persona no se han revelado otros detalles.

OTROS DELITOS 

Pero las desapariciones forzadas de personas no son los únicos delitos donde se han visto implicados elementos adscritos a la SSP o policías municipales.

Apenas el 15 de noviembre la Fiscalía informó que apresó e imputó a dos elementos activos de la Fuerza Civil, adscrita a la SSP, por secuestro agravado. Se trata de los elementos Luis Ángel “N” y Alan René “N”, a quienes se les presume como responsables de la privación de la libertad de una familia en Papantla, por quienes solicitaron una cantidad de dinero para su liberación.

Los hechos que indaga la autoridad tuvieron lugar en el año 2019 en aquel municipio; por esto, se abrió el proceso penal 299/2022, donde se les impuso la prisión preventiva oficiosa por un lapso de 2 años.

El pasado 28 de agosto, la FGE informó que detuvo e imputó a tres policías estatales en activo, quienes participaron en el secuestro de ciudadanos poblanos.

Los policías Benito “N”, Paulino “N” y Simón “N”, están acusados también de secuestro agravado y enfrentan el proceso penal 249/2022. Los hechos que reprocha la FGE ocurrieron el pasado 25 de agosto, cuando privaron de la libertad a las víctimas identificadas como F.L.A. y O.L.A., ocurridos en el municipio de Camerino Z. Mendoza.

De acuerdo con informes, en realidad fueron seis poblanos los secuestrados, a quienes incluso los policías mantuvieron retenidos contra sus voluntades en la propia comandancia de la policía municipal. Desde ahí, los elementos exigieron a sus familiares que pagaran la cantidad de 70 mil pesos por cada uno, lo que terminaron haciendo.

Las investigaciones de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), determinaron la presunta responsabilidad de los elementos y un juez de control otorgó el debido mandamiento judicial para iniciar el proceso en su contra.

Los elementos policiacos de Veracruz también estarían implicados en ejecuciones extrajudiciales y violación.
Del primer caso, el propio gobernador confirmó que fueron cesados algunos elementos que participaron en un operativo en la comunidad de El Dorado, en el municipio de Úrsulo Galván, que presuntamente habrían incurrido en el delito de ejecución extrajudicial.

Lo anterior luego de que un sobreviviente del presunto enfrentamiento con las fuerzas del orden, afirmara que el 27 de marzo de 2019, los elementos de la fuerza Civil llegaran hasta un domicilio y dispararan a discreción contra quienes se encontraban en el interior, para luego emitir oficialmente la postura de un supuesto enfrentamiento.

“Hubo policías cesados, acuérdense que ya hubo unos eventos donde se demostró que los policías estaban actuando de manera equivocada y de Zempoala estamos esperando a que las investigaciones avancen”, dijo entonces el mandatario.

Aunque no se supo qué pasó con las indagatorias, también había investigación contra otros elementos de Fuerza Civil que habrían violado a una maestra de Tlalixcoyan el 15 de marzo de 2019. De acuerdo con la maestra, que señaló de manera directa a los elementos adscritos a la SSP, fue interceptada mientras regresaba de la comunidad de La Mixtequilla, donde da clases.

Además de ella, afirmó que fueron detenidas otras seis personas, a las que también torturaron, golpearon y asaltaron los elementos.

Sobre los delitos en los que se han visto implicados los elementos policías, el gobernador de Veracruz aseveró que todos los casos se investigan pues “aquí ya no hay impunidad ni se solapa a nadie”. El mandatario dijo que todas las líneas de investigación, derivadas de peritajes, se agotan.

Afirmó que la FGE le ha dado seguimiento a todas las carpetas de investigación que dejó la administración de Jorge Winckler por cuanto hace a los elementos; sin embargo, en los hechos, los casos narrados líneas arriba, ocurrieron durante su mandato, de diciembre de 2018 a la fecha.

“Se van a investigar todos; se tiene que investigar y dar con los responsables. Es el compromiso de la Fiscalía y nos coordinamos para que eso sea, ya no hay de solapar nada”, dijo.

Insistió que los procesos de investigación llevan su tiempo, además de que se tiene que preservar la presunción de inocencia de los imputados, lo que se refleja también en un supuesto beneficio para las víctimas.

“Esa es la forma, entonces habrá resultados sea cual sea la situación y los responsables, se va a dar con ellos”, afirmó.

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