Xalapa, Ver. - El gobierno de Cuitláhuac García mantiene un discurso de respaldo a las mujeres, incluso, ha tapizado el palacio de gobierno con lonas de las políticas y funcionarias en la administración estatal, así como aquellas que están al frente de espacios de órganos autónomos y poderes públicos.
 
No obstante, algunas de ellas acusado violencia política, y denunciado que han sido expuestas o son vulnerables del fuego cruzado del interés político de actores de su propio partido, que no han dudado en usar las instituciones para cuestionar sus resultados o removerlas del cargo.

Este jueves 10 de octubre, la mayoría de Morena en el Congreso ordenó la intervención de la Tesorería de San Andrés Tuxtla. La alcaldesa María Elena Solana, quien abrió las puertas de su municipio a los funcionarios del Poder Legislativo, será “vigilada” por un auditor que tendrá el control de las arcas municipales por los siguientes dos años.

Ella es uno de los ejemplos de políticas de ese Morena que han sido cuestionadas por su trabajo. Le anteceden la alcaldesa de Mixtla de Altamirano, Marisela Vallejo, asesinada cuando estaba en funciones o la exmagistrada Sofía Martínez que fue removida de la presidencia del Poder Judicial por no acatar instrucciones de funcionarios del Poder Ejecutivo, así ella lo denunció. 

E-Consulta Veracruz presenta un recuento de mujeres morenistas que han denunciado, y pedido ayuda al gobierno federal, por decirse en medio de un fuego cruzado político y criminal.  
 
1.- Alcaldesa de San Andrés, María Elena Solana Calzada 

María Elena Solana, conocida como la doctora Remedios, ganó por 24 mil 320 votos, según el Programa de Resultados Preliminares (PREP), de un universo de 115 mil votantes. La morenista ha figurado en los medios de comunicación a raíz de que se anunció una auditoría –el 22 de octubre pasada- del gasto de los primeros 10 meses de gobierno.

De manera extraoficial, la propia Comisión de Vigilancia del Congreso, que preside Rafael Fararoni Magaña, diputado del distrito de Los Tuxtlas, difundió la notificación de las acciones en la administración de la alcaldesa Solana Calzada.

La idea era revisar la información relativa a la pista de tartán de la unidad deportiva La Granja, que se construyó en el periodo del exalcalde, Octavio Pérez Garay (2018-2021), considerada de mala calidad. 

A raíz del anuncio de la revisión al municipio, se hizo circular un audio en el que se escuchaba de un supuesto emisario, pidiendo cumplir los acuerdos de asignación de obras de parte de la alcaldesa María Elena Solana con algunas empresas. En su momento, se dijo que se trataba de la voz del coordinador de la fracción de Morena en el Congreso de Veracruz, Juan Javier Gómez Cazarín, quien lo negó.

Ante los señalamientos, Gómez Cazarín presentó -en sus redes sociales- un video en el que se observaba la polémica pista, grabado desde un dron, afirmando que no se permitiría el mal uso de los recursos públicos, “no vamos a permitir cochinadas, ni las traiciones al pueblo”.

El jueves 10 de noviembre, a petición de la Comisión de Vigilancia, grupo integrado por 15 de los 50 diputados locales, se ordenó la intervención de la Tesorería. Un auditor, designado por el Congreso vigilará el gasto de los siguientes dos años en el municipio.

El argumento de la intervención es que, en la pasada auditoría, el municipio no proporcionó información sobre la pista de tartán de la unidad deportiva La Granja; que el director de Obras Públicas no reúne el perfil, y que les llegaron quejas de presuntos malos manejos de parte de la alcaldesa Solano Calzada.

Este viernes 11 de noviembre la alcaldesa respondió a las acciones del Congreso y asegura que las puertas del municipio estaban abiertas para la intervención de la Tesorería. Además, aclara ser una mujer de lealtades. Y dijo sentirse vulnerada como madre y como mujer.

2.- Alcaldesa de Sayula de Alemán, Lorena Sánchez Vargas

El 12 de agosto de este año, en un noticiero nacional, la alcaldesa denunció que estaba siendo amenazada por presuntos criminales de Sayula de Alemán, que buscaban tener el control de la tesorería municipal.

La queja de la integrante de Morena le permitió tener apoyo inmediato de elementos de la Guardia Nacional, sin embargo, se iniciaron varias investigaciones ministeriales que, según lo dicho por el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos - el 25 de octubre- podrían llevar a la detención de actores políticos de la zona.

La ausencia de la alcaldesa por varias semanas, llevó al síndico Bartolo Grajales y al regidor Abimael Merino de los Santos solicitar al Congreso de Veracruz dejar la administración municipal en manos del representante legal. Acudieron a dejar la petición el 16 de agosto.

El 06 de septiembre, la alcaldesa Lorena Sánchez pidió a los diputados intervenir la tesorería municipal, toda vez que, acusó, el síndico y el regidor manejan las cuentas del Ayuntamiento, sin darle acceso al uso del recurso público.

Para el 11 de octubre, el regidor y el síndico enviaron una nueva petición acusando la ausencia de la alcaldesa a tres sesiones de Cabildo lo que llevaría a revocar el mandato, para luego llamar a la suplente del cargo o, en todo caso, nombrar un concejo ciudadano para gobernar.

A pesar de la petición de las dos partes en conflicto la presidenta de la Mesa Directiva, Margarita Corro Mendoza adelantó que el Congreso no va a intervenir, toda vez que hay denuncias penales y será la Fiscalía General del Estado (FGE) la responsable de resolver el conflicto en el municipio ubicado en el sur del Estado. 

3.- Auditora General, Delia Cobos 

La titular del órgano de Fiscalización Superior (Orfis), fue nombrada el 29 de septiembre de 2019, con 48 votos a favor de los diputados locales de la 65 Legislatura, la primera con mayoría de Morena.

La auditora estuvo rodeada de polémica a partir del 14 de octubre, cuando el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Juan Javier Gómez Cazarín adelantó que no votaría para aprobar las auditorías al manejo financiero del 2021.

El argumento del morenista es que no se había tomado en cuenta las actas de entrega-recepción de los Ayuntamientos del periodo 2022-2025, y se habían denunciado muchas irregularidades. La referencia directa era el caso de San Andrés Tuxtla, y la pista de tartán de la unidad deportiva La Granja.

González Cobos se defendió y opinó que la postura de los diputados era “política” con miras a la sucesión del 2024; y planteó que en el Orfis se había realizado un trabajo técnico, en base a una muestra científica para obtener resultados efectivos. Para realizar una nueva revisión pidió ampliación presupuestal.

En respuesta, el diputado insistió en la necesidad de hacer una nueva valoración de las auditorías del gasto público del año 2021, pues desde el Congreso no se “solaparía” a nadie.

 
Para el 24 de octubre, la mayoría de los diputados locales rechazó la Cuenta Pública, y desde la máxima tribuna el diputado Rafael Fararoni, también de Morena, confirmó que este mismo año se le dio una ampliación presupuestal superior a los 50 millones de pesos, dinero suficiente para realizar una nueva revisión.

Ante la arremetida de los legisladores, la auditora general ofreció dejar el espacio para el que fue electa hasta el año 2024, sin embargo, los diputados plantearon que basta con que repita el trabajo de revisión del gasto del 2021, cuando se habló de un presunto daño patrimonial superior a los 3 mil millones de pesos.

4.- Expresidenta del Congreso, Cecilia Guevara Guembe

El 04 de noviembre se renovó la Mesa Directiva del Congreso de Veracruz para el segundo año de la 65 Legislatura. Morena, con mayoría, tenía los votos suficientes para mantener a Cecilia Guevara Guembe como presidenta del órgano de dirección.

No obstante, la mayoría decidió no avalar su permanencia y votaron por Margarita Corro Mendoza, diputada de Cosamaloapan, para ser la representante legal de los 50 diputados locales en Veracruz para el segundo año.

El cambio en la representación del Congreso de Veracruz provocó disputas en la fracción, ante la negativa de Guevara Guembe de dejar la oficina de la presidencia, incluso, se afirmó que la diputada del distrito de Papantla pidió la intervención del gobernador Cuitláhuac García Jiménez para evitar ser relevada

Los cambios entre Guevara Guembe y Corro Mendoza, obligan a la modificación en la integración de las comisiones de Gobernación, Bienestar y Desarrollo Social, lo mismo, que en la de Salud y Asistencia. 

Y aunque en otras Cámaras solo se incorporaba al que dejaba la Mesa Directiva al trabajo en comisiones, el miércoles 09 de noviembre se manejó la versión de que la representante de Poza Rica había exigido la comisión de Vigilancia, que preside su compañero Rafael Fararoni, y para lograrlo se dio la intervención directa del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

El dictamen iba a ser votado en la sesión del jueves 10 de noviembre, sin embargo, se sacó del orden del día y el presidente de la Jucopo, Juan Javier Gómez Cazarín planteó que los cambios se darán por consenso entre los integrantes de su grupo parlamentario, no por la intervención de padrinos externos, incluido García Jiménez.

En el mes de septiembre, por mayoría de votos se quitó a Luis Arturo Santiago Martínez, en medio de rumores de cobro de moches para limpiar la Cuenta Pública 2021. Se nombró a Rafael Fararoni Magaña, diputado de San Andrés Tuxtla.

5.- Alcaldesa de Mixtla de Altamirano, Maricela Vallejo  

El 10 de junio de este año, se dictó una sentencia de 60 años a María Angélica N, responsable del asesinato de Maricela Vallejo Orea, quien murió el 24 de abril de 2019, tras el ataque armado al auto en el que viajaba con su esposo y un elemento de seguridad. Ellos también murieron. 

En diciembre de 2018, Maricela Vallejo denunció que había sido amenazada de muerte, por el entonces síndico de Mixtla de Altamirano, Ricardo N, quien también está recluido en el penal de Zongolica por su muerte y no ha sido sentenciado.

La presidenta municipal señaló haber recibido un ofrecimiento de 300 mil pesos para pedir licencia definitiva al cargo y dejar al síndico al frente del municipio. Luego de su asesinato salió a la luz pública un audio en el que ella contaba las amenazas de las que fue víctima, luego de que Ricardo N intentó obligarla a renunciar al cargo.

Vallejo Orea fue postulada a la alcaldía ante la necesidad de Morena de cumplir la cuota de 50 por ciento candidatas mujeres. Era Ricardo N, esposo de María Angélica N, quien hizo campaña promoviéndose como candidato, luego de que renunció al PAN, partido que también postuló a una mujer en el proceso municipal del 2017.

6.- Expresidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Sofía Martínez Huerta

La exmagistrada, fue postulada por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez para ocupar una magistratura en 2019. En menos de dos meses pasó de togado a presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJE).

Ya en el cargo, en octubre del 2020 fue removida por el Pleno de la Judicatura, integrado por Isabel Romero Cruz, quien después se quedó como interina. En entrevista en medios nacionales, el 23 de octubre, horas después de ser destituida, señaló directamente al secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos de haberla amenazado y promover su destitución.

Para noviembre de ese mismo año, el juez José Clemente Zorrilla presentó una solicitud de juicio político que llegó hasta el Poder Judicial, que la destituyó el 16 de abril del 2021 y fue inhabilitada por un periodo de cinco años.

La magistrada presentó una denuncia penal contra el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, a quien responsabilizó de cualquier cosa que le pudiera pasar. El 23 de febrero del 2022 se informó del deceso de la abogada en la ciudad de Puebla.

 

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