Xalapa, Ver. - Este lunes 24 de octubre se votará el dictamen de la Cuenta Pública del 2021, el documento de la comisión Permanente de Vigilancia, que no aprobará la revisión que hizo el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), pone de manifiesto las diferencias políticas entre las tribus de Morena en Veracruz.

El 19 de octubre se confirmó que la Comisión de Vigilancia, que preside Rafael Gustavo Fararoni Magaña -diputado de los Tuxtlas-, determinó no avalar el resultado de la Cuenta Pública 2021 y regresarlo al Orfis.

Según el documento, el Orfis a cargo de Delia González Cobos, auditora general nombrada en 2019 por la mayoría de Morena, tendrá un plazo de 9 meses para revisar nuevamente las auditorías, la solventación de las observaciones que entregaron los exalcaldes y los informes de entrega-recepción que remitieron las autoridades en funciones.

En medio de lo que Delia González llamó la “politización” del Informe de Resultados de la Cuenta Pública del 2021, con miras sala sucesión de la gubernatura del 2024, adelantó que requiere de dos a ocho millones de pesos para realizar la nueva revisión.

El anuncio de que no se aprobará la Cuenta Pública no causó sorpresa, pues con antelación, el viernes 14 de octubre, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz, Juan Javier Gómez Cazarín dijo que no aprobaría el Informe de Resultados, a esa voz se le sumaron legisladores del PRI, MC y PT que anunciaron que tampoco respaldarían el trabajo del Orfis.

Sin embargo, cuatro de los 10 diputados de Morena, que tendrían que apoyar la postura de su coordinador, no firmaron el dictamen que se hizo circular a los 50 legisladores locales del Congreso desde este miércoles 19 de octubre. 

Quiénes son los diputados disidentes de Morena

1.- Luis Fernando Cervantes Cruz, fue alcalde de Pueblo Viejo y fue observado por el manejo de un millón 14 mil 424 pesos. La auditora Delia González Cobos planteó que todos los diputados locales que se habían desempeñado como alcaldes en el periodo 2018-2021 tenían que excusarse de aprobar la Cuenta Pública.  

El político de Morena, representante del distrito de Pánuco que en la comparecencia de la auditora la bendijo, aseguró que conocía de la ley y que sabía que tenía que abstenerse de conocer la información de la auditoría que se realizó en el municipio ubicado al norte del Estado.

El político de Morena recientemente aseguró que había denuncias por cobros de moches para limpiar la Cuenta Pública del 2021. Además, reconoció que no ha presentado una sola iniciativa, y dijo que de nada sirve presentar muchas propuestas si no son viables.

2.-Magaly Armenta Oliveros, la diputada del distrito de Cosoleacaque que se reeligió, fue reconocida luego de que presentó la iniciativa de reforma a la Constitución local para reconocer como veracruzanos a los padres de hijos nacidos en alguno de los 212 municipios, la conocida Ley Nahle.

La legisladora es de la zona sur, que es considerado un bastión de Morena y que impulsa la candidatura de Rocío Nahle a la gubernatura de Veracruz. Es del grupo del gobernador Cuitláhuac García Jiménez quien recientemente declaró no debe sorprender la discusión que se ha generado respecto de la revisión de la Cuenta Pública 2021. 

3.- Fernando Arteaga Aponte, es diputado del distrito de Veracruz. El político ha asumido como bandera la revocación del contrato de la concesión al grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (MAS), que se entregó en 2016 a una empresa filial de Odebrecht.

El político que es identificado con el grupo de Manuel Huerta, y que se formó en el PRI, no avaló el documento que si firmaron 9 de los 15 integrantes de la Comisión de Vigilancia y que tendrá que ser sometida a votación del Pleno. Se requieren de 33 de 50 votos para no aprobar la Cuenta Pública 2021. 

4.- Perla Eufemia Romero, dejó las filas del Sol Azteca a solo unos días de rendir protesta de ley. Ella llegó a la representación popular por la vía plurinominal, es decir, por los votos obtenidos por el PRD, sin embargo, renunció y se sumó a Morena.

Integra el grupo de Eleazar Morena, subsecretario de Finanzas -conocido como el primo incómodo del gobernador-. La legisladora es familiar del exalcalde de Papantla, Mariano Romero González, que fue observado por el presunto daño de 56 millones 716 mil 642 mil pesos. 

“Oposición” tampoco apoya

Othón Hernández Candanedo, el político que llegó por el PAN y renunció al instituto político luego de que se inició un proceso de expulsión por sumarse a la cargada de Morena al apoyar la reforma a la Constitución que reconoce como veracruzanos a los padres de hijos nacidos en la entidad. 

El político fue alcalde de Misantla, y fue observado con daño patrimonial de un millón 82 mil 779 pesos. Antes de que se dijera que la cuenta no sería aprobada, pidió al presidente de la Comisión de Vigilancia que se les llamara para revisar el informe que envió el Orfis.

Bingen Rementería Molina, diputado local que repite por tercera Cámara, es hijo del senador Julen Rementería del Puerto una de las voces más críticas al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y Cuitláhuac García Jiménez. Tampoco firmó el dictamen.

Auditora descarta renunciar

Delia González Cobos fue nombrada por la pasada Cámara, con el aval de la oposición. Se ha mencionado que la hoy auditora llegó al cargo por recomendación del presidente Andrés Manuel López Obrador y del fiscal general, Alejandro Gertz Manero. 

Vino a radicar a Veracruz en el año 2016 cuando se desempeñó como representante partidista ante el Instituto Nacional Electoral y el Organismo Público Local Electoral (OPLE). Fue responsable de cuidar y defender la primera elección en la que participó y perdió el hoy gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

La entonces representante de Morena fue removida, luego de que se dio a conocer que ella, como el resto de los militantes partidistas que se sentaban en la mesa del Consejo, cobraban un apoyo de 80 mil pesos en el OPLE.

La funcionaria reapareció en el ámbito estatal en el 2018 cuando se integró al gabinete de Cuitláhuac García Jiménez desde la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).

Delia se defiende y pide ampliación presupuestal

El jueves 20 de octubre la auditora Delia Cobos adelantó que no fue sorpresa para ella que se informara que no se aprobaría el Informe de la Cuenta Pública del 2021, y señaló que en el Congreso se estaba politizando su trabajo, con miras a la sucesión gubernamental del 2024.

Aseguró que los diputados locales no calcularon el impacto político y económico de regresar el informe para una revisión, pues eso implica que va a necesitar entre 2 y 8 millones de pesos para hacer cualquier trabajo adicional.

La funcionaria del Orfis aclaró que no piensa renunciar al cargo, y aseguró que, en caso que desde el Congreso insistan en interferir con su labor como auditora, podría presentar una denuncia por violencia política de género.

ch