Xalapa, Ver.- El cinco de octubre pasado, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Isabel Romero Cruz anunció que construir 12 ciudades judiciales, que están pendientes desde hace un año, van a provocar que se “endroguen” por muchos años, por lo que buscan no edificarlas. Sin embargo, esa decisión podría tener repercusiones económicas para el Poder Judicial y las finanzas de Veracruz. 

La funcionaria, que dejará el cargo el próximo 1 de diciembre, planteó la posibilidad de cancelar los contratos que se firmaron con la empresa Desarrolladora CJ I, S.A.P.I. de C.V. R. L. y pidió el apoyo al Congreso de Veracruz, para revertir los decretos del 16 de octubre de 2017 y 7 de febrero de 2018, que permitían crear una asociación público privada, y edificar 20 ciudades judiciales.

No obstante, el Congreso poco puede hacer para revertir la contratos que se firmaron en los años 2018 y 2019, pues de acuerdo a las reglas, solo corresponde al director general de Administración del Consejo de la Judicatura avalar, anular o modificar los acuerdos de construcción.

Los 20 contratos que se han redactado establecen que si el Poder Judicial a cargo de Isabel Romero, incumple con las cláusulas, habrá penalizaciones. No obstante, ahora se está planteando generar un ahorro de 2 mil 400 millones de pesos al cancelar al menos 12 o 10 acuerdos de mutuo acuerdo.

Los diputados locales aprobaron que la construcción de las ciudades se podría contraer deuda por hasta cinco mil 100 millones de pesos. El monto mensual máximo de pago no podía superar los 17 millones de pesos, más IVA.

La idea que se planteó en 2017, cuando Edel Álvarez Peña era presidente del Poder Judicial, en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, ha estado rodeada de señalamientos de corrupción, al incluir a empresarios veracruzanos ligados al Panama Papers, la presunta concesión a modo y ahora el retraso en su construcción.

En la actualidad se habla de un conflicto de interés, pues Carlos Francisco Nachón García, hermano de Enrique Nachón García, secretario de Desarrollo Económico (Sedecop) es presidente de la empresa Desarrolladora CJ I, S.A.P.I. de C.V. R. L que construyeron y dará mantenimiento a las ocho ciudades judiciales, de las 21, que en este momento están funcionando.

Al momento, según el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) están pendientes de iniciar los trabajos en las ciudades judiciales de Orizaba, Tantoyuca, Huayacocotla, Perote, Coatzacoalcos, Zongolica, Poza Rica, Minatitlán, Chicontepec, Tierra Blanca, Ozuluama y Álamo.

El abogado penalista, Tomás Mundo Arriaza, comentó que la decisión de “cancelar” los contratos podría generar una penalización alta para el Poder Judicial, que terminarían pagando el gobierno y los veracruzanos.

Fuentes al interior del Poder Judicial plantean que la idea es llegar a un acuerdo, que evitaría la penalización y solo se cubriría gastos generados por los empresarios, cancelando la construcción de 10 ciudades judiciales.

ORFIS observó incumplimiento de contratos

El 30 de septiembre de 2020 se entregó el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2021 a diputados locales. Las auditorías practicadas exhibieron que el Poder Judicial había incumplido con los contratos al retrasar por más de un año la firma de éstos, lo que también retrasó la construcción de las ciudades.  

El 16 de octubre del 2017 se autorizó la construcción de 17 ciudades judiciales en Coatzacoalcos, Orizaba, Poza Rica, Acayucan, Huatusco, Misantla, Papantla, Tantoyuca, Huayacocotla, Chicontepec, Ozuluama, Zongolica, Minatitlán. Martínez de la Torre, Tuxpan, Boca del Río y Tierra Blanca. Para febrero del año siguiente, el número aumentó a 21, y se plantearon 20 contratos.

En la actualidad solo se han avalado ocho contratos, que permiten la operación de las ciudades judiciales de Martínez de la Torre, Papantla, Medellín, Tuxpan, Naolinco, Las Choapas, Isla y Pueblo Viejo.  

Desde el 27 de julio del 2020, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Isabel Inés Romero Cruz pidió revisar los contratos de la Asociación Público-Privada para la construcción de las ciudades judiciales.

El 04 de octubre de este año, Isabel Romero Cruz, aseguró que el mantener los proyectos implicaba generar deuda pública y comprometer los recursos por 30 años. “No podemos endrogarnos por tantos años, endeudaríamos al Poder Judicial al construir tantas ciudades judiciales”.

Cuál es la ruta legal para revertir los contratos 

En los 18 contratos, que son públicos en el portal de transparencia, se establece que en caso de que el Poder Judicial no cumpla con las condiciones en el plazo de un año, deberá reembolsar los gastos razonables, debidamente documentados y no recuperables efectivamente realizados y comprobados por el contratista relacionados con la Ciudad Judicial, incluyendo los gastos en los que haya incurrido por la constitución y administración del Fideicomiso de Administración”.

Para garantizar el pago de las deudas del poder público se creó un fideicomiso, que se fondeó con 50 millones de pesos de recursos remanentes del Poder Judicial, que se usan como “respaldo” para el pago de los compromisos financieros. 

El abogado Tomás Mundo Arriasa comentó que la cancelación va a generar una penalización, dinero que se tendrá que pagar a través del Estado, “no son cantidades mínimas. En Colombia operó algo que se llama el cártel de la Toga, es decir, jueces que vendían sentencias, según el interés de alguien.

“Yo dije que en Veracruz empezó a funcionar ese cártel en la era de Edel. La gente de gobierno está metidas en las empresas que están a cargo de las ciudades judiciales; yo dije que el fraude y la corrupción de las ciudades judiciales es un Odebrecht veracruzano”.

El abogado, que fue asesor de la exmagistrada Sofía Martínez Huerta, planteó que las empresas sin hacer nada “se van a llevar un dineral” de los veracruzanos.

A la llegada de Martínez Huerta, en diciembre del 2019, determinó incumplir con los contratos, a pesar de que algunos ya se habían validado. Eso generó que fuera removida por la decisión del Pleno que, en un albazo, en octubre del 2020 la removieron, y nombraron como sustituta a Romero Cruz.

Ella validó la construcción de algunas ciudades judiciales, luego de revisar que era necesario mejorar la infraestructura. Al año el Poder Judicial pagaba 25 millones en rentas, por lo que se aceptó edificar al menos ocho ciudades, y el número podría llegar a 10.

El Poder Judicial recibe un presupuesto anual de 2 mil 600 millones de pesos, de ese total, mil 600 corresponden al pago de nómina. El margen de maniobras para el pago de las ciudades es limitado, por lo que el seguimiento de la construcción ha sido a cuenta gotas.

Según las bases de licitación y el contrato de las obras, las ciudades judiciales se concesionaron a 30 años, y las empresas debían construirlas en un periodo no mayor a 18 meses. La proyección de los costos, que se plantearon en 2018 y 2019, están desfasados.

Por lo que en este momento se analiza, entre las partes, la posibilidad de concluir los contratos y pagar a la empresa los gastos generados a la fecha. El monto podría llegar a los 48 millones de pesos.

Desarrolladora CJI, SAPI, SA. de CV., recibe dos pagos mensuales del Poder Judicial. Uno que corresponde al gasto que hizo por la construcción de las instalaciones de las ocho ciudades judiciales, y una segunda transferencia por limpieza, seguridad y mantenimiento de las mismas.

Los empresarios afectados 

La familia Ruiz Anitúa, herederos de Valentín Ruiz conocido como el "Slim Veracruzano", recibieron los contratos para la construcción de las ciudades judiciales en Veracruz. Según el Registro Único de Deuda de Hacienda hay vigentes 18 contratos por un total de mil 155 millones de pesos.

A Francisco y Javier Ruiz Anitúa los han acusado de lavar dinero en paraísos fiscales de Panamá; también se les relaciona a empresas fantasmas que desviaron millones de pesos del erario en Quintana Roo y Veracruz, apoyados por los priistas Roberto Borges y Javier Duarte, ambos encarcelados por delitos de corrupción.

En 2018 los empresarios formalizaron la Asociación Público-Privada Desarrolladora CJI, SAPI, SA. de CV., que integra seis constructoras, lo que les permitió conseguir los contratos para la edificación de las Ciudades Judiciales en Veracruz, en el periodo de Edel Álvarez Peña, gente cercana a los Yunes.

Desarrolladora CJI, SAPI, SA. de CV., cuenta con un Consejo de Administración integrado por: Francisco José Ruiz Anitúa, presidente; Carlos Francisco Nachón García, secretario; Alfonso Díaz De Vega Tesorero; y Carlos Nachón Llanos, Javier Antonio Ruiz Anitúa, José Luis Zulueta Alegría y Edmundo Martínez Moreno como vocales.

En febrero del 2019, E-Consulta documentó algunas irregularidades en los contratos, datos del Registro Nacional de Comercio confirma que las empresas: Desarrolladora CJI, Desarrolladora CJII, Desarrolladora CJIII y Desarrolladora CJ IV., SAPI, SA., de CV se formalizaron el 22 de mayo del 2018 ante Rafael de la Huerta Manjarrez. Días antes de que diera a conocer el fallo de la licitación.

Desde hace cuatro años, Orfis detectó irregularidades 

En la cuenta pública del año 2018, el Orfis en el periodo de Antonio Portilla Vázquez, evidenció errores en los procesos de contratación de los primeros 12 de los 21 contratos que permitirían la construcción de igual número de ciudades judiciales.

En la Auditoría de Legalidad al Proceso de Contratación de Asociaciones Público-Privadas, en modalidad de concesión para llevar a cabo la construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de las ciudades judiciales del 2018, se mencionó que los primeros 12 contratos tenían algunas inconsistencias.

Como parte del proceso de licitación las empresas: Rinavi S.C., Estudios y Proyectos y Servicios Sustentables”” y ““Cades Consultores Asociados para el Desarrollo Sustentable, S.C., emitieron un dictamen sobre la viabilidad de construir ciudades judiciales -29 de julio del 2017-, ocho meses antes de que se hicieran públicas las bases de licitación -07 de marzo del 2018-.

Para justificar la emisión del documento adelantado, se argumentó que había sido un error humano. Las empresas recibieron un pago de medio millón de pesos, por un dictamen que se valoró como “viciado”, al pronosticar un hecho futuro.

En febrero del 2018 el Congreso de Veracruz autorizó ampliar a 21 las ciudades judiciales, sin embargo, solo se registraron 20 contratos, para la construcción se autorizó un monto de deuda de cinco mil 100 millones de pesos, más IVA; y el monto mensual máximo que se debía pagar es de hasta 17 millones de pesos, más IVA.

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