El pleno del Congreso local aprobó un enroque en la presidencia de la Comisión de Vigilancia, responsable de supervisar la fiscalización al ejercicio del presupuesto estatal, designando a Rafael Gustavo Fararoni Magaña en sustitución de Luis Arturo Santiago Martínez.

Santiago Martínez, representante del Distrito con cabecera en Camerino Z. Mendoza, es parte del grupo político del secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos.

Antes de llegar a su curul, el legislador morenista fungía como representante del Gobierno del Estado en la zona centro. Era coordinador de Delegados de Política Regional en la Segob hasta su renuncia para contender por la diputación en los comicios de 2021.

Por su parte, Fararoni Magaña es cercano al presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la bancada de Morena, Juan Javier Gómez Cazarín, quien aumenta su control político con un aliado presidiendo un órgano esencial de la Legislatura.

El cambio se concreta luego del triunfo de Esteban Ramírez Zepeta en la dirigencia estatal de Morena y en medio de señalamientos de cobros de “moches” al interior de la Comisión de vigilancia y del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis).

La semana pasada la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional señaló que exalcaldes del periodo 2018-2021 les reportan que les han ofrecido “limpiar” las cuentas públicas de sus ayuntamientos con “moches” para librar observaciones de daño patrimonial.

Exalcaldes de la oposición también denunciaron que allegados de Gómez Cazarín les piden dinero, a través de un despacho, para evitar observaciones.

CAMBIO ABRUPTO

Este martes la Diputación Permanente convocó a una sesión extraordinaria para abordar como único punto el cambio de la integración de comisiones.

Además de Faranoni Magaña la comisión de Vigilancia quedó integrada por Luis Fernando Cervantes Cruz como secretario, así como por Magaly Armenta Oliveros, Elisa Mohedano Orellán, Luis Antonio Luna Rosales, Perla Eufemia Romero Rodríguez, Paul Martínez Marie, Roberto Francisco San Román Solana, Fernando Arteaga Aponte, Ramón Díaz Ávila, Lourdes Juárez Lara, Marlon Eduardo Ramírez Marín, Nora Jéssica Lagunes Jáuregui, Othón Hernández Candanedo y Bingen Rementería Molina, en calidad de vocales.

Un día antes de ser elevado y ante los señalamientos de la oposición, Santiago Martínez difundió un comunicado negándose a prestarse a actos de corrupción. 

En su mensaje incluso aseveró que se sumaba al pronunciamiento del presidente de la Jucopo, Juan Javier Gómez Cazarín, en el sentido de que no se ayudaría a las administraciones “a evadir su responsabilidad de responder por presunto daño patrimonial”.

Las acusaciones del PAN también fueron respondidas por Gómez Cazarín, quien declaró ante medios de comunicación que quien resulte responsable de daño patrimonial a las arcas municipales será denunciado.

Ante medios de comunicación aseveró que renunciará al cargo si algún alcalde le comprueba que pide “moches” para limpiar las cuentas públicas. 

El líder de la bancada de MORENA hizo un llamado al personal del Congreso y del Órgano de Fiscalización Superior del Estado para no prestarse a actos de corrupción, así como pactar o recibir dinero de los exfuncionarios o autoridades para solventar sus irregularidades.

ORFIS TAMBIÉN SE DESLINDA

Este martes la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Delia González Cobos, también se refirió al tema.

Señaló que ella no ha recibido ninguna denuncia en contra de servidores públicos o exfuncionarios que hayan intentado “limpiar” cuentas públicas o maquillar cifras.

“No tenemos una queja, no hay denuncias respecto de que alguien pretendiera maquillar cifras o haber ofrecido ese maquillaje. Yo sí pediría a las personas que sufrieron una merma en su patrimonio por haber sido sorprendidos por alguien que les ofreció maquillar cifras, que presenten las denuncias”, declaró en una conferencia de prensa.

ys