¿La Cuarta Transformación ha dejado nuevos ricos en Veracruz? De acuerdo con la Contraloría General un sistema cotejará los bienes que tenían los funcionarios al inicio del actual gobierno en 2019 con su última declaración patrimonial.

La contralora, Mercedes Santoyo Domínguez, afirmó que con un sistema de la Secretaría de la Función Pública (SFP) podrán “cruzar datos” y verificar si hubo enriquecimiento inexplicable entre los burócratas de la administración morenista.

En entrevista, la funcionaria dijo que revisarán las declaraciones patrimoniales y de intereses que acaban de presentar más de 200 mil servidores públicos en Veracruz, las cuales se harán públicas durante los próximos meses.

Respecto al sistema mencionado aseveró que se revisará la evolución patrimonial de los trabajadores del Gobierno mediante dicha metodología alineada a la SFP.

“Podemos tomar los datos como si fuese una fotografía de antes y después; son los datos de años pasados comparados con los de ahora y que sean congruentes los ingresos y ahora sí que todo lo que declaran”, añadió.

Santoyo Domínguez insistió que en próximas semanas se habilitará la versión pública de cada declaración presentada, aunque habrá datos reservados tal y como lo marca la Ley Federal.

“Hay datos reservados como lo marca la Ley Federal y los organismos fiscalizadores somos nosotros, que tenemos acceso a la información declarada, ahí es donde nosotros podremos cruzar la información (para comprobar si existe enriquecimiento ilícito)”, observó.

HABRÍA INHABILITACIONES 

Aunque destacó que este 2022 un total de 200 mil burócratas cumplieron con la Ley de responsabilidad patrimonial de la administración pública estatal y municipal, la contralora lamentó que al menos mil 300 trabajadores del gobierno no lo hicieron.

Indicó que en estos casos proceden destituciones e inhabilitaciones, aunque otorgarán un mes adicional a los morosos para cumplir de forma extemporánea.

Detalló que en la Secretaría de Educación (SEV) y en la Secretaría de Salud (SESVER) se encuentra el mayor número de incumplido debido a la gran cantidad de empleados que tienen esas dependencias.

“Tenemos un estimado de mil 300 omisos en este caso que estamos calendarizando para sacar los mil 300 oficios personalizados para poder solicitarles que hagan su declaración patrimonial y una vez que reciban esa notificación tendrán 30 días hábiles para poderla presentar.

“En caso contrario procede la inhabilitación y la destitución del cargo, principalmente (…). Por probabilidades de cantidad de servidores públicos tenemos muchos en SEV, muchos también en SESVER por la cantidad de servidores que hay en cada dependencia”, detalló la contralora.

Comentó que los órganos internos de control deben de actuar con los mil 300 servidores públicos que siguen sin cumplir.

“Se pueden hacer acreedores a una inhabilitación, a una destitución del cargo, a una denuncia penal; debo decir que cada vez empieza a sonar más el teléfono y secretarios y contralores me empiezan a decir de inhabilitaciones”, advirtió.

ch