Coatzacoalcos, Ver. - La presa Yuribia, asentada en la zona serrana del sur de Veracruz, y que se abastece de los arroyos Ocotal y Texizapan, pasó de ser una fuente de abastecimiento de agua potable para más de 300 mil habitantes a un presunto negocio de autoridades y representantes del comisariado ejidal del municipio de Tatahuicapan. 

En la última década, la presa Yuribia ha sido cerrado en, al menos, cinco ocasiones, bajo el argumento de que los gobiernos de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque incumplen con pagos para obras y programas en favor de Tatahuicapan. 

En marzo de 2019, fue el último cierre del acueducto, donde las autoridades estatales advirtieron que estos acuerdos en realidad se trataban de una medida de presión para beneficiar a unos cuantos.

"No vamos a negociar la ley, y lo que les quiero decir es que ese grupo de ejidatarios están pidiendo un pago para el ejido, no de obras que el gobierno siempre ha estado dispuesto a ejecutar", declaró en aquella ocasión el secretario de gobierno, Erick Cisneros Burgos.

Sin embargo, el cierre de la presa ha obligado al menos a tres administraciones estatales y otras municipales a firmar convenios con las autoridades del Tatahuicapan que, más bien, se vislumbran como el pago de favores políticos. 

Desde dinero por bajo el agua hasta pago para fiestas patronales

Los problemas se agudizaron desde la administración del priista Marcos Theurel Cotero (2010-2013) y continuaron en las administraciones de Joaquín Caballero (2014-2017) y el morenista, Víctor Carranza (2017-2020).  El motivo siempre es el mismo: dinero a cambio de agua.

Aunque la toma de la presa Yuribia conglomera a un gran número de pobladores, hay otros que se oponen a dicha protesta y aseguran desconocer el uso del recurso que reciben las autoridades de Tatahuicapan. 

Autoridades porteñas revelaron que las tomas de la presa la realizaban entre los meses de febrero y marzo, cuando se celebran las fiestas patronales de aquella localidad, en honor a "San Gabriel".

Incluso, en el anonimato, un ex secretario de gobernación municipal de la administración de Joaquín Caballero, reveló a este medio, que se vieron obligado a depositar dinero a una cuenta de un grupo musical que se presentó en la feria patronal de Tatahuicapan.

Exalcaldes de Minatitlán, Cosoleacaque y Coatzacoalcos no han encontrado una solución que no concluya en acuerdos políticos. Cuando ha habido negativas, pobladores han cerrado las válvulas hasta con ayuda de soldaduras. 

Proyecto San Gabriel, detonante del último cierre de la presa

Este domingo 31 de julio, después del mediodía, las válvulas no solo fueron cerradas sino soldadas, cómo se aprecia en imágenes que ya circulan en medios de comunicación.

El 27 de mayo pasado, las autoridades de los tres municipios sureños se reunieron con los representantes de Tatahuicapan para tomar acuerdos que dieron paso al proyecto denominado "San Gabriel", que incluye la introducción de una red de 8 kilómetros de agua potable y el asfaltado de la carretera principal.

Dónde se señalan los siguientes acuerdos:

1.- La alcaldesa de Minatitlán, Carmen Medel Palma, confirmó el compromiso de contribuir con la parte que quedó pendiente para el proyecto SAN GABRIEL, sin contratiempo en fecha que se indique. Quien dijo sería a través de material para la obra.

2.- La representación del alcalde de Cosoleacaque, informa que hay voluntad de parte del ayuntamiento para la aportación que quedó pendiente para la obra del proyecto.

3.- Participantes del municipio de Tatahuicapan de Juárez, encabezados por el alcalde Eusebio González Hernández y del presidente del comisariado ejidal, Melquíades Hernández, solicitaron además la pavimentación de otros tramos.

Los alcaldes de los tres municipios afirmaron que buscarían alternativas de apoyo a este proyecto, aunque cuando ofrecieron materiales para la obra estos fueron rechazados, pues el alcalde de Tatahuicapan afirmó que entre los tres deberían pagar 2.3 millones de pesos por el proyecto, lo que fue calificado como una "extorsión".

De ahí que los pobladores decidieron dejar sin agua a más de 300 mil habitantes, dónde las afectaciones serán directas para las familias.

Por su parte, el alcalde de Coatzacoalcos lamentó que se violente un derecho constitucional, y aclaró que no desviará recursos por ceder a caprichos de un grupo, por lo que dijo será respetuoso de las leyes en todo momento.

ch