Moisés Mansur Cisneros, prestanombres de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, sufrió un revés en los tribunales. Un juzgado confirmó que parte del terreno del rancho "Las Mesas", en Valle de Bravo, Estado de México que le fue asegurada en 2016 fue conforme a derecho. 

La propiedad tiene una extensión de 922 mil 319 metros cuadrados. De ellos, el 33.30% eran de Moisés Mansur, quien desde hace casi cinco años es buscado por la Fiscalía General de la República (FGR) por una orden de aprehensión en su contra. 

La FGR ha solicitado apoyo a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés), sin que hasta el momento se tengan resultados.

En 2021, el Congreso de Veracruz donó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) parte del rancho, que según el Ministerio Público fue edificado con 300 millones de pesos de recursos públicos que fueron desviados durante la administración de Javier Duarte.

La propiedad fue incautada el 16 de octubre de 2016 a partir de los hallazgos que fueron incluidos en la averiguación previa FED/SEIDF/UEIDFF-VER/01653/2016.

Moisés Mansur, a través de sus abogados buscó revertir la medida, sin embargo, el 26 y 29 de octubre de 2021, un juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio con residencia en el Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México en el Reclusorio Norte, determinó que la propiedad fue abandonada, por lo que el 33.30% del terreno que pertenecía a Moisés Mansur fue entregado al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP).

Inconforme con esa resolución Moisés Mansur solicitó un amparo ante un juez en el Estado de México, argumentando que nunca fue notificado de la medida de las autoridades y que había presentado documentos que acreditaban la propiedad.

Al analizar las pruebas, tanto del Ministerio Púbico, como de Moisés Mansur, el juzgador confirmó la resolución del juez de Distrito Especializado en el Estado de México, quien determinó que el inmueble fue abandonado en 2021. 

"Al ser infundados los conceptos de violación planteados por el quejoso, y no existir alguna causa para suplirlos en su deficiencia, debe sostenerse la constitucionalidad de la determinación reclamada y negar el amparo solicitado".

Fp