Xalapa, Ver. - Aún cuando el delito de ultrajes dejó de estar vigente en Veracruz, persiste la controversia sobre su uso político en la detención de personas. De acuerdo con cifras oficiales, policías ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE), que tienen como función la investigación de delitos, reportan más detenciones que la propia Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Este 16 de junio magistrados federales ratificaron irregularidades en el actuar de jueces y fiscales del estado en la detención e imputación de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico del Senado. Si bien el político no fue imputado por ultrajes a la autoridad, sino por homicidio doloso, el senador Ricardo Monreal acusó a la FGE y al Poder Judicial de un actuar ominoso en cientos de detenciones.

 

 

El militante de Morena declaró que en Veracruz la autoridad encargada de cuidar a los veracruzanos y procurar justicia es autoritaria, “un día sí y el otro también”, siendo ellos los que ultrajan la ley y a los ciudadanos.

A cuatro meses de que se derogó el delito de ultrajes a la autoridad -28 de febrero del 2022- no existe claridad ni en el número de personas detenidas, presentadas a la autoridad, las que siguen encarceladas, y las que obtuvieron su libertad luego de la decisión de ministros de la Corte, quienes determinaron que el delito viola el derecho a la libre expresión.

Datos oficiales, obtenidos por solicitudes de información, evidencian que los policías ministeriales de la FGE sumaron más detenciones en el estado, superando a elementos operativos de la SSP, en un periodo poco mayor a 11 meses.

El abogado penalista, Celestino Espinoza Rivera, planteó que los datos entregados por las autoridades pondrían en evidencia el uso político del delito, lo que siempre se denunció desde la oposición.

En enero del 2022, la Fiscal General, Verónica Hernández Giadáns, informó mediante un oficio que mil 33 personas fueron detenidas bajo los cargos de ultrajes entre el 11 de marzo del 2021 al 28 de febrero de 2022.

Además, confirmó que en ese mismo periodo se había presentado un total de 590 quejas por el actuar de los policías ministeriales, por su actuar durante estas detenciones, hoy consideradas inconstitucionales.

 

Los datos oficiales del secretario Hugo Gutiérrez

En respuesta a la solicitud de información, la dirección de Información y Estadística Delictiva de la Subsecretaría de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que dirige Hugo Gutiérrez Maldonado, reporta del 11 de marzo del 2021 al 28 de febrero de 2022, 116 personas detenidas; mientras que la Fuerza Civil sumó 218, el total suman 334 intervenciones. 

 

Xalapa fue el municipio con el mayor número, se reportaron 46 detenciones; en Coatzacoalcos 18; le sigue Poza Rica ocho; Córdoba siete; Papantla seis; Altotonga y Moloacan cinco; Martínez de la Torre, Acayucan y San Andrés Tuxtla con cuatro, cada uno.

Por su parte la dirección de la Fuerza Civil, grupo especial de la SSP, reporta otras 218 personas detenidas, principalmente en el centro del Estado de Veracruz en donde realiza labores de refuerzo. El grupo reportó 211 detenciones en el 2021, y siete más en enero y febrero de este año.

 

 
Fue el municipio de Fortín de las Flores donde se presentó el mayor número de intervenciones por ultrajar a una autoridad, ahí se dieron 33; Córdoba fue el segundo municipio con mayor intervención de la autoridad con 26, y en Veracruz Puerto sumaron 14 personas retenidas por el delito de ultrajes.

En Acayucan y Medellín se dieron 14 detenciones; le sigue Pánuco con 11; además, de que se acusó a ciudadanos de ultrajes en Actopan, Agua Dulce, Álamo, Amatlán de los Reyes, Atoyac, Boca del Río, Coatepec, Coatzacoalcos, Cosamaloapan, Coscomatepec, Cuitláhuac, El Higo, Emiliano Zapata, Huatusco y Huayacocotla.

Además, Ixhuatlán del Café, Ixtaczoquitlán, La Antigua, Maltrata, Omealca, Pánuco, Poza Rica, Santiago Sochiapa, Sayula de Alemán, Tezonapa, Tlalnehuayocan, Tuxpan, Vega de Ala torre, Xalapa, Yanga y Sayula de Alemán 

Tan solo en los municipios de Córdoba, Fortín, Tezonapa, Amatlán de los Reyes, Atoyac, Ixhuatlán del Café, Ixtaczoquitlán Yanga, ubicados en la zona montañosa central que concentra 87 detenciones, lo que equivale al 40 por ciento de las intervenciones de la Fuerza Civil.

El abogado Celestino Espinoza Rivera confirmó que la Fuerza Civil trabaja en coordinación en algunas zonas de Veracruz con la idea de resguardar a los ciudadanos, lo que es válido.

Sin embargo, coincidió que el hecho de que cierta región concentre casi la mitad de las detenciones podría llamar la atención, pues -incluso- el tema podría tener otra connotación, incluso de desaparición o desaparición forzada.

 

Fiscalía: 382 detenciones

En el caso de la respuesta de la Fiscalía, compartió que la dependencia registró un total de 382 ciudadanos detenidos por ultrajes, sin especificar en qué municipios o regiones del Estado ocurrieron.

 

 

Al organismo autónomo se le requirieron más datos, como el número de personas fueron presentadas ante un juez y el número de vinculaciones a proceso, pero no hubo respuesta.

En la sumatoria de la información aportada por la SSP y la FGE contabilizan 716 personas detenidas bajo los cargos de ultrajes.

 

 

Al respecto, el abogado Celestino Rivera, dijo que, si bien los policías ministeriales o cualquier ciudadano puede hacer una detención y ponerlo a disposición de una autoridad, la función de los ministeriales es la investigación, antes de andar por las calles, interviniendo a personas por insultar o no respetar su autoridad; su trabajo, dijo, se debería enfocar en fortalecer las carpetas de investigación de denuncias que recibe la Fiscalía.

 

“No deberían estar haciendo funciones de prevención, aunque si es legal (…) sin embargo, su actuar podría tener más una connotación política. Ellos deberían estar enfocados en trabajo de detective, investigar hechos ya sucedidos”.

 

Cuestionó cómo era posible que a los oficiales ministeriales se les atravesaran más personas cometiendo el delito de ultrajes que a los propios elementos de la SSP.

 

Poder Judicial: 100 personas siguen encarceladas

En el caso de la información solicitada al Poder Judicial, que encabeza Inés Romero Cruz, las estadísticas entregadas al 01 de junio de 2022, confirma que en esa fecha aún había personas recluidas en penales del Estado.

 

 

De los cuestionamientos que se planteó conocer cuántas personas fueron vinculadas a proceso y cuáles fueron las medidas cautelares que se implementaron a los detenidos por ultrajes a la autoridad.

El poder judicial reportó 482 personas vinculadas a proceso, de esas 392 recibieron como medida preventiva cárcel en el periodo del 11 de marzo del 2021 al 28 de febrero del 2022.

Según el informe, del total de personas encarceladas, 236 recobraron su libertad, ya sea por amparos de jueces locales o ante la determinación de un juez federal por lo que 159 podrían seguir encarceladas.

Es de destacar, que los jueces de control en el distrito judicial de Xalapa son seis, sin embargo, el informe solo incluye a cuatro; dejando fuera a Francisco Reyes Contreras quien este jueves fue señalado por el senador Ricardo Monreal de actuar al margen de la ley al encarcelar a José Manuel del Río Virgen, sin contar con elementos de prueba del delito que le imputaron.

Según el artículo 167 del código de procedimientos penales, el ministerio público solo podrá solicitar al Juez de Control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o la comunidad.

Existen 14 medidas cautelares, luego de que se hace la detención por la comisión de un delito y se vincula a proceso.

Los datos del Poder Judicial detallan que se presentaron ante un juez a 482 personas del 11 de marzo del 2021 al 28 de febrero del 2022, cuando se declaró inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad.

De ese universo; a 49 se le impusieron como medidas de apremio la presentación periódica ante un juez; a 26 se les impuso una garantía económica para poder recobrar su libertad luego de ser presentados ante la autoridad judicial.

A uno más le embargaron bienes; a cinco se les prohibió salir del país o de la localidad de residencia; a tres les impusieron medidas restrictivas de participar en ciertas reuniones o acudir a lugares.

A dos les prohibieron convivir, acercarse, o comunicarse con determinadas personas, víctimas y ofendidos; y las otras 392 personas fueron encarceladas.

El poder judicial informó que 172 personas solicitaron audiencias para el sobreseimiento del delito después de que se declaró inválido, pero solo 163 se han celebrado.

Se detalla que 211 personas recuperaron su libertad por decisión de un juez local, luego de que se sobreselló o cerró la carpeta de investigación en su contra. También se informó que 35 personas recuperaron la libertad por decisión de un juez federal que ordenó la excarcelación.

Fue el distrito judicial de Xalapa, con el reporte de solo cuatro de seis jueces, que se contabiliza el mayor número de personas vinculadas a proceso, 78; le siguen Coatzacoalcos y Córdoba con 65; Minatitlán 42, Veracruz 41 y Poza Rica 40. Es decir, en esos juzgados se concentra 266 decisiones de jueces que impusieron medidas de privación de la libertad.

A ese respecto, el abogado Espinoza Rivera explicó que, si bien esas 156 personas, que se reportaban en cárcel, podrían estar vinculadas por algunos otros delitos, sin embargo, en la estadística, ellos deberían reportar cero personas detenidas por el delito de ultrajes.

 

“Parece que el poder judicial está sujeto a un control político y no existiera autonomía. Es probable que estén sujetos a una medida cautelar por otro delito, pero los procesos por ultrajes ya no tendrían razón de existir, deberían estar sobreseídos, les sirve hasta para bajar estadística”, planteó el especialista.

 

 

 

fp