Xalapa, Ver. - Durante el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez (3 años y medio) siete periodistas han sido asesinados en Veracruz. De esos crímenes, cuatro están relacionados con políticos locales (regidores, alcaldes y diputados) considerados presuntos autores intelectuales.

 

 

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), hay políticos que ordenaron o planearon las muertes de Jorge Celestino Ruiz (2 de agosto 2019), María Elena Ferral Hernández (30 de marzo 2020), Julio Valdivia Rodríguez (9 de septiembre de 2020) y Jacinto Romero Flores (19 de agosto de 2021). 

Las autoridades locales, también son catalogadas como el principal grupo agresor en Veracruz, por encima de personas de la “sociedad civil” y de la “delincuencia común y organizada”. Así consta en un diagnóstico de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) elaborado en 2021.

Este contexto violento para la prensa veracruzana, abastecido con cifras oficiales, contrasta con las declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, de este 14 de junio, quien aseguró que muy pocos asesinatos de reporteros son ordenados por autoridades locales.

 

“Los que lamentablemente pierden la vida en su mayoría tiene que ver con conflictos regionales no vinculados con el poder, en todos los casos. Son muy pocos los que son asesinados por órdenes de autoridades locales”, dijo el mandatario en su conferencia matutina.

 

Esta opinión del presidente fue dada ante un cuestionamiento de John Holman, reportero de Al Jazeera, quien expuso que comentarios del presidente, quien se ha referido a algunos periodistas como “el hampa de los medios” generan impacto en reporteros de distintas entidades y generan amenazas o ataques su ambiente del público y de otros actores.

 

“Respeto su punto de vista, pero no lo comparto”, reviró Obrador.  “Son asuntos que tienen que ver con la delincuencia organizada en la mayoría de los casos y nosotros siempre respetamos a los periodistas. Aquí siempre hablamos de los auténticos periodistas y de los voceros del poder económico y político”, agregó.

 

Obrador además mostró una gráfica con información de los crímenes contra reporteros más recientes en el país. De esos casos citó como ejemplo el asesinato del periodista José Luis Gamboa, apuñalado el pasado 22 de enero en el puerto de Veracruz. Al respecto, dijo, es un tema ligado a una diputa por una herencia y un sobrino del reportero ya fue detenido.

 

 

John Holman, no obstante, puso otro ejemplo radicado en Veracruz, el asesinato de Moisés Sánchez Cerezo, director del periódico La Unión. El comunicador fue privado de su libertad el 2 de enero de 2015, durante el gobierno de Javier Duarte, y su cuerpo decapitado apareció el 24 de enero de 2015.

Por ese caso hay al menos cinco personas involucradas con orden de aprehensión: tres policías municipales de Medellín de Bravo, incluido el escolta del exalcalde Omar Cruz Reyes, un expolicía intermunicipal y el propio exalcalde, quien cumple siete años prófugo de la justicia. A la fecha solo un expolicía permanece detenido y no ha sido sentenciado.

Jorge Sánchez, hijo del periodista asesinado, criticó: “Se pierde de vista que el gobierno es parte de la delincuencia organizada. El presidente va sobre una premisa equivocada, de que el gobierno es bueno, pero no es así. En municipios como Medellín de Bravo las autoridades y la delincuencia son parte del mismo equipo”, dijo en entrevista.

En este contexto, Veracruz es considerado como la entidad más peligrosa para la prensa en América Latina, según informes de la organización internacional Reporteros Sin Fronteras. A lo largo de 17 años 31 periodistas fueron asesinados y siete permanecen desaparecidos.

En tres años del gobierno morenista, representado por Cuitláhuac García Jiménez, se han cometido siete crímenes contra reporteros, lo que ya supera a las cifras de su antecesor, Miguel Ángel Yunes Linares, mandato de dos años que registró cuatro asesinatos de este tipo.

En el Diagnóstico sobre las Condiciones de la Libertad de Expresión, elaborado por la CEAPP y la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Veracruzana, se concluye lo siguiente:

 

“Durante el 2021 se identificaron tres grupos mayoritarios como agresores: delincuencia (común y organizada) en un 28 por ciento; sociedad civil o particulares con un 22 por ciento y servidores públicos de todos los niveles con un 25 por ciento. En este último rubro, al menos la mitad fueron agravios que tuvieron como origen autoridades o actores locales con influencia municipal o regional, incluida la única agresión letal registrada en dicho año, la de un colega periodista (Jacinto Flores) privado de la vida por órdenes de autoridades municipales electas (según se actualizó en la investigación ministerial y en el proceso judicial en curso)”.

 

A continuación, se exponen los cuatro crímenes contra periodistas durante la actual administración estatal donde existen órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar y detenciones contra políticos de distintas filiaciones partidistas, incluidas del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

 

1.- Jorge Celestino Ruiz, exalcalde de Actopan prófugo

Celestino Ruiz fue acribillado frente a su familia la noche del 2 de agosto de 2020 en su vivienda, ubicada en la comunidad de La Bocanita, del municipio de Actopan.

 

 

El hombre de 58 años de edad era padre de cuatro hijos, dos de ellos menores de edad. Era pasante de la licenciatura de derecho y técnico en reparación de aparatos electrónicos. Fue en su negocio, adaptado como tienda de abarrotes, donde hombres armados le privaron la vida con ocho impactos de bala.

Por este crimen, la Fiscalía señaló al exalcalde de Actopan, Paulino Domínguez, a su escolta, entonces policía municipal, Luis Enrique Florencio Barradas y a su padre, Facundo “N” quien fue el único detenido y además sentenciado el pasado 5 de mayo con 32 años de cárcel.

Celestino Ruiz fue objeto de dos agresiones y amenazas de muerte en octubre de 2018 y de noviembre del mismo año. Por estos hechos, él denunció a cinco funcionarios del ayuntamiento de Actopan, incluido el alcalde, Paulino Domínguez.

15 días previo a su asesinato, el periodista denunció al alcalde Paulino Domínguez por haberlo amenazado de muerte y haberle ofrecido 10 mil pesos a cambio de que desistiera de sus acusaciones. El munícipe es prófugo de la justicia.

 

2.- María Elena Ferral, red política detrás de su crimen impune

María Elena Ferral, corresponsal del Diario de Xalapa en el norte de Veracruz, fue acribillada el 30 de marzo de 2020 al salir de una notaría de Papantla y murió tras horas de agonía en un hospital de Poza Rica.

 

 

A la fecha, seis personas permanecen detenidas por el caso; hombres considerados “sacrificables” en las filas de la delincuencia al ser los presuntos autores materiales. El resto —presuntos autores intelectuales—, están prófugos, incluido Basilio Picazo Pérez, cacique en el norte de la entidad.

El 24 de enero de 2022, ALIANZA DE MEDIOS MX publicó el reportaje La red política y criminal que asesinó a Elena Ferral, donde se expuso cómo personas de alto perfil político-económico arraigadas en el norte de Veracruz, usaron a policías y a reporteros en la logística del crimen. Ellos se hacían llamar el Grupo del Totonacapan.

En ese reportaje se exhibió la estrecha relación política entre el presunto artífice de todo: Basilio Picazo Pérez y la responsable de investigar el asesinato de Ferral, Marcela Aguilera Landeta (Fiscal de investigaciones ministeriales). Ambos políticos emanados del sector campesino del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Una persona importante en el crimen de Ferral, también prófugo, es Jaime Núñez Aróstegui, alias “El ingeniero”, quien, revelaron fuentes policiales, sería el dueño del arma que accionaron contra la reportera y es líder de un grupo de asaltantes y sicarios en esa región; además trabajó en el Ayuntamiento de Papantla en la dirección de Obras Públicas, en el gobierno de Mariano Romero.

La lista de prófugos la completa Luis Ángel “N”, alias “La Wicha”, presunto integrante del grupo liderado por Jaime Núñez. A estos nombres se suma el de Efraín Rivera, exregidor séptimo en Papantla. Él es un líder taxista que pertenece al grupo político de Basilio Picazo, quien impulsó su carrera. Rivera dirigió la comisión de Tránsito y Vialidad y fue detenido en flagrancia el 25 de abril de 2020 por la posesión de armas de uso exclusivo del Ejército.

Un año después, el 15 de mayo de 2021, a Rivera le fue ejecutada una orden de aprehensión por el asesinato de Ferral cuando salía del penal federal de Villa Aldama.

 

3.- Julio Valdivia Rodríguez, crimen ligado a hijo de diputado

Julio Valdivia, cubría nota roja en los límites de Oaxaca y Veracruz por un sueldo de mil pesos semanales. A bordo de su motocicleta, informaba de madrugada sobre asesinatos y secuestros en una región donde, a decir de reporteros, la agenda la dictaba la delincuencia organizada.

 

 

El cuerpo del periodista (partido en dos) fue encontrado el 9 de septiembre de 2020 sobre las vías del ferrocarril en Tezonapa, donde también radicaba. Su motocicleta fue abandonada sobre un riel; y su cabeza la arrojaron sus victimarios a diez metros de distancia, sobre la gravilla de ese lugar.

El 31 de marzo de 2022, la Fiscalía general de Veracruz, informó sobre la detención de Gustavo Abigail “N”, alias “El Pino”. Este joven político es hijo de Gustavo Díaz Sánchez, “El Gato”, diputado local de Oaxaca detenido en el municipio de Fortín el cuatro noviembre de 2021.

“El Pino” es considerado por autoridades estatales como principal lugarteniente del Cartel de Jalisco Nueva Generación en la zona limítrofe de Oaxaca (Cosolapa) y Veracruz (Tezonapa), donde Julio Valdivia trabajaba como reportero.

 

4.- Jacinto Romero; 2 regidores electos presos por su asesinato

Jacinto Romero, conductor de Oriesterio F.M. fue asesinado a balazos el 19 de agosto de 2021 cuando viajaba en su vehículo color rojo modelo Nissan March. El crimen se cometió alrededor de las 10:45 horas en el municipio de Ixtaczoquitlán, en la región de las Altas Montañas.

 

 

Romero Flores cubría información general y escribía la columna El enano del Tapanco. El periodista laboró por años en el Sol de Orizaba hasta que fue despedido por un recorte laboral. También colaboraba en un programa de radio llamado Dígalo sin miedo, con el antropólogo Jesús Lobato.

Por el crimen del comunicador de 60 años de edad hay cuatro personas detenidas, entre ellos dos regidores electos de Ixtaczoquitlán: Roberto Trinidad de la Cruz, de Morena y Patricio Alejando de los Santos Rosas, alias “Munrra”, de Movimiento Ciudadano (MC), presunto integrante del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A ellos se suman Casto N., hermano de la exsíndica del ayuntamiento de Ixtaczoquitlán, Cándida Ana Hernández Sánchez y Ana Laura N., una mujer cuya familia ha denunciado que se trata de un chivo expiatorio, pues su error fue haber estado cerca de la escena del crimen.

 

fp