Confirmada la detención de un expolicía estatal por un presunto caso de desaparición forzada ocurrido en 2013 en el municipio de Actopan, el Colectivo Buscando a nuestras desaparecidas y desaparecidos exigió que se aclare dónde están las víctimas.

Este domingo comenzó la audiencia donde se espera la vinculación a proceso del exefectivo de la Secretaría de Seguridad Pública, quien fue detenido hace unos días.

Con una manifestación afuera de los juzgados de las Salas de Juicios Orales en Pacho Viejo, la vocera del grupo, María Elena Gutiérrez, explicó que 5 jóvenes habrían sido privados de la libertad por elementos estatales entre los municipios de Actopan y Xalapa en el año 2013.

Se esperaba que detenidos fuesen trasladados al Cuartel de la Policía Estatal “Heriberto Jara Corona” en Xalapa, pero desde entonces se desconoce su paradero.

“Comprobar la desaparición forzada es bien difícil (…), el mismo gobierno protege y elimina las pruebas; logramos tener pruebas que demuestran la intervención de jóvenes por los policías”, señaló Gutiérrez.

Información reportada por las familias de los jóvenes señala que fueron detenidos y desaparecidos el 23 de noviembre.

Solo han identificado a dos, siendo José Manuel Hernández Ortiz y Julián Rosado Domínguez, en tanto que los tres restantes no se ha revelado la identidad.

“Es la época de Duarte; hay muchos casos de la época de Duarte, de Fidel Herrera, antes en Xalapa no se sabía de desapariciones y menos de desapariciones forzadas (…). No se acabaron con Yunes, en el periodo de Yunes también hubo desapariciones y ahora nos damos cuenta de que las desapariciones forzadas siguen”, dijo Gutiérrez

Por las presiones que ejercieron los colectivos, se logró que la Fiscalía General del Estado (FGE) ejercitara acción penal contra el elemento aun activo dentro de las filas de Seguridad Pública, el pasado 17 de mayo.

Este domingo, al cumplirse el plazo para resolver la situación jurídica del imputado y determinar si ha lugar o no a seguirle un proceso, los colectivos se apostaron con lonas y pancartas exigiendo la aplicación de la ley contra el elemento y que la Fiscalía cumpla con su trabajo

Apenas el 18 de mayo, el colectivo recriminaba en un posicionamiento público que las familias de las víctimas han vivido el ocultamiento de información por parte de diversas instancias y la falta de credibilidad de parte de las autoridades.

FP