Aunque no es una obligación que autoridades acepten recomendaciones de las comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos, expertos en este rubro coinciden en que no se debería demeritar el trabajo de los dos organismos autónomos por la opinión subjetiva o política de las instituciones.

De diciembre de 2021 a la fecha el gobierno del morenista Cuitláhuac García acumula tres recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que preside Rosario Piedra, la 146/2021, la 51VG/2022 y la 59/2022, por la violación de derechos a personas detenidas, donde se acreditaron actos de tortura y violación sexual.

Las tres recomendaciones se resolvieron de manera expedita y se repartieron en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE). La CNDH pidió implementar acciones de capacitación, reparación del daño y no repetición de hechos violatorios contra ciudadanos detenidos por la presunta comisión de un delito.

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez declaró que sólo se aceptaría la primera (146/2021), en la que se involucraron seis jóvenes que fueron detenidos en Xalapa el 21 de septiembre del 2021, por el delito de ultrajes a la autoridad (inválido desde el 28 de febrero del 2022).

En el caso de July “N”, sentenciada a 60 años de cárcel por el asesinato de la rectora de la Universidad Valladolid, Guadalupe Martínez (22 de junio del 2020), García Jiménez desestimó la recomendación 51VG-2022, por considerar “que los argumentos no son suficientes para atenderla”.

La recomendación de la CNDH acreditó que July, detenida el 6 de noviembre del 2020, fue abusada y torturada por policías ministeriales antes de ser presentada ante el Ministerio Público para cumplimentar la orden de aprehensión por el delito de homicidio doloso calificado.

En lo que respecta a la recomendación 59/2022, dirigida a la Fiscalía General, el mandatario recomendó a la titular, Verónica Hernández, a desestimar lo que llamó “supuestas violaciones” a los derechos de José Manuel del Río Virgen, exsecretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado -y de una menor autista-, porque dijo no se acreditaban los hechos.

A Del Río se le acusa de ser el autor intelectual del asesinato de Remigio Tovar, candidato a la alcaldía de Cazones de Herrera, asesinado el 5 de junio del 2021; él fue detenido el 22 de diciembre de ese mismo año.

 

 

Los especialistas Edgar Zavaleta, delegado estatal de Pro-Libertad y Derechos Humanos de American Global y Mónica Mendoza Madrigal de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo, Capítulo Veracruz observaron que no se le puede dar prioridad a una opinión política sobre la vulneración de los derechos humanos, aun y cuando las personas involucradas sean responsables de los delitos que se les imputan, pues las recomendaciones no los exoneran.

El pasado 12 de abril, Namiko Matzumoto Benítez presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos comentó que tanto la CEDN como la CNDH observan hechos o procesos que son violatorios de los derechos de los ciudadanos, por encima de valoraciones subjetivas u opiniones de actores políticos.

 

“A la comisión le corresponde verificar hechos concretos, por lo demás las opiniones que se puedan emitir al respecto son respetables. Nosotros no verificamos opiniones, porque es un tema personal subjetivo, a la Comisión le corresponde verificar hechos, y cuando hay hechos concretos que vulneran derechos humanos nos ocupamos del tema”, planteó ante medios de comunicación.

 

Monreal exhibe irregularidades en detención de 6 jóvenes

El 11 de noviembre de 2021 el senador de Morena, Ricardo Monreal denunció que policías de Veracruz estaban abusando de la figura del delito de ultrajes a la autoridad al crear “delincuentes” que eran internados en penales.

La participación del político llevó a que el tema se mediatizara, pues fueron constantes las quejas contra el Poder Judicial y la Fiscalía del Estado y se presentó una queja (el 24 de noviembre de 2021) ante la CNDH, que finalmente emitió la recomendación 146/2021 en diciembre.

 

 

Según la narrativa de la recomendación el tres de septiembre del 2021, seis jóvenes fueron intervenidos por igual número de policías de la secretaría de seguridad pública, luego de que un trabajador del restaurante, donde convivían, pidió apoyo a la SSP.

El trabajador, que además se presentó como testigo ante la CNDH, relató que uno de los jóvenes le estaba reclamando, por lo que pidió la presencia de la policía ya que temía por su integridad. Los elementos llegaron a esposar directamente a los jóvenes y los trasladaron a San José, alrededor de las siete de la noche.

Un día después los presentaron ante el Ministerio Público (MP) y estuvieron en las instalaciones de la Fiscalía hasta el seis de septiembre, cuando fueron trasladados al penal de Pacho Viejo. Se les vinculó a proceso por el delito de ultrajes a la autoridad el 11 de septiembre. Como pruebas del delito se presentaron 4 cuchillos y dos navajas.

 

¿Por qué se politizo el caso?

El doctor en Derecho, Edgar Zavaleta, consideró que el tema se “politizó” porque debió salir a medios de comunicación y redes sociales un político de otra entidad federativa, del mismo partido del gobierno en Veracruz, para defender a seis jóvenes

 

“Nosotros también tenemos senadores y diputados que no se involucran, sabemos que los derechos humanos son inherentes, desde que nacemos los tenemos, pero debemos conocer y saber que tenemos derechos constitucionales que también apremian”, dijo el delegado estatal de Pro-Libertad y Derechos Humanos de American Global.

 

El también presidente del Colegio Nacional de Abogados Juaristas opinó que más que politizar la recomendación, el Estado debe poner en práctica la defensa de los derechos humanos, y para eso se tiene a órganos como la CEDH, CNDH, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

 

“Aquí de primera instancia vino un senador que no es de Veracruz, a intervenir en un caso de ultrajes a la autoridad; se hizo un caso mediático para que la justicia reaccionara y se empieza a desencadenar una serie de situaciones.  Entendemos que lo político es una cosa, las políticas públicas son una cosa; pero las garantías constitucionales son otra, completamente ajena”, planteó

 

El Ejecutivo del Estado, dijo, debe “gobernar”, eso implica que es el responsable de la ciudadanía veracruzana y es quien debe garantizar la seguridad y los derechos humanos, incluidos, los de aquellas personas que están en la cárcel o en procesos legales por la comisión de delitos.

Es por eso que el abogado recomendó a García Jiménez salir a las calles para involucrarse y empaparse de lo que está sucediendo en la entidad.

 

July es condenada por jueces; y juzgada por el gobernador

La recomendación 51 VG/2022, emitida el 31 de enero de este año, acreditó el delito de violación sexual y tortura en contra de July N acusada de homicidio doloso calificado, contra la rectora de la universidad Valladolid, asesinada en junio del 2020.

La orden de aprehensión contra la joven se emitió el 30 de octubre del año pasado; fue entonces cuando nueve policías se trasladaron a la Ciudad de México a detenerla, en ese momento estaba en compañía de su cónyuge y sus dos hijos.

 

 

La joven fue trasladada de la ciudad de México a Xalapa el siete de noviembre. En el camino, acusó fue violada y torturada por dos de los siete elementos ministeriales. En la audiencia en la que la sentenciaron a 60 años de cárcel, identificó a uno de ellos y se lo notificó el juez.

En ese caso se iniciaron cuatro carpetas de investigación, en dos de ellas -presentadas en enero del 2021 contra los policías ministeriales- se decretó el no ejercicio de la acción penal. Sin embargo, se presentó una tercera denuncia en la Fiscalía de la Ciudad de México por el delito de tortura que sigue abierta. Además, del proceso penal por el que se le dictó una sentencia de 60 años por homicidio calificado.

Cuando se hizo pública la recomendación que sólo se dirigió a la Fiscalía, el gobernador Cuitláhuac García la desacreditó con el argumento que no estaba sustentada, y sugirió a la titular Verónica Hernández no aceptarla.

García Jiménez dijo que su gobierno no deseaba “avalar la violación al derecho de la víctima”, que, a su parecer, fue la rectora asesinada.

La CNDH lamentó el rechazo a la recomendación del gobernador Cuitláhuac García, acerca del caso de July Raquel, quien fue víctima de violación y tortura por parte de policías del estado.

En la recomendación se pide a la FGE proceder a denunciar e investigar la participación de 10 policías, a reparar el daño a July y pagar una indemnización por la violación a sus derechos.

Mónica Mendoza Madrigal, integrante de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo, Capítulo Veracruz, argumentó que luego de las recomendaciones de la CNDH, se ha ponderado el criterio político por encima de la vulneración de derechos que implica la acción judicial.

 

“Hemos observado que se está atendiendo el impacto político que pueden llegar a tener (las recomendaciones), y no así la respuesta de los procesos para llegar a atender el impacto que provoca en la violación de derechos de las personas, no sólo en el tema de ultrajes, sino en casos en donde las víctimas han contado con el apoyo de la comisión nacional, que ha sido sensible”.

 

Para Mónica Mendoza, la única salvaguarda en materia de derechos y ante el desacato o desatención de las autoridades, es llevar la recomendación al terreno de los medios de comunicación a fin de evidenciar la vulneración de los derechos. “Porque cuando ya no pueden aspirar a la justicia, por lo menos que la venganza sea una alternativa”.

Destacó que la politización de los derechos humanos solo desacredita a las instituciones, cuando para eso fueron creadas, “es por lo que la gente prefiere el juicio público, ante la no acción de las autoridades”.

 

“Son las propias autoridades las que mandan el mensaje que no se respeta la ley, y que no es su función procurar justicia y no les importa la realidad que prevalece en Veracruz en materia de derechos humanos”, argumentó la activista.

 

Juan Manuel del Río Virgen, también se le violaron sus derechos: CNDH

Al político se le detuvo el 22 de diciembre del 2021 por el homicidio doloso del candidato a la alcaldía de Cazones de Herrera, Remigio Tovar, asesinado horas antes de la elección del seis de julio de ese mismo año.

 

 

El Secretario Técnico del Senado fue intervenido por policías ministeriales en los límites de Veracruz y Oaxaca, cuando entró a la entidad con rumbo al municipio de Córdoba, ubicado en la zona centro de Veracruz.

Mientras transitaban en la Tuxtepec- Oaxaca, luego de cruzar el puente del Río Papaloapan, una camioneta de ministeriales salió de un camino de terracería y zigzagueó sobre la carretera con la idea de que salieran del asfalto, sin embargo, el conductor optó por detener la camioneta en la que viajaba el político con su familia.

Al momento salió una segunda camioneta que le cerró el paso en la parte trasera, y en seguida descendieron al menos ocho elementos con armas que apuntaban a los ocupantes de la unidad en la que viajaba el político con su familia, entre ellos una niña con espectro autista.

La Comisión estableció que no sólo se violó los derechos del político, sino de su hija, por lo que emitió la recomendación 59/2022. El gobernador García Jiménez calificó de "falsas" las denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos, a la seguridad jurídica, la libertad y de acceso a la justicia del funcionario del Senado.

 

 

 

FP