Abogados del Estado han evidenciado que jueces de Veracruz se han opuesto a liberar a acusados del delito de ultrajes a la autoridad tras la declaratoria de inconstitucionalidad de dicho tipo penal por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sin embargo, la magistrada Isabel Romero Cruz aseveró que dichos procesados ya están siendo liberados.

Ante la posibilidad de que genere responsabilidad penal, en entrevista la togada mencionó que se encuentra “tranquila”. 

Este martes el Congreso del Estado le otorgó una dispensa para mantenerse en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJE) y del Consejo de la Judicatura hasta el próximo mes de noviembre.

Posteriormente dijo que jueces locales sí están liberando a acusados por el delito de ultrajes a la autoridad después de la declaratoria de inconstitucionalidad que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Ya están saliendo; no tengo por el momento el número, pero ya se están llevando a cabo las audiencias”, indicó.

Abogados han evidenciado, incluso mediante videos de las audiencias, que autoridades jurisdiccionales están justificando la no publicación en la Gaceta Oficial del Estado de la declaratoria de inconstitucionalidad para mantener la prisión preventiva justificada.

Respecto a la posibilidad de que esta situación le genere una responsabilidad penal, afirmó que nunca se negó la liberación de detenidos:

“Yo me siento tranquila; he hecho buen trabajo creo yo y no he hecho nada malo, me voy con la frente en alta el día que me vaya”, aseveró.

Este medio publicó que días después de que el máximo tribunal del país notificó al Congreso de Veracruz la declaratoria de inconstitucionalidad al delito de ultrajes a la autoridad y ordenara su aplicación retroactiva inmediata para las personas detenidas bajo estos cargos, la jueza de control Mónica Segovia Jácome y la Fiscalía General del Estado evitaron que una extrabajadora de la propia FGE obtuviera su libertad por sobreseimiento. 

Incluso, un día antes de aquel 4 de marzo de 2022 que se realizó una audiencia de revisión de medida cautelar, se llevó a cabo una sesión en el Congreso del Estado, donde la Permanente “se dio por enterada”, del mandato del máximo tribunal judicial del país, que con el oficio 1972/2022 enviado en fecha 2 de marzo, cerró oficialmente la determinación.

Dichos trámites de nada sirvieron, pues al término de la audiencia la jueza Segovia Jácome determinó que Adriana Vichi Cruz, exjefa de la Unidad de Género de la Fiscalía, debería pasar un año más en la cárcel, lo que según la defensa de la procesada podría dar pie a una denuncia en su contra “por abuso de autoridad”.
 
Posteriormente y pese a la comunicación oficial de la Suprema Corte al Congreso y de este haberse dado por enterado, la jueza nuevamente pasó por alto la declaratoria general de invalidez, pues en una nueva audiencia de fecha 15 de marzo se negó a sobreseer el proceso, argumentando que el decreto que invalida al delito no ha sido publicado en la Gaceta Oficial del Estado.

“Hasta este momento, todavía el artículo no se encuentra derogado en su totalidad; hasta en tanto no se notifique al Tribunal Superior de Justicia y a nuestra Legislatura veracruzana para que se hagan las modificaciones y la derogación de dicho artículo, entonces se realizarán las prevenciones”, dijo la autoridad jurisdiccional, tal y como se puede comprobar en la grabación de la audiencia.