“No tenía nada que perder”, así resume Manuel su lucha de 7 años; tocando puertas con organismos defensores de derechos humanos para que atendieran su caso: el de un joven “fichado” por autoridades de Veracruz por ser positivo a VIH-Sida a quien nadie le da empleo.  

 

 

En la búsqueda de una solución a su situación laboral aparecieron personajes como Roberto Ramos Alor, secretario de Salud en Veracruz, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, en su periodo como diputada federal y los exalcaldes de Minatitlán y Coatzacoalcos Nicolás Reyes y Víctor Carranza Rosaldo. Todos esquivaron el problema de Manuel como si se tratara de una “papa caliente”. 

 

 

En su intento por dejar un precedente, y evitar que más personas sean discriminadas, el hombre de 46 años consiguió la publicación de tres recomendaciones de las comisiones estatal y nacional de derechos humanos, que han coincidido en los abusos en su contra.  

Recientemente, el 02 de marzo del 2022, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que preside Rosario Piedra, pidió al Senado citar a comparecer a tres alcaldes de Veracruz, dos de ellos para explicar la razón de no brindar la oportunidad de emplearse a personas como Manuel, que en Veracruz suman casi 10 mil casos, posicionándose en tercer lugar nacional, solo detrás de la Ciudad de México y el estado de México. 

 

Me boletinaron en todos los bares de Minatitlán

Manuel -nombre que se usará para resguardar su identidad-, se ganaba la vida hasta 2014 como mesero, pagó por 18 años las pruebas de VIH y solicitó permisos al Ayuntamiento de Minatitlán para trabajar en centros nocturnos. 

El control sanitario, que debía ser gratuito, se convirtió en un negocio para el municipio, pues desde boleteros, cadeneros, barman, papis (llamados así a quienes ayudan a cambiarse a las bailarinas), hasta las mujeres que bailaban u ofrecían sexo servicio, debían contar con la “boleta” para trabajar. Hecho que denunció y le costó amenazas de muerte.

Cuando se confirmó que era seropositivo la administración municipal de Minatitlán estaba a cargo del priista José Luis Sáenz Soto (2014-2017). Autoridades municipales lo “boletinaron” para no dejarlo trabajar en la demarcación, haciendo prevalecer el bien superior, según se justificó ante la CNDH, ante el riesgo de contagio a las personas que atendía en el bar.

 

“En Minatitlán estaba vigente un reglamento que decía que todas las personas que trabajaban en ese tipo de negocios tenían que someterse a pruebas de VIH. Un día, llegan dos inspectores al negocio donde yo laboraba, hablan con los dueños; piden que todo el personal debía tener la boleta para poder trabajar”.

 

Ante la necesidad del permiso Manuel acudió la clínica de la mujer a realizarse las pruebas; al día siguiente el personal del municipio de Minatitlán fue a notificar a los dueños del expendio que Manuel ya no podía trabajar ahí, pues era portador del virus de la inmunodeficiencia.

Violando su derecho a la confidencialidad, se quedó sin trabajo, sumado a que los dueños del bar informaron a todos los establecimientos de ese giro sobre su condición médica, y fue motivo suficiente para que nadie lo contratara.

 

“Tuve una reunión con la regidora Dulce María Ruíz Sánchez, le pedí un permiso para trabajar octubre, noviembre y diciembre, y después me salía de trabajar. En ese momento era su asesor Ramos Alor y él le dijo que no me diera la boleta ni el permiso, porque se iba a meter en problemas legales”.

 

 

El ahora secretario de salud valoró, en el 2014, que una persona portadora del VIH era un riesgo para la sociedad, por lo que recomendó no otorgar el permiso temporal; sin embargo, dos meses después, se le pidió ingresar a un Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), a cambio de la autorización para emplearse en algún bar.

Al obligarlo a notificar a su empleador que acudía a un Capasits revelaba su enfermedad y era motivo para que los dueños de centros nocturnos no lo dejaran trabajar en sus establecimientos.

Con ese documento, en el que se violaba el derecho a la confidencialidad de su enfermedad, recurrió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) que emitió la recomendación 36/2015, que fue aceptada por el alcalde priista José Luis Sáenz Soto, y que, a raíz de ello, cambió el reglamento municipal y se limitó a pedir la “tarjeta” sanitaria a meretrices y sexoservidoras.

Ya con anterioridad había recurrido a la CEDH, en el periodo de Luis Fernando Perera Escamilla, pero se negaron a aceptar la queja. Fue hasta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) lo remitió al órgano local, cuando se le dio seguimiento y se emitió la primera recomendación.

Tras ser diagnosticado con VIH/Sida también le detectaron hígado graso y estuvo internado un par de semanas, al salir del hospital se enteró de que no tenía donde vivir, pues al perder su trabajo, dejó de pagar al banco la hipoteca de la casa de sus papás y le fue embargada. 

Se quedó en la calle, hasta que un cliente que acudía frecuentemente al bar donde trabajaba lo apoyó a pagar un cuarto por dos meses. Ahí dormía en el suelo, en un espacio no mayor a los 16 metros cuadrados. 

 

“No tenía dónde vivir, no tenía dónde comer. Yo era un muerto viviente que andaba por las calles, porque los señores de Minatitlán me boletinaron para que nadie me contratara porque era portador del VIH”. 

 

Manuel comenta que en un momento tuvo contacto con la entonces diputada federal Rocío Nahle, a quien le expuso el constante rechazo del que fue víctima.

La morenista, que hoy ocupa la titularidad de la Secretaría de Energía, le ofreció gestionar un empleo de barrendero en el DIF de Coatzacoalcos a cambio de que retirara la queja que había interpuesto ante la CEDH.

Después de la primera recomendación se tuvo que ir de Veracruz, fue amenazado por exigir a las autoridades a garantizarle un trabajo. Viajó a Palenque, Chiapas, donde tampoco tenía dónde vivir; dormía en el parque hasta que encontró a una excompañera de trabajo de Veracruz que lo apoyó para recuperarse económicamente.

 

Volví a Veracruz, pero seguía siendo como una plaga por tener VIH

Para 2017 volvió a Veracruz. En ese año, la administración del morenista Nicolás Reyes, seguía pidiendo las boletas sanitarias para meseros, barman, boleteros y cadeneros, a pesar de que la ley ya no establecía esa obligación. Nuevamente le negaron el permiso para trabajar como mesero. 

Cuando acudió a Coatzacoalcos a buscar un empleo, tampoco se le dio la oportunidad. El entonces alcalde Víctor Carranza Rosaldo planteó que personas como “Manuel” son un riesgo de salud pública por vivir con el virus del VIH.

 

 

“(En Coatzacoalcos) argumentaban que al trabajar en bares yo me podía cortar y transmitir el virus del VIH a otros; Minatitlán, argumentaba que no se puede ponderar el derecho laboral humano por la salud colectiva del municipio. En pocas palabras yo era una plaga de exterminio para todo un municipio”.

 

Fue entonces que presentó una nueva queja ante la CEDH, esa llevó a la recomendación 49/2018, para los alcaldes Nicolás Reyes y Víctor Carranza Rosaldo, ambos de Morena, que incurrieron en discriminación y violaron su derecho al trabajo.

En ese caso, la CEDH pidió al municipio de Minatitlán reconocer a Manuel como víctima, gestionar atención médica y psicológica necesaria y pagar una justa compensación como reparación integral del daño, entre otras. 

 

“En Veracruz no hay justicia para sidosos”; abogados a Manuel

Antes de la segunda recomendación, Manuel vivía en la calle y sobrevivía de hacer mandados. Entonces acudió con el presidente de la barra de abogados de Coatzacoalcos, quien se negó a representarlo ante un juicio penal.

“Yo llegué todo mugroso, y el abogado me dijo: mire joven, para no quitarle su tiempo, no podemos aceptar su caso y le voy a decir por qué, porque en el Estado de Veracruz no hay justicia para un sidoso como usted. Me sentí una basura”, cuenta con la voz entrecortada. 

También buscó el apoyo de diputados locales de la comisión de Derechos Humanos, que se limitaron a enviar una recomendación a Víctor Carranza a quien le pedían aceptar la recomendación, por estar apegado a los tratados internacionales, sin incluir en el paquete al alcalde de Minatitlán.

Los dos alcaldes aclararon que no atenderían la recomendación, incluso, Coatzacoalcos buscó un amparo, por lo que un juez argumentó que Manuel representaba un riesgo para la salud pública, por lo que no debía trabajar en bares.

“Es cuando la síndica me responde que no hay ningún motivo para no dejarme laborar (en 2018). Cuántos años de mi vida pasaron para que me dijeran que podía trabajar, pero ellos no aceptaron la recomendación 49/2018).

Para ese entonces, ya había contactado a personas de la Ciudad de México, que lo apoyaron para exhibir la corrupción que prevalecía en el cobro de pruebas de VIH y la operación de centros nocturnos, en donde se les exigían permisos para trabajar.

 

 

Manuel dice que recurrió a la CNDH cuando los dos alcaldes de Morena se negaron a aceptar la resolución de la CEDH en la recomendación 49/2018; fue así como la CNDH emitió una tercera recomendación 53/2020 para Coatzacoalcos y Minatitlán, ahora por el organismo federal.

“Se determinó que fui discriminado por mi condición de salud (ser portador de VIH) y en mi derecho a trabajar. Pero, nuevamente, Víctor Rosaldo y Nicolás Reyes rechazan la recomendación, esa es la soberbia de los servidores públicos que debían velar por mis derechos humanos”.

Hoy que las autoridades municipales podrían comparecer ante el Senado, Manuel dice que ha valido la pena la lucha, pues él ya no tenía nada que perder, sin embargo, lo que determinó la CNDH permitirá a más personas tener un trabajo a pesar de su condición de salud, derecho que a él le han negado durante siete años. 

Cuenta que en la actualidad pasa la mitad del mes en hospitales atendiendo padecimientos que le han surgido a raíz de que es seropositivo, incluso, es sometido a dilataciones por diagnóstico de vejiga neurogénica, pagadas por el gobierno federal, luego de que fue incluido al Registro Nacional de Víctimas.

 

 

 

FP