“Buscar a mi hermana ha sido un calvario, ha habido muchas omisiones y no hay justicia”, habla Zaida Suárez Rivera, hermana de Ámbar Nayeli Suárez Rivera, estudiante de la Universidad Veracruzana (UV) que cumple ocho años de desaparecida.  

Cada 8 de marzo y 10 de mayo Zaida sale a marchar con su hijo portando una camiseta blanca con la fotografía de Ámbar, con la esperanza de obtener una sentencia para Francisco Javier “N”, expareja de la joven privada de su libertad cuando tenía 23 años.  

La estudiante de odontología desapareció el dos de octubre del 2013, justo después de recibir una llamada de su exnovio, Francisco Javier N., quien fue señalado por la familia como principal responsable, debido a que fue el último en verla.

Según las declaraciones de la familia, antes de que Ámbar desapareciera tuvo varias discusiones con su expareja, con quien llevaba separada cinco meses. Francisco Javier N., presuntamente la acosaba, hostigaba y llegó a agredirla físicamente. 

El día que Ámbar desapareció su expareja, quien trabajaba como médico en el IMSS “Adolfo Ruiz Cortines” de la ciudad de Veracruz, la citó a las afueras del Campus Mocambo, en Boca del Río, para darle un supuesto obsequio, luego de eso la familia jamás volvió a saber de ella, mientras que el presunto agresor se dio a la fuga.

La familia de Ámbar buscó por más de dos años el paradero del presunto culpable, hasta que fue localizado y detenido por elementos de la policía ministerial de Veracruz en Chalco, Estado de México, el 29 de mayo del 2016.

Francisco Javier N., lleva detenido casi cinco años por el delito de secuestro agravado bajo la causa penal 77/2016.

“No podemos creer que no haya una sentencia, a pesar de que hay pruebas como vídeos y geolocalización de celular. Ahora con la pandemia menos, para las autoridades fue súper favorable”, recrimina Zaida.

“A pesar de tantas pruebas no hay avance y cambian de fiscal. Quiero recalcar que la carpeta de investigación no se hizo en el mismo día de la desaparición, por el famoso “esperar 72 horas”, cosa que era mentira, a nosotros nos quisieron callar”, apunta.

Desde hace casi nueve años la familia de Ámbar levantó la voz para que la Fiscalía General del Estado (FGE) volteara a ver su caso; hicieron marchas, plantones, huelgas, convocaron a medios, locales y nacionales para encontrar a Ámbar, pero no hay resultados de su paradero.

Sin respuestas en el estado donde desapareció acudieron a instancias federales. “Tuvimos que ir a abrir una carpeta en México y así fue como se agilizó todo, porque si es por el estado de Veracruz no se hace nada”, declara la hermana. 

El caso de Ámbar es un reflejo del rezago que hay en las investigaciones contra agresiones a mujeres en el estado. 

De acuerdo a la solicitud de información 301146700014722 que E-Consulta Veracruz realizó, de un total de 365 denuncias por feminicidio entre enero de 2018 y febrero de 2022 se iniciaron 334 carpetas de investigación. De ese total solo en 161 casos se ejerció una acción penal, es decir, en un 48.2 por ciento. El resto quedaron en trámite o archivadas en gavetas de la Fiscalía. Abandonas. 

En lo que respecta a violencia de género, se abrieron 4 mil 27 carpetas de investigación, de los cuales solo se ejerció acción penal 2 mil 132 casos, el 52.94 por ciento. Los tipos de violencia que más denuncian son la física o psicológica; violencia económica o patrimonial; violencia obstétrica; en el ámbito familiar, institucional, laboral, en el ámbito educativo y feminicidio.

Pero la abogada de la organización Equifonía A.C., Adriana Fuentes Manzo, indica que ejercer acción penal por estos delitos no significa que se castigó a los culpables.

“Lo que te dicen es que uno; se mandó al archivo, esto quiere decir que te faltan cosas y que por el paso de tiempo puede ser que una de las partes ya no impulse, por lo que ya no se continuó; no ejercicio de la acción penal quiere decir que no encontraron el delito y las acumuladas e incompetencia es que no le correspondía a la dependencia”, explica la abogada.

Mientras que el ejercicio de la acción penal señala que fue favorable para las víctimas, pero esto no quiere decir que las más de 2 mil carpetas resultas signifique que las víctimas hayan tenido justicia.   

En el caso de Ámbar, Francisco Javier N., se ha negado a revelar su paradero. Su familia advierte que no descansará hasta tener una sentencia justa para el principal sospechoso de su desaparición.

“Van para nueve años y no podemos gritar sin que se nos quiebre la voz, tenemos la esperanza de encontrar a Ámbar con bien, queremos que los gobiernos nos ayuden de verdad y no den carpetazo”, concluye Zaida con la voz entre cortada.

CH