El único policía detenido por el homicidio del futbolista orizabeño Alexander Martínez Gómez, fue absuelto por un tribunal de Tuxtepec, Oaxaca, este 25 de marzo del 2022, a pesar de que se confirmó que su arma fue la que le quitó la vida.

De acuerdo con lo relatado por la familia, los tres jueces que resolvieron el caso determinaron que no hubo intensión de parte del elemento de la policía municipal de Acatlán de Pérez Figueroa, de disparar el arma que mató a Alexander.

El menor de edad pertenecía al Club Académicos de la Universidad del Golfo de México de Orizaba, institución donde estudiaba becado al 90 por ciento.

Teodoro Martínez Rodríguez, padre de la víctima, aseveró que la determinación de los jueces fue la culminación de un proceso que se llevó a cabo en medio de diversas inconsistencias por parte de autoridades municipales, estatales y del Poder Judicial.

“No nos callan, solamente que me maten”, afirmó el padre, quien adelantó que se presentarán una apelación a la sentencia la próxima semana, dentro de los plazos que contempla la ley y con apoyo de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

Por su parte, Virginia Gómez, madre del menor, acusó a las autoridades de revictimizar a su hijo durante todo el proceso y pretender mantener impune su crimen.

Trataron de sembrar arma al joven

Alexander tenía 16 años al momento de su muerte, pertenecía al Club Académicos de la Universidad del Golfo de México de Orizaba, institución donde estudiaba becado al 90 por ciento.

Su fallecimiento causó indignación entre la sociedad, luego que viralizarse un video en el que sus amigos y compañeros de equipo lo despidieron en la cancha de fútbol donde jugaba, llevando su féretro al frente de una portería y ovacionando su nombre en medio de llanto y gritos de justicia.

El homicidio de Alexander ocurrió el 9 de junio del 2020, cuando circulaba en motocicleta en la comunidad de Vicente Camalote, en el municipio de Acatlán de Pérez Figueroa y, según testigos, fue embestido por la patrulla 023 de la policía municipal.

Los padres del menor afirman que sus acompañantes relataron que uno de los policías identificado como Sergio N., alias “El Chita”, lo agredió y disparó en la cabeza con su arma de cargo, causando su muerte.
Vecinos de la zona atestiguaron la agresión, afirma la familia de Alexander, al ver lo ocurrido intervinieron para reclamar a los policías que al ver la turba huyeron del lugar.

Antes, testigos narraron que uno de los policías intentó sembrar un arma en la mano del menor, pero los reclamos de pobladores los hizo desistir.

Su madre, Virginia Gómez, dijo que en los hechos estuvieron involucrados cinco policías, quienes luego de la indignación social entregaron a Sergio N. ante las autoridades, como el elemento señalado por disparar.

Jueces desecharon pruebas

El 16 de junio fue imputado por el delito de homicidio por un juez de control, ninguno de los otros policías involucrados enfrentó algún proceso ante las autoridades, a pesar de la exigencia de la familia por ampliar las investigaciones.

En el desarrollo del proceso penal, los jueces desecharon la versión brindada por dos testigos presenciales de los hechos, así como pruebas en vídeo y fotografías presentadas por la FGE en la carpeta de investigación 18130/FCUEACATLÁN/2020.

En la sentencia, los jueces se determinaron que el policía municipal accionó el arma por accidente, después de que la escopeta se le cayó cuando fue atropellado por la motocicleta en la que circulaba Alexander, versión distinta a la narrada por testigos.

Alexis Martínez, hermano mayor del futbolista, relató que la defensa legal del acusado presentó un dictamen de balística inconsistente, pues aunque el perito respondió que no existían pruebas de que el arma había caído, en la sentencia los jueces relataron que así había ocurrido.

Otro dato que la familia encuentra inconsistente, es que la bala que lo mató entró en un ángulo recto en la cabeza, lo que muestra la premeditación al momento de accionar el arma.

Por su parte, el abogado Roberto Villanueva, quien acompaña a la familia en el proceso legal, señaló que la investigación realizada por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHO) determinó que el menor de edad fue víctima de una detención ilegal y, tras su crimen, se violó de manera sistemática el derecho a la justicia a sus familiares.

FP