En conferencia de prensa, Cuitláhuac García Jiménez desestimó algunas denuncias penales por tortura en Centros de Readaptación Social (Ceresos) en la entidad bajo su gobierno.

Luego de una investigación publicada a nivel nacional por Reforma, se evidenció que actualmente existen 146 carpetas de investigación abiertas por personas detenidas en Ceresos que acusan haber sufrido tortura dentro de las instalaciones en Veracruz.

El mandatario estatal fue cuestionado ante medios de comunicación por la situación a lo que respondió que existen protocolos para erradicar la tortura y aseguró que elementos de su gobierno no son cómplices ni facilitadores.

“Reforma ya sabemos de qué pie cojea”, declaró, y cuestionó si la investigación que pone bajo la lupa a su gobierno contemplaba un análisis de las personas que denunciaron, pues, según señaló, algunos podrían estar mintiendo.

“Ya se la saben algunos”, declaró sobre las personas detenidas (sin presumir su inocencia) que denuncian tortura: “Algunos delincuentes saben que si dicen me torturaron, si es mentira, lo hacen para que de pronto puedan acceder a que te violaron un derecho”.

García Jiménez respaldó su opinión con un caso en diciembre del 2021 en que un detenido acusó violación a sus derechos humanos y después retiró la denuncia penal porque se demostró que no era cierta su versión.

Mejores condiciones de trabajo y un mecanismo para adquirir vivienda propia, son algunoss de los beneficios a elementos de seguridad que el gobernador enunció como condicionantes para que su gobierno pueda exigirles apegarse a los protocolos de actuación.

“Nosotros tenemos autoridad moral”, dijo.

El caso del que parte la investigación que evidenció las denuncias penales por tortura en Veracruz, fue por la detención de July N, quien acusó haber sufrido tortura y abuso sexual por parte de ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE) tras ser detenida acusada del homicidio de Guadalupe Martínez, crimen ocurrido cerca de Xalapa en junio del 2020.

Dicha versión fue respaldada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que emitió la recomendación con folio 51VG/2022 al gobierno de García Jiménez y a la FGE de Veracruz el 10 de febrero del 2021.

Tanto el gobernador, como la fiscal Verónica Hernández Giadáns se negaron a aceptar la versión de la CNDH.

“Se está analizando, es extraño que se nos señale a nosotros porque la detención no la hicimos nosotros ni tampoco la Fiscalía General del Estado, ni tampoco la Secretaría de Seguridad Pública”, dijo el mandatario ante medios de comunicación.