El diputado Juan Javier Gómez Cazarín justificó que el delito de ultrajes a la autoridad está vigente en 18 estados del país y para el caso de Veracruz, existe en el Código Penal desde el 2003, por lo que no fue Morena el partido que impulsó el tipo penal.

En entrevista, señaló que el Movimiento por la Justicia, dado a conocer este sábado en la capital del estado y donde se congregaron políticos, abogados y académicos, está encabezado por “políticos viejos”.

Al respecto, afirmó que no fue Morena quien propuso la incorporación del tipo penal al Código de Veracruz, por lo que dijo que es muy sospechoso que solo se hable de lo que ocurre en el estado con este delito.

“Fue algo impulsado por ellos mismos y como senadores deben saber que esta modificación al Código la manifestaron 18 estados de la República Mexicana, no solamente fue aquí en Veracruz.

“Lo raro es que solo se vinieron a fincar aquí en Veracruz y no han hecho desde el 2003 ninguna manifestación en el país”, sostuvo.

Cabe destacar que, si bien es cierto que el delito de ultrajes está presente en el Código Penal de Veracruz, también lo es que, respecto a las sanciones, que van desde los seis meses hasta los 7 años de cárcel, fueron propuestas de Morena.

Lo anterior es así, puesto que las dos últimas reformas se dieron a partir del 2020, es decir, cuando ya gobernaba este partido. Una de esas modificaciones al Código se formalizó el 3 de julio de 2020 y la otra, que amplió las penas y los supuestos, el 11 de marzo de 2021.

Sin embargo, el legislador reiteró que no fue idea de su partido y agregó que el movimiento encabezado por Dante Delgado Rannauro es completamente político y buscar sacar “raja” de los hechos que actualmente envuelven al estado.

“Yo nunca he visto a ninguno de esos senadores haciendo propuestas para mejorar el ambiente aquí en Veracruz, solamente van y quieren sacar raja política de cualquier asunto”, sostuvo.

Gómez Cazarín sostuvo que no hay fecha para sacar adelante la reforma propuesta por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez para derogarlo como lo mandató la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Y aunque indicó que ya tuvo un primer acercamiento con los coordinadores de las bancadas, apenas van a “platicar con todas las corrientes políticas” del estado para conocer el futuro de la reforma en torno a este tipo penal aún vigente.