El primero de enero de 2022, entraron en funciones 208 nuevos alcaldes, así como cuatro concejos municipales. Las 212 administraciones salientes tenían la obligación de realizar el proceso de entrega recepción con los que llegaban. Sin embargo, seis exalcaldes incumplieron con ese trámite y eso los pone en riesgo de enfrentar procesos administrativos y penales.

De esos seis municipios involucrados, tres comparten un común denominador: los alcaldes salientes fueron sucedidos por sus hermanos o padres, quienes solaparon el incumplimiento de dicho proceso y no denunciaron.

El viernes cuatro de febrero, en conferencia de prensa, la auditora general, Delia González Cobos, confirmó que las autoridades salientes de los ayuntamientos de Aquila, Otatitlán, Uxpanapa, Zacualpan, Mixtla de Altamirano y Coyutla no cumplieron con el proceso que marca la ley.

 

 

En el caso de Aquila: la exalcaldesa del Partido Verde, Jovita Ramírez Limón, incumplió con la entrega-recepción a su hermano, Inocencio Ramírez Limón, que entró en funciones abanderado por el partido Redes Sociales Progresista (RSP), partido que perdió el registro.

En Mixtla de Altamirano se repitió el fenómeno. El presidente del concejo ciudadano, Crispín Hernández Sánchez, nombrado por el Congreso local luego del asesinato de Marisela Vallejo Orea, no entregó la documentación a su hermana, Norma Hernández Sánchez, electa por Morena.

Y en Coyutla, Jesús Antonio Picazo Gutiérrez -que ganó por el PRI-, incumplió la entrega-recepción a su padre, José Benito Picazo, tres veces alcalde, que en esta ocasión llegó impulsado por Movimiento Ciudadano (MC). 

La titular del ORFIS, Delia González Cobos advirtió que pondrán especial atención en la revisión de la cuenta pública 2021, que tendrá que recibir antes del 30 de abril de este año.

 

“El caso debiera ser atendido a través de esta disposición para que se presenten las denuncias penales para que la responsabilidad penal se atienda, porque no podemos permitir que tranquilamente quienes estaban en los cargos se vayan sin atender estas disposiciones”, indicó.

 

¿Qué establece la ley?

La Ley 336, publicada el 16 de octubre del 2017, establece que la entrega-recepción es un proceso administrativo de interés público y de cumplimiento obligatorio, con motivo de un cambio de administración o de la separación del cargo, que se formaliza a través de un Acta Circunstanciada;

El acta es un documento en el que se hace constar la transmisión de los bienes, recursos, derechos y obligaciones institucionales, señalando las personas que intervienen y la relación de documentos anexos.

La ceremonia de protocolo, dice el artículo 19, se realiza el día primero de enero en que se instale el nuevo Ayuntamiento. El presidente municipal, lo presidirá; acompañado del síndico, como vicepresidente; el titular del Órgano Interno de Control, quien fungirá como secretario técnico; y los regidores.

Declarado electo el nuevo Ayuntamiento por resolución de los tribunales, el presidente municipal electo comunicará al Ayuntamiento en funciones, los nombres de las personas que conformarán el Comité de Recepción, que se encargará de revisar la información y la integración de documentos relativos al proceso de rendición de cuentas.

Los Comités de Entrega y de Recepción se reunirán por lo menos una vez, previamente a la instalación del nuevo Ayuntamiento, a partir del 1 de diciembre del año de la transmisión de poderes.

 

Los municipios que están en la mira

1.- Aquila, está ubicado en la región de las montañas del estado, con una extensión territorial apenas superior a los veinte kilómetros y una población cercana a los dos mil habitantes, con alto grado de marginación y pobreza.

Su presupuesto anual, al menos en 2022, es de 20 millones 981 mil pesos. Fue administrado en el periodo 2018-2021 por Jovita Ramírez Limón, impulsada por el partido Verde.

 

 

La alcaldesa debía entregar la documentación a su hermano Inocencio Ramírez Limón, que ganó por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP). Ese municipio fue administrado por Cándido Ramírez Limón (2005-2007), otro hermano de la dinastía Ramírez impulsado por el PRI.

Jovita Ramírez y su esposo, el síndico Armando Alonso, fueron denunciados por la instalación de un tiradero clandestino, en un terreno de su propiedad, en donde presuntamente tiraban desechos de municipios como Córdoba.

Además, el municipio tiene observaciones pendientes de solventar de la cuenta pública 2019, por 149 mil 108 pesos; en la cuenta del 2020 el monto del daño patrimonial subió a 408 mil 448 pesos. 

 

2.- Mixtla de Altamirano era administrado por Maricela Vallejo Orea, asesinada el 24 de abril del 2019. Aunque intentó tomar protesta la alcaldesa suplente, el Congreso ordenó la desaparición de poderes y nombró a un concejo ciudadano.

El grupo estaba encabezado por Crispín Hernández Sánchez, que realizaba las funciones de presidente y estaba vinculado al partido Morena. El político fue señalado, por los pobladores, de enriquecerse a su llegada al cargo.

 

 

Morena impulsó a su hermana Norma Estela Hernández Sánchez, quien ganó la alcaldía y será la responsable de solventar el manejo financiero de tres millones 135 mil pesos observados en 2019; seis millones 72 mil pesos del 2020.

El municipio, que estuvo en el ojo del huracán por los últimos tres años, tiene un presupuesto anual de 70 millones 890 mil pesos, y ahora forma parte del legado de los hermanos Hernández Sánchez.

 

3.- Coyutla, que se encuentra en la zona norte del estado de Veracruz, en la región llamada el Totonacapan, es un municipio de alta marginación y fue administrado por Jesús Antonio Picazo Gutiérrez, postulado por el PRI.

 

 

El papá del ahora alcalde, José Benito Picazo Pérez, que ha repetido en la alcaldía por tres periodos, no entregó la información financiera del Ayuntamiento.

El municipio tiene observaciones del año 2019 por 18 millones 770 mil pesos; para el 2020 el monto fue de 18 millones 673 mil pesos. Ese municipio recibe un presupuesto anual superior a los 80 millones de pesos.

 

4.- Otatitlán está ubicada en la zona centro, región Papaloapan del Estado. El alcalde saliente es Abel Cuevas Palmero (PRI). El municipio tiene un presupuesto anual de poco más de 30 millones de pesos.

 

 

Ya en el pasado Morena denunció al priista por usurpar funciones. En ese entonces Ademar Domínguez, lo acusó de no estar preparado para ejercer la profesión de médico cirujano.

Ahora será denunciado por Olga Jared Manzanilla Medina (Morena), que ganó por mil 685 votos. El municipio fue observado por el manejo de 5 millones 673 mil pesos en el 2019; y por 3 millones 174 mil pesos en 2020.

 

5.- Zacualpan se ubica dentro del distrito electoral III, cuya cabecera es la ciudad de Chicontepec. El municipio tiene poco más de seis mil habitantes.

En el periodo 2018-2021 fue su administradora Carina Lugo Barrón que llegó con el apoyo del (PRD). Su presupuesto para este 2022 fue de 48 millones 192 mil pesos.

 

 

La perredista ya había sido observada en 2019 y 2020 por el manejo de dos millones 337 mil y seis millones un mil pesos, respectivamente. Ella debía entregar la administración a Fernando Luna Solís que se pasó del PRD a Morena.

El edil no rindió protesta de ley el 01 de enero, debido a que presentó síntomas de covid, y dio positivo a la prueba, sin embargo, la nueva administración empezó a trabajar desde el primer minuto del 2022.

 

6-. Uxpanapa era administrado por Esteban Campeche Rincón, del extinto partido de Nueva Alianza, que no entregó la información administrativa y contable a Alonso Jaime Ayala, emanado de las filas del PAN.

 

 

Campeche Rincón ya tenía observaciones por el manejo financiero de 27 millones 331 mil pesos y 24 millones 684 mil pesos en los años, 2019 y 2020.

El municipio que está situado en la Región Olmeca al extremo sureste del territorio estatal tiene un presupuesto anual de 98 millones 262 mil pesos.