La Fiscal General, Verónica Hernández Giadáns olvidó su promesa de combatir frontalmente el feminicidio con un órgano especializado para tal fin y pidió a los diputados no aprobar las Fiscalías Especializadas en este delito ni en crímenes de odio sin antes consultarla.

Pese a ello, los diputados del Congreso del Estado deben hacer valer su autonomía y aprobar estos órganos impulsados por la sociedad civil organizada, afirmaron activistas de derechos humanos, quienes calificaron de “osada” la postura de la titular del órgano autónomo al demandar a los legisladores no hacer reformas a la estructura orgánica sin dotarle de más recursos.

Al respecto, el presidente de la Coalición Estatal LGBTTTI y de Contigo México A.C., Benjamín Callejas Hernández, dijo que pese al rechazo de Hernández Giadáns, las Fiscalías Especializadas sí son necesarias según lo demuestran estadísticas oficiales respecto a los pocos resultados en las investigaciones por crímenes de odio y feminicidios.

Igualmente, la Directora del Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio, María de la Luz Estrada Mendoza, recordó a la fiscal que su obligación por ley es brindar justicia a todas las personas, incluidas las mujeres, sin poner de pretexto la falta de presupuesto.

UNA PROMESA OLVIDADA

Apenas un mes y dos días después de llegar a la FGE, Verónica Hernández Giadáns se comprometió el 5 de octubre de 2019 a crear la una fiscalía especializada en combate al feminicidio, ello tras criticar “el desinterés” por procurar justicia a las mujeres.

Su promesa ha estado llena de claroscuros, hasta que llegó al punto de solicitar a los diputados que no creen fiscalías especiales en estos dos delitos.

Primeramente, el Congreso respaldó la posición feminista de la fiscal general al reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, donde se estableció que las fiscalías deberían funcionar en los 212 municipios y dando como plazo el último mes del 2020 para su creación.

Sin embargo, el festejo duró poco, pues a un mes de cumplirse el plazo, la fiscal salió al paso y criticó que los legisladores la dejaron con la carga de las fiscalías y no autorizaron presupuesto extra para ello, por lo que no fue creada una sola.

El asunto estalló este lunes durante la comparecencia de Hernández Giadáns ante los legisladores, donde reprochó que la creación de nuevas fiscalías, tanto en combate al feminicidio como de crímenes de odio va de la mano con más recursos.

Recriminó que contratar a un solo fiscal representa un gasto de entre 400 a 500 mil pesos y si además se toman en cuenta los gastos que implica poner a funcionar las fiscalías especiales en cada municipio, ello implicaría paralizar todo el trabajo, para solo poner a funcionar estas instancias.

A la par, Hernández Giadáns reclamó que los diputados lleven a cabo proyectos de ley o de reformas a la Fiscalía General sin que sea tomada en cuenta y “sin contemplar el presupuesto”.

“No en todos los 212 municipios hay incidencia afortunadamente de violencia contra las mujeres. Habría fiscalías especializadas que no tendrían razón de ser en un municipio en donde no hay violencia contra la mujer”, dijo.

La fiscal dijo que el camino no es crear nuevas fiscalías sino mejorar las que ya existen y admitió que al ser imposible cumplir esa ley, lo óptimo sería trabajar en reformas en las que sí puedan alcanzarse estos objetivos.

CRITICAN POSTURA DE LA FISCAL

Al paso de esta posición, salieron defensores de derechos humanos, entre ellos Benjamín Callejas Hernández, activista LGBT+ quien dijo que las declaraciones de la fiscal son muy “aventuradas” y ella es la primera que debe saber que las leyes están para cumplirse.

Sostuvo que, si bien respeta la postura de Verónica Hernández, esta no debe olvidar que hay consenso de todas las bancadas para impulsar una fiscalía especializada en crímenes de odio, lo que significa que reconocen la problemática que representa en la entidad.

El activista criticó que desde que Hernández Giadáns llegó al cargo, se le hizo saber de las condiciones en las que vive este sector por los más de 140 crímenes de odio que no han sido aclarados, por lo que la nueva postura de la fiscal resulta extraña para los grupos vulnerables.

Callejas Hernández advirtió acerca de la gravedad de que la Fiscal General minimice las estadísticas oficiales tanto en crímenes de odio o feminicidio, tipificándolos dentro de un tipo penal absoluto -homicidio doloso-, invisibilizando ambas problemáticas.

Criticó que encima de eso, la servidora pública presuma capacitaciones en la materia para la atención de estos casos, cuando en los hechos no hay personal sensible.

Recordó el caso de una trabajadora sexual trans a la que pretendían echar a la fosa común al no haber sido reclamada por familiares y pese a que sus compañeros de colectivos pidieron su cuerpo.

“Yo creo que no ha de querer la fiscal que le toquen el presupuesto que ya está asignado, pero ni modo, si el Congreso mandata tendrá que optimizar el recurso y destinarlo a lo que históricamente es una demanda social no solo de diversidad sexual sino también de las compañeras feministas”, dijo.

Benjamín Callejas calificó de omisa a Hernández Giadáns pues no solo, dijo, ha desdeñado a los colectivos de diversidad sexual, sino que también ha hecho lo mismo con las madres de personas desaparecidas, con feministas y con otros sectores.

Acotó que, en lugar de confrontarse con los diputados por haber aprobado la creación de fiscalías especializadas en combate al feminicidio, debió llegar con la planeación del proyecto y explicar cuánto presupuesto más necesita para ponerlas en marcha, máxime que se pueden hacer modificaciones al Congreso.

“Si lo mandata la ley ella tendrá que adecuar su presupuesto para destinarle a estas unidades y tenerlo contemplado para el siguiente ejercicio, lo que está dando a entender es un rotundo no. Creo que alguien ha estado asesorando mal a la fiscal”, acotó.

Por otro lado, al destacar que Veracruz es de los estados más peligrosos para las mujeres en materia de violencias contra las mujeres, la activista María de la Luz Estrada recriminó que a Verónica Hernández le hayan bastado dos años para olvidar su promesa, sobre todo cuando la entidad tiene vigentes dos declaratorias de alerta de género, por feminicidios y por agravio comparado.

Además, la Directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio agregó que el grupo de trabajo de la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las Mujeres (CONAVIM) ha identificado que la entidad es un estado de alta criminalidad para las féminas, de ahí que se contemple una tercera alerta.

“Si se está hablando de que, si son necesarias las fiscalías especializadas de las mujeres, son necesarias”, dijo.

La activista sostuvo que no se puede poner la falta de recursos como pretexto, pues si bien el Congreso debe dotar de dinero suficiente al órgano autónomo, primeramente, la FGE debe generar las condiciones para que las mujeres no queden desprotegidas y generar a su vez un diagnóstico que permita saber cómo se encuentra la Fiscalía en torno de atención a las mujeres.

Indicó que de determinar que no son necesarias las fiscalías en cada municipio, sí resultaría necesario que las regionales cuenten con unidades especializadas que sean coordinadas desde el mando central, lo que tampoco acontece.

“La fiscal no puede decir eso -que no crea fiscalías por falta de dinero-. La fiscal tiene que decir ‘yo hice un diagnóstico de la necesidad que hay en materia de violencia a las mujeres y es esto’”, sentenció.

“Eso no implica que la fiscalía con sus recursos y si es una obligación proteger y garantizar la vida de las mujeres que está colapsado porque a las mujeres las matan por su condición de género, la fiscal debe, con los recursos que tiene, proteger a las mujeres porque esa es su obligación.

“Imagínate a todas las fiscalías van a decir ‘no voy a hacer nada porque no me dan los millones’, eso no puede ser un planteamiento de la fiscal”, criticó.

La Directora del Observatorio reiteró que Veracruz tiene un grave problema en feminicidios y desapariciones de niñas y mujeres, contexto que debe entender Verónica Hernández para empezar a garantizar las condiciones para estas, sin embargo, sin el diagnóstico mencionado y con una clara coordinación, no podrá fortalecer a la procuración de justicia.

Planteó que, para el caso de los diputados, estos deberían exigir esa radiografía de cómo se encuentran las fiscalías especializadas y qué se requiere para su mejoramiento, pero que contenga la forma en cómo la FGE está atendiendo los asesinatos, los crímenes de violencia sexual, cómo se coordinan, cómo se da respuesta y cuáles son las necesidades.

“Pero a la vez el Congreso debe exigir a la Fiscalía que está obligada a avanzar con los recursos que tiene. Hay fiscalías que tienen mucho dinero, pero no solo es el dinero, es voluntad jurídica”.

Finalmente, reiteró que la postura de Hernández Giadáns es grave, pues ella no puede condicionar la impartición de justicia justificándose en la falta de dinero.

Cabe destacar que tan solo en 2021, el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana (UV) contabilizó un total de 81 feminicidios en las tres regiones del estado, siendo la zona centro la que más incidencia ha presentado.

Sin embargo, las cifras que la Fiscalía ha enviado a la federación para el concentrado nacional indican que solamente tipificó 69 de estas muertes como feminicidio.

De acuerdo con las cifras que la administración actual toma como oficiales, se han registrado a lo largo del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez 264 feminicidios.