Xalapa, Ver. – A raíz de numerosas críticas por la reforma al delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz, que ha provocado detenciones arbitrarias, el gobernador Cuitláhuac García aseguró que su propuesta fue enviada al congreso en otro sentido y que ahí sufrió alteraciones previo a ser aprobada. 

Esto dijo el mandatario tras ser cuestionado si derogará a la brevedad la numeral 331 del código penal vigente en el estado, tal como lo pidió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su recomendación 146/2021, “a fin de prevenir nuevas violaciones a derechos humanos”. 

García Jiménez explicó que sigue en análisis con un grupo de asesores para determinar cómo atenderá dicha recomendación que surgió tras la detención de seis jóvenes en una plaza comercial de Xalapa el pasado tres de septiembre de 2021. 

Sobre la petición de derogar la numeral 331 sostuvo: “Yo no hago la ley, yo mandé la ley en otro sentido, que se aclare pues. La instancia, que es el congreso, ahí que se haga el debate y que determinen”. 

Cabe mencionar que, el 11 de febrero de 2021, el gobernador envió al congreso local una iniciativa de Decreto para reformar algunos delitos, entre ellos el de ultrajes a la autoridad. La propuesta de García Jiménez fue la siguiente:

“Se le impondrán de cinco a ocho años de prisión y multa de cien a doscientas veces el valor de la unidad de medida y actualización diaria, a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas”. 

Dicha propuesta fue turnada y analizada por la comisión de Seguridad Pública, integrada en la pasada legislatura por los diputados: Carlos Manuel Jiménez Díaz, José Manuel Pozos Castro y Nora Jessica Lagunes Jáuregui. 

Ellos, previo a enviarla a votación con el pleno del congreso, le hicieron las siguientes modificaciones a la propuesta del gobernador. 

Artículo 331.-Se impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de diez a cuarenta veces el valor de la unidad de medida y actualización diaria, a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas. Se le aplicará al responsable de este delito, además de las sanciones anteriores, de cinco a siete años de prisión, cuando se actualicen cualquiera de los supuestos siguientes:

I. Se realice por una o más personas armadas o portando instrumentos peligrosos;
II. Se realice por medio de cualquier tipo de violencia contra la víctima;
III. Que el sujeto activo manifieste ser miembro de una pandilla, asociación delictuosa o de la delincuencia organizada, real o ficticia o que por cualquier medio manifieste la intervención de estos grupos en la comisión del delito; o
IV. Que se realice a través de cualquier otra circunstancia que disminuya las posibilidades de defensa o protección del sujeto pasivo o lo ponga en condiciones de riesgo o desventaja.

Estas modificaciones fueron duramente criticadas por abogados quienes consideran que son inconstitucionales debido a que violentan los principios de taxatividad y non bis in ídem. El primer principio hace referencia a que toda ley penal debe ser clara y concreta sin lugar a ambigüedades y el segundo que nadie puede ser castigado dos veces por el mismo hecho.

En entrevista con E-Consulta Veracruz, la académica Rosa Hilda Rojas Pérez y los abogados penalistas: Celestino Espinoza Rivera y Luis Alberto Martín Capistrán, coincidieron en que el delito de ultrajes a la autoridad atenta contra los derechos humanos, por lo que en Veracruz en vez de reformarlo para ampliar sus agravantes se debió derogar como sugirió desde 2016 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Aunado a la opinión de los expertos en la materia, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) presentó una acción de inconstitucionalidad el 12 de abril de 2021, a un mes de que se aprobaran las modificaciones al código penal. 

Dicha acción fue admitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 19 de abril del mismo año; en esa ocasión se acumuló otra acción de inconstitucionalidad promovida por la minoría legislativa del congreso y turnada al ministro, Jorge Mario Pardo Rebolledo. A la fecha la corte no se ha posicionado al respecto.