El juez de control Francisco Reyes Contreras, quien dictó auto de vinculación a proceso a José Manuel del Río Virgen, reconoció y resolvió que en la carpeta de investigación no existe ninguna prueba que lo señale a José Manuel del Río Virgen como autor intelectual del homicidio de René Tovar, excandidato a presidente municipal de Cazones de Herrera.

Así lo documentó la Comisión Especial para determinar presuntos abusos de las autoridades y la violación de del estado de derecho en Veracruz, que este jueves dio a conocer públicamente parte de sus hallazgos.

Entre estos, se informó que no existe hecho, prueba o testimonio que lo vincule de forma alguna con lo que se le acusa, en contravención a diversos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales.

La comisión del Senado indica que la imputación que se le hace a quien fuera secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) se sostiene únicamente a partir de conjeturas y sin ningún elemento de convicción objetivo que siquiera ponga en tela de juicio su derecho a la presunción de inocencia.

Derivado de lo anterior, se afirmó que el juez Francisco Reyes violentó el principio in dubio pro reo, que señala que en caso de que exista duda o no haya elementos suficientes para considerar que el procesado cometió un delito, se tiene que resolver siempre a su favor.

Además, se halló que violentando el principio de mínima intervención, el juez planteó alrededor de siete teorías para sostener dicha imputación, sin embargo, fueron argumentos que en ningún momento fueron planteadas por los fiscales en la audiencia, en la petición de orden de aprehensión o en la misma imputación, realizando funciones que no le corresponden.

Más grave aún resulta la posibilidad de que la determinación de vincular a proceso a Del Río Virgen era ya una consigna e incluso los argumentos se los dieron ya escritos al juez, pues la Comisión indica que al momento de tomar la decisión de vincularlo a proceso, “el juez se limitó a dar lectura de sus argumentos, lo que realizó con notorias dificultades, por lo que válidamente se puede inferir que claramente desconocía el contenido de dicho documento”, es decir, que no fue una sentencia dictada por él.

“El pronunciamiento no expresa absolutamente nada sustancial para el fondo del asunto y es de extrañarse que le haya tomado más de cuatro horas en ‘prepararlo’, lo que llevó a una mayor demora de su resolución”.

De acuerdo con la comunicación vertida por la comisión, estos hallazgos confirman y demuestran que las imputaciones que se le realizan se basan simplemente en conjeturas, contraviniendo las disposiciones constitucionales aplicables al debido proceso.

“La detención del secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, es una muestra más del abuso de poder de las autoridades estatales”, señala el comunicado.

La Comisión Especial para el caso, advirtió que seguirá adelante con la labor de documentar todos los casos de probable abuso de autoridad en el estado de Veracruz, en estricto apego constitucionales a sus facultades.