La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación al Gobierno de Veracruz, señalando la detención “ilegal e injustificada” de los 6 jóvenes en Xalapa acusados de ultrajes.

El organismo pidió al gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, iniciar el proceso legislativo para derogar el delito de ultrajes a la autoridad.

La CNDH dirigió la Recomendación 146/2021 al Ejecutivo por violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la libertad personal, derivadas de la detención arbitraria y la imputación indebida de hechos y de personal adscrito a la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV).

Cabe recordar que policías señalaron que los 6 jóvenes detenidos el pasado 3 de septiembre los agredieron con un cuchillo. El caso cobró relevancia mediática luego de que el Senador, Ricardo Monreal, señaló públicamente que se trataba de un hecho injusto e inclusive visitó a los detenidos en el penal de Pacho Viejo, en Coatepec.

La Comisión Nacional refirió que recibió las quejas de seis personas mientras se encontraban privadas de su libertad, quienes fueron detenidas el pasado 3 de septiembre del 2021 en las inmediaciones de un centro comercial de la ciudad de Xalapa, por varios policías de la SSP de Veracruz, entre los que se encontraban personas encapuchadas.

Posteriormente, los detenidos fueron acusados de ultraje a la autoridad por atacar a los policías con cuchillos, razón por la cual el Juzgado Estatal 1 calificó como legal la detención y los vinculó a proceso.

El organismo integró el expediente y logró recabar pruebas y evidencias suficientes para acreditar que se violaron derechos de las víctimas, debido a que los elementos de la SSP del estado no se apegaron a los lineamientos constitucionales y convencionales para la privación de la libertad de cualquier persona, y a que su detención se ejecutó sin orden de aprehensión, ni se acreditó flagrancia o caso urgente.

“La Comisión Nacional considera, además, que se vulneró el derecho humano de acceso a la justicia al no existir, por parte de las autoridades responsables de la FGEV, una valoración objetiva de las evidencias contenidas en el proceso penal, ya que no existe ninguna duda de que la puesta a disposición de los elementos de la SSP de Veracruz se apartó de la verdad, lo cual resulta en una imputación indebida de hechos y, a pesar de ello, se ratificó la resolución de mantener a las víctimas en prisión preventiva”.

La CNDH exhibió que las autoridades desestimaron pruebas ratificadas, reiteradas y dictaminadas como ciertas. Considera también que hay, por parte de las personas servidoras públicas responsables, una falta de compromiso con la cultura de la legalidad, así como incumplimiento en las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. 

Al requerir que se proceda a la reparación del daño ocasionado, la CNDH requirió además que las autoridades recomendadas colaboren en las quejas que el Organismo Nacional promueva ante la Contraloría General del estado y la Contraloría General de la Fiscalía de esa entidad, “para que se proceda en contra de las personas servidoras públicas que incurrieron en responsabilidades administrativas”.

Igualmente, pidió también que se colabore en la presentación de una denuncia de hechos ante la misma FGEV para que se proceda penalmente en contra de quienes resulten participantes en los hechos referidos en la Recomendación.

“Se solicita al gobernador constitucional de Veracruz que, de manera particular, accione el procedimiento legislativo en el estado, a efecto de proponer la derogación del numeral 331 del Código Penal para el estado, a fin de prevenir nuevas violaciones a los derechos humanos en beneficio de la población residente o que transita en la jurisdicción de esa entidad”.

POLICÍAS PERDIERON A SUPUESTA VÍCTIMA DE JÓVENES

Este medio documentó que los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que acusaron a seis jóvenes de ultrajes a la autoridad “perdieron” a la persona que aparentemente había sido amagada por los ahora liberados gracias a un amparo y aunque les pidió ayuda, no se la brindaron al no saber dónde quedó.

Es decir, uno de los argumentos principales de los elementos acusadores de Manuel Alejandro “N”, Brian Alberto “N”, Juvencio “N”, Luis Francisco “N”, Leonardo “N” y Lorenzo “N” es que al hacer un patrullaje por la plaza el Tejar, sobre avenida 20 de Noviembre notaron que personas desconocidas -los jóvenes- llevaban a un hombre amagado y con la cabeza abajo, quien les pidió auxilio e intervinieron en los eventos.

Sin embargo, durante el desarrollo de las audiencias de imputación y vinculación, los elementos policiacos aceptaron que la persona que aparentemente pidió ayuda se les perdió y en un momento dado no supieron ni siquiera a dónde se fue, faltando a lo establecido en la ley.

Igualmente, se exhibió que el juez de control determinó dejar sin valor una pericial a los cuchillos que supuestamente portaban los jóvenes y donde no se hallaron huellas dactilares: para el juez, un cuchillo se puede manipular solo con la palma de la mano, sin necesidad de los dedos.

Además, los elementos se robaron un reloj Rolex y dinero en efectivo; por los hechos un elemento con clave “fénix” fue cesado.

El amparo concedido a los jóvenes, quienes dejaron las instalaciones del penal de Pacho Viejo, detalla estas y más irregularidades pese a que según el gobernador Cuitláhuac García Jiménez había pruebas cruciales para llevarlos y mantenerlos bajo proceso.