Pese a aseveraciones del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, fuentes confirmaron a E-CONSULTA VERACRUZ que Javier Duarte no fue imputado por el delito de desaparición forzada debido a un amparo concedido al priista. 

El pasado seis de diciembre, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que a Duarte le habían ejecutado una orden de aprehensión por el delito de desaparición forzada de personas. El hecho se viralizó en redes sociales y generó entusiasmo en colectivos de familiares de desaparecidos. 

De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía capitalina, el mandamiento judicial lo notificaron en el Reclusorio Norte -donde Duarte purga una condena de nueve años por lavado de dinero y asociación delictuosa-, pero que, no obstante, él se negó a firmar dicho documento. 

La autoridad informó que el caso contra el exgobernador es el denominado La Aurora; una barranca anexa a la academia de policías de Veracruz que habría sido utilizada como “tiradero” de cadáveres en el municipio de Emiliano Zapata. Actos que presuntamente Duarte toleró u ordenó a lo largo de su sexenio.  

Sin embargo, las dudas comenzaron a generarse desde el mismo seis de diciembre, cuando el abogado Pablo Campuzano de la Mora, negó que a su cliente le hubieran ejecutado dicha orden de aprehensión.

Campuzano sostuvo que, aunque el gobierno de Guatemala autorizó en meses pasados una excepción a su tratado de extradición para que Duarte fuera juzgado por desaparición forzada, ellos impugnaron a esa decisión por lo que aun la decisión está en revisión.  

Lo anterior, implica que por ahora el priista solo podrá ser juzgado por los delitos por los que fue extraditado, después de su detención, el 15 de abril de 2017 en Guatemala. Ello implicaría no ser juzgado por ningún caso de desaparición forzada. 

El pasado siete de diciembre, este medio cuestionó al gobernador Cuitláhuac García sobre la situación legal de Javier Duarte. Concretamente si le había sido ejecutada la orden de aprehensión e imputado ante un juez por desaparición forzada. 

“En efecto, corrió la versión de que se amparó. Lo que nosotros tenemos es que no surtió efecto porque ya estaba ejecutada la orden de aprehensión. Entonces ante eso un juez no puede amparar porque es un hecho que ya estaba consumado. Esa es la información que tengo”, dijo el mandatario en rueda de prensa. 

Y agregó, “Que ya él tenga otras artimañas es probable porque la carpeta la hicieron mal a partir de que tuvieron un acuerdo Javier “N”, Yunes y gente de gobernación en el gobierno de Peña”. 

Este 10 de diciembre, fuentes oficiales confirmaron que dicha orden no pudo ser cumplimentada debido al amparo concedido a Duarte. En consecuencia, tampoco se llevó a cabo la audiencia de imputación.  

Con ello, el reclamo de justicia de familiares de personas de desaparecidas en Veracruz quedará pausado por tiempo indefinido. Ello, a un mes de la visita a la entidad del Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, organismo que destacó la impunidad que prevalece en el fenómeno de las desapariciones ligadas a funcionarios. 

Yunes, culpable si Duarte no paga por desaparecidos: Abogado

Para el abogado penalista, Celestino Espinoza Rivera, el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares es responsable de que Duarte no ha sido juzgado por el caso de La Aurora, debido a que cuando México solicitó su extradición, la Fiscalía de Veracruz en el periodo de Jorge Winckler, solo incluyó delitos de corrupción y no el de desaparición forzada. 

En entrevista con E-CONSULTA VERACRUZ el jurista explicó que la regla de especialidad del convenio de extradición México-Guatemala, señala que Duarte solo podrá ser juzgado por los delitos expresamente señalados en la solicitud de extradición. 

Agregó que, en caso de que haya una excepción en el Tratado, este deberá contar con las mismas formalidades que se utilizaron para la suscripción del mismo, es decir, la aprobación del órgano legislativo que le dio vida, tanto en Guatemala como en México.

Espinoza Rivera es abogado de cinco familias originarias de Playa Vicente, Veracruz, cuyos hijos fueron desaparecidos por policías de estatal en el municipio de Tierra Blanca, en enero de 2016. Las víctimas presuntamente fueron entregadas con un grupo la delincuencia organizada y asesinadas en el rancho El Limón, predio dedicado a la tortura, robo de combustible y automóviles. Allí fueron exhumados miles de restos humanos que fueron quemados. 

Espinoza sostiene que la administración de Yunes desdeñó denuncias más sólidas por desaparición forzada que ligaban a los más altos mandos de la administración pasada, incluido Javier Duarte, entre ellos el caso de Tierra Blanca, por el cual hay 21 personas detenidas: ocho expolicías y 13 civiles. 

“Pareciera que hubo un pacto de impunidad a favor de Duarte, Arturo Bermúdez o de la Secretaría de Marina, puesto que se ha evadido determinar si existe o no responsabilidad penal de cualquiera de ellos en diversos casos de desaparición forzada incluyendo el caso Tierra Blanca. En ese caso en especial nunca hubo voluntad política, a pesar de que Yunes Linares, cuando era candidato a gobernador, visitó a los padres de Playa Vicente en el ministerio público de Tierra Blanca, donde acamparon durante casi 5 meses y él les ofreció su apoyo”.

El entrevistado recalcó que a pesar de haber presentado en febrero de 2017 una ampliación de denuncia contra altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública, y el propio Javier Duarte–cuatro meses antes de la extradición de Javier Duarte- la investigación en relación a la cadena de mando nuca fue tomada en cuenta.

ONU pide que se investigue a Bermúdez y Duarte por caso Tierra Blanca

El pasado siete de diciembre de 2021, el Secretario General de las Naciones Unidas le remitió a la representante permanente de México ante la Oficina de la ONU en Ginebra una nota en relación con las Acciones Urgentes 289/2016 a 292/2016, relativas al caso Tierra Blanca, donde expresamente recomienda que se robustezca la investigación para investigar al exsecretario de Seguridad con Duarte, Arturo Bermúdez Zurita.

En esa nota, entre otras cosas, el Comité de Desaparición Forzada (CED), señala: “...Según la información de la que dispone el Comité, parecería que resultaría necesario que en dicha investigación se tomaran en cuenta otras investigaciones que enfrenta actualmente el ex Secretario de Seguridad Pública de Veracruz por delitos de desaparición forzada en contra de otras 15 personas, por enriquecimiento ilícito y por abuso de autoridad. El juez encargado de las investigaciones habría considerado que no se contaban con elementos de tipo penal para vincular a proceso al funcionario, sin que se tenga hasta el momento información de los avances de la Fiscalía en la investigación...”.