Mentor en la investigación: Sasha Chavkin

 

Xalapa, Ver. -  El 10 de julio de 2019, Nallely Guarneros y su esposo Sergio Rueda acudieron a una sucursal de Coppel en Tehuacán, Puebla y esperaron su turno para depositar 15 mil pesos. No era el abono de una televisión o de una estufa, era la cuota que mes a mes debían entregar al cartel de Los Zetas.

Sergio y su hermana, Liliana Rueda Daniel, crearon la empresa Tarjeta Blanca, dedicada al financiamiento de préstamos. Desde 2012 ampliaron ese negocio -con matriz en Cholula, Puebla- y se instalaron en un corredor de Las Altas Montañas, en la zona centro de Veracruz.

Los hermanos Rueda planeaban consolidar una ruta de créditos a lo largo de 35 kilómetros desde el municipio de Camerino Z. Mendoza hasta Córdoba, en una franja territorial que en ese tiempo solo era gobernada por Los Zetas. La bienvenida a Veracruz para los empresarios fue traducida en cifras: Un pago mensual (cuatro mil pesos al inicio) a cambio de no meterse con su negocio. La cuota debía llegar a tiempo porque sus vidas eran la garantía.

Pero quien paga piso no tiene garantizada su seguridad. Ese 10 de julio, Sergio hizo un último depósito a las 2:54 de la tarde en la sucursal Independencia de Coppel Tehuacán. Seis días después él y Liliana desaparecieron.

Un beso y una camisa guinda que planchó Nallely Guarneros es el último recuerdo que tiene de Sergio, con quien procreó tres hijas. “Desde ese día ya no sé nada de él, ni de Liliana”.

 

 

Nallely sacó de una caja fuerte 100 mil pesos que su familia tenía ahorrado y esperó una llamada para entregar un rescate. Pero ese dinero terminó usándolo para entregarlo a la autoridad a cambio de buscarlos. “Nunca imaginé vivir una pesadilla como esta”, dice la mujer de 37 años de edad.

El caso de Nallely es el antecedente de extorsiones aún más siniestras. Su historia es la primera evidencia documentada de una práctica que es un secreto a voces en Veracruz: Sobornos que autoridades piden a familiares de desaparecidos.

Esta historia -el primer capítulo de una serie que publica La Silla Rota- revela cómo miembros del sistema de justicia explotan a familiares vulnerables para aprovecharse financieramente del secuestro de personas inocentes.

El flagelo de las desapariciones y desapariciones forzadas en Veracruz muta en un fenómeno más oscuro cuando se le adhieren actos de corrupción. El cinco de octubre de 2021, el titular de la Secretaría de Marina-Armada de México, Rafael Ojeda Durán, reconoció frente al presidente Andrés Manuel López Obrador, en el puerto veracruzano, que el delito de extorsión muestra una tendencia al alza en la entidad.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), el estado de Veracruz ocupa el segundo lugar en el país en denuncias por extorsión con 510 casos entre enero y agosto de 2021; solo por detrás del Estado de México.

Los hermanos Rueda pagaron durante siete años el derecho de piso, hasta 2019, cuando las cuotas ya eran de 15 mil pesos mensuales. El negocio Tarjeta Blanca era rentable y prosperaba. Pero entonces el territorio cambió de dueño: Los Zetas prácticamente fueron desplazados en las Altas Montañas por el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

 

 

 

“Para mi esposo y mi cuñada eso fue nuevo, porque en Puebla no les pedían dinero. Comenzaron a pagar, con miedo evidentemente, pero fue un miedo que se normalizó”, cuenta Nallely.

 

El 16 de julio de 2019, Sergio salió apresurado de casa; se quitó del cuello la cadena de oro que siempre usaba y la entregó a su esposa. Horas antes Liliana había recibido una llamada. Un empleado, Guillermo “N”, le dijo que cinco trabajadores de la financiera estaban secuestrados y los plagiarios les exigían 300 mil pesos para devolverlos con vida.

En realidad, nadie estaba secuestrado, se trataba de un anzuelo que los hermanos Rueda estaban por morder.

Liliana recogió a las siete de la mañana a Marino, su hombre de confianza en la empresa. Los dos se trasladaron de Cholula a Tehuacán para encontrarse con Sergio. Todo lo hacían a prisa y en sus rostros había preocupación, recuerda Nallely.

Los hermanos Rueda juntaron el dinero que les exigían por teléfono personas desconocidas a cambio de la libertad de José Juan N, José Domingo N, Miguel Julio N, Guillermo N y Luis Alberto N. Familiares de esos cobradores rogaron para que se pagara el rescate, lo que puso presión sobre Liliana y Sergio, quienes apenas y cruzaron palabras durante las dos horas de camino en carretera hasta llegar a Córdoba, contó Marino, acompañante de Liliana.

 

 

 

Todo estaba planeado. Sergio se encontraría con los secuestradores a las 12 horas de ese martes sobre la avenida 21, en la entrada de la dulcería La Josefina y regresaría a casa con la tranquilidad de haber salvado cinco vidas. Cambió el chip de su celular y lo puso en otro equipo de gama baja; luego bajó del auto con una bolsa de dinero y dijo que volvería pronto.

Liliana y Marino avanzaron dos calles hasta que una llamada descuadró todo: los secuestradores también querían que Liliana se encontrara con ellos. Hizo el mismo cambio de celulares y siguió a su hermano. Vestía toda de negro: una blusa, unas botas y unos jeans.

Marino esperó dos días en Córdoba para recibir indicaciones y recoger a sus jefes, pero no hubo llamadas ni mensajes. La noche de ese 16 de julio Nallely supo lo que a su esposo y a su cuñada les inquietaba, pero, además, que ninguno había regresado después de pagar el supuesto rescate.

Existe un video clave en las desapariciones de los hermanos Rueda captado por una cámara de La Josefina. A las 11:53 horas del 16 de julio, Sergio aparece en la imagen con sus botas cafés y una camisa floreada color vino; camina frente al negocio, de derecha a izquierda, con una bolsa con dinero en efectivo.

Nallely pudo ver la grabación en un equipo de cómputo de la fiscalía de desaparecidos, con sede en Xalapa, y registró esa fracción de video con su celular. En total, la fiscalía extrajo cintas de siete cámaras ubicadas en la dulcería La Josefina, luego, inexplicablemente ese y otros indicios desaparecieron de la carpeta de investigación FEAD/ZCX/159/2019.

 

 

Ninguno de los cinco trabajadores reportados como secuestrados preguntó por sus jefes cuando Nallely comenzó a buscarlos. Por el contrario, continuaron cobrando sus rutas tres días seguidos y a sus clientes les dijeron que ahora se arreglarían con ellos.

Nallely apenas contuvo dos días la desesperación y salió a buscarlos. El 18 de julio de 2019 denunció lo sucedido con autoridades de la Fiscalía de Puebla y mostró conversaciones en WhatsApp de los teléfonos de Liliana y Sergio que construyen una narración sobre la trampa que les tendieron sus empleados de Tarjeta Blanca.

Pero allí la respuesta fue técnica y fría. “La desaparición ocurrió en Veracruz, señora, enviaremos el caso allá”. Sin noticias, Nallely viajó el 26 de julio de 2019 a la Fiscalía especializada en denuncias por personas desaparecidas de Córdoba. Ahí conoció a la titular de esa dependencia: Fabiola Melo González, una mujer hábil con sus palabras y de trato amable que ocultaba una debilidad: El dinero.

 

 

“La vi y me hizo sentir con la confianza que necesitaba para encontrar a Sergio y a Liliana. La sentí como un apoyo, la sentí muy capaz, muy segura y pensé que sí sabía hacer su trabajo. Creí que con ella los iba a encontrar”, recuerda Nallely lo que fue el inicio de una nueva trampa.

 

La angustia, el negocio rentable de una fiscal

Nallely Guarneros cumplía 10 días casi sin probar bocado y sus energías solo las recargaba con té amargo. A la Fiscalía de desaparecidos en Córdoba la acompañó un amigo de la familia, Aldo Tecpanecatl.

Aldo entró a la oficina de la fiscal Fabiola Melo; Nallely lo esperó en el pasillo. La funcionaria soltó una frase desde su escritorio. “Como verá tengo mucho trabajo y estoy estresada”. Después le entregó un post it sobre el que escribió la cantidad de cinco mil pesos y un número de cuenta. Aldo entendió y pagó el monto en un Oxxo cercano.

 

“A mí no me pareció extraño lo del dinero porque nunca había tenido la necesidad de acudir a una fiscalía ni a una dependencia de gobierno, nunca había tenido que ir a un lugar así, entonces yo pensé que era normal, que era un servicio y los servicios se pagan”, dice Nallely.

 

Tras ese primer pago la atención de Fabiola Melo fue más cordial. “Los vamos a encontrar, señora”, le dijo. Luego transcribió la denuncia que Nallely había realizado en Puebla. Antes de concluir ese primer encuentro vino un segundo favor acompañado de un discurso: “Por acá nuestros jefes nos tienen sin hojas y sin tinta para la impresora”.

Nallely y Aldo imprimieron cientos de oficios y fotografías para repartir en hospitales, prisiones, funerarias y centrales camioneras en busca de Sergio y Liliana. Por ello pagaron 2 mil pesos en un cibercafé; actos de investigación que por disposición constitucional y legal le corresponde pagar a la Fiscalía y se encuentran presupuestados anualmente.

 

 

Fabiola brindó sus números de teléfono a Nallely y le dijo que estarían en contacto frecuente, que ella misma le reportaría avances. “Yo me regresé un poco más tranquila a Puebla”, dice la denunciante.  

La fiscal cumplió su promesa y le escribió por primera vez el 29 de julio de 2019 a las 11:20 del día. Le dijo que ya tenía las sábanas telefónicas de Sergio y Liliana; que había solicitado la misma información satelital de los empleados que fingieron su secuestro y hasta los videos de cámaras cercanas al lugar donde sus familiares desaparecieron.

 

– ¿Oiga y usted ya no va a venir?, preguntó Fabiola.  

– Yo espero indicaciones. Si usted me dice que es necesario yo voy… Claro que sí.

– Ok, le aviso si la necesito por acá.

– Sí, muchas gracias por el apoyo.

– Estoy para servirle.

 

 

Las conversaciones siguieron a diario; todo eran promesas de actos de investigación y bendiciones. El 1 de agosto de 2019, a las 11:36 de la mañana, Fabiola preguntó a Nallely si podía llamarle por otro celular. La llamada se dio hasta el día siguiente y terminó a las 21:15 de la noche.

 

Nallely escribió: “Ok… en un rato le escribo”. “Oki”, devolvió Fabiola.

 

En esa llamada, la funcionaria requirió un nuevo “apoyo económico” justificado en que la Fiscalía General del Estado (FGE) los tenía sin recursos. “Me dijo ‘necesito para la gasolina porque hay que ir a dar más citatorios e investigar más, entonces si usted me pudiera apoyar con 10 mil pesos yo puedo trabajar’”, recuerda Nallely.

 

–Le voy a hacer al policía, va a ver que vamos a encontrarlo, prometió Fabiola después de esa llamada.

 

– Sí, yo de verdad que de todas las puertas que he tocado no he visto resultados más que los que usted puede alcanzar.

 

–Gracias. Y créame que es un reto encontrarlos, y creo que debemos echarle ganas y no parar.

 

– Mañana, en cuanto me indique cómo, voy (a depositar). Espero me tome en cuenta el esfuerzo. Yo sé que todo lo que haga es de provecho por eso no dudo en conseguir y mandar (dinero). El futuro de mi familia está en juego. La diferencia que puede ser para mí y mis bebés el tener a su papá o el que no esté ... Le ruego con todas mis fuerzas que me ayude... Ya no puedo seguir escuchando a mis hijas que le lloran a su papá y no tengo palabras ni respuestas.  Espero me indique. Dijo Nallely.

 

Para el tres de agosto a las 7:15 de la mañana, ya contaba con los 10 mil pesos que había tomado de la caja fuerte de su casa.

 

– Lic. Buen día. Espero indicación, escribió la denunciante.  

–¿Le paso adonde?

– Sí, por favor licenciada.

– 4766 8404 5358 7698

– Ok, gracias

– A Ud.

 

Nallely realizó dos depósitos en un Oxxo a las 10:16 de la mañana a una cuenta Banamex. La tarjeta pertenecía a la hija de Fabiola Melo, F. V., lo descubrirían después agentes de la Fiscalía. “Gracias. Y créame que trabajaremos en equipo y los vamos a encontrar”, prometió de nuevo la fiscal.

 

 

 

Las conversaciones continuaron y Fabiola se ganaba la confianza de Nallely. “Por usted me quedo una semana más trabajando porque ya hoy salía de vacaciones, pero quiero tener mucho avance. Yo no la voy a engañar nunca. Jamás le voy a prometer algo que no se pueda”, le dijo el nueve de agosto.

Con esa confianza, los favores pasaron de apoyos para realizar la búsqueda a temas personales.

“Señora, buenas tardes. ¿Está ocupada? Le marco en cinco minutos. Es algo mío”, escribió la funcionaria la tarde del 12 de agosto.

 

“Yo iba viajando de Puebla para la fiscalía de Veracruz, me llamó por WhatsApp y me dijo ‘lo que pasa es que no sé si usted pueda prestarme porque no alcanzo para pagar la colegiatura de mi hija y me faltan seis mil pesos’ y yo pensé ¿pero esto qué tiene que ver con lo mío? pero dije, bueno ella está ayudándome y voy a tratar de ayudarla”, cuenta Nallely.

 

El 13 de agosto, lo primero que hizo fue conseguir el dinero requerido. “Lic. Buenos días… Salgo para el Monte de Piedad. En cuanto tenga le aviso. ¿Al mismo número?”, preguntó. “Sí”, le dijeron. Nallely envió 3 mil pesos a la cuenta Banamex de la hija de Fabiola.

 

 

Habían pasado 20 días desde la primera vez que Nallely fue extorsionada por Melo González y seguía sin tener pistas claras de sus familiares. “Lic. Buenos días. ¿Qué más hago?, ¿Necesita alguna información?, ¿Puedo ver algo de los videos?, ¿Quiere que yo revise algo? Ya no sé qué más hacer. Mi mente ya no me da. Estoy muy triste. Ayúdeme, que ya se acabe esto”, escribía desesperada.

 

“Trate de tranquilizarse, sé que es muy difícil, pero estamos trabajando y debemos pensar en no desesperarnos porque si no, no vamos a avanzar. Créame que estamos trabajando su asunto que ni de vacaciones me he ido”, respondía Fabiola. 

 

El 26 de agosto ocurrió algo inusual. Fabiola llamó a Nallely a las 7:41 de la noche. “No hable, por favor. Le marco para que escuche”. Luego puso su altavoz mientras ella interrogaba a una serie de sospechosos, por primera vez desde la desaparición de Sergio y Liliana que cumplía un mes y diez días.

La fiscal había puesto el ojo en los trabajadores de Tarjeta Blanca que aún no habían salido de Córdoba para esconderse. Máximo Julio “N” fue uno de ellos, quien dijo que tenía dinero que cobró días después de que sus jefes desaparecieron, pero que estaba dispuesto a devolverlo para no tener problemas. Fabiola conservó ese dato y no volvió a incluir a Máximo Julio como sospechoso en el caso. Esa declaración también desapareció de la carpeta de investigación.

Fabiola Melo siguió vendiendo promesas. “Ya pedí el paro para ahorita buscar a estos malandros pendejos para apretarlos”, le dijo a Nallely esa noche del 26 de agosto de 2019. Luego le llamó por teléfono.  

La fiscal necesitaba más dinero para gasolina.  Esa ocasión la conversación fue grabada por Nallely.

 

 

Al día siguiente el pago se hizo por cuatro mil pesos. “Lic. Me dicen en la tienda que no hay sistema o que está rebasado lo diario (el monto). Usted me avisa o lo guardo”, avisó Nallely a la 1:18 de la tarde.

 

“Ok. Le paso otro: 4766840464842090”, respondió Fabiola.

 

 

La cuenta esta vez era suya, prueba que sería presentada meses después para un juicio en su contra por corrupción. En un mes, Nallely ya había depositado 22 mil pesos. De acuerdo con la declaración patrimonial de Fabiola, eso implicaba más de lo que ganaba en un mes en la Fiscalía: 21 mil pesos.

 

“Ante Fiscalía solo pude presentar seis váuchers, porque son todos los que conseguí. A veces pedía prestado con amigos y solo ellos depositaban y tiraban el papelito. Puedo asegurar que le di a Fabiola más de 50 mil pesos”, dice Nallely.

 

Los últimos dos depósitos de los que hay registro ella los hizo el cuatro de septiembre de 2019 a las 12:25 de la tarde. Nallely envió 7 mil pesos a la cuenta Banamex de la hija de Fabiola. Aunque esta vez no se trataba de gasolina o alguna colegiatura, sino de una propuesta.

Fabiola prometió respuestas inmediatas a cambio de pagarle 18 mil pesos a una persona con domicilio en Huiloapan que “apretaría” a trabajadores sospechosos “por la buena o por la mala”.

“Lic. No tengo mucho, pero puedo empeñar”, decía Nallely.

“Ahorita lo voy a ver. Viene por mí para hablar bien”, respondió la autoridad… “Urge jalar a uno y con ese hacemos que hable el cabrón”.

 

 

 

El descubrimiento de la estafa

Había pasado casi mes y medio desde que los sobornos comenzaron (y dos del plagio de Sergio y Liliana). El 12 de septiembre, Nallely consiguió una audiencia con Hugo Alberto Martínez Saldaña, entonces encargado de la Fiscalía especializada en denuncias por personas desaparecidas en Veracruz; jefe de Fabiola Melo.

En esa plática ella lo enteró de los pagos que le exigían a cambio de avanzar con su investigación. Martínez Saldaña en ningún momento sugirió denunciar a Fabiola ante la Fiscalía anticorrupción de Veracruz. La solución que le dio fue simple: “Hay que pedir cambio de fiscal”.

Luego, el servidor público le dijo que al día siguiente él presentaría su renuncia, pero que, por atención a ella, le entregaba una copia simple de su carpeta de investigación. Nallely se llevó entonces una sorpresa amarga.

 

“Fabiola quitó de la carpeta entrevistas que yo misma oía por altavoz de los familiares de los trabajadores, quitó videos donde estuvo Sergio la última vez que hay una ubicación de él. Me dijo que se habían solicitado las sábanas de llamadas de Liliana y Sergio, pero tampoco estaban. Hasta la fecha todos esos indicios están desaparecidos”, sostiene.  

 

Al día siguiente, Nallely dio una última oportunidad a Fabiola para que le diera una explicación, quien seguía al frente de su cargo. Se trasladó 200 kilómetros, de Xalapa a Córdoba, para comprobar por su cuenta la estafa. “Fui con una abogada de la familia, le pedí a Fabiola que me diera acceso a la carpeta, a la original, y me asusté al no ver nada. Ella me dijo, ‘señora esas diligencias son secundarias. Yo trabajo de manera práctica’.

Nallely pidió con urgencia un cambio de fiscal y en diciembre de 2019 denunció por hechos de corrupción a Fabiola Melo.  “Es una impotencia horrible que hasta la fecha me hace llorar”, confiesa.

El 25 de marzo de 2020, a ocho meses de la desaparición de Sergio y Liliana, la Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, anunció en un comunicado de prensa la separación del cargo de Fabiola Melo e informó que fue imputada por los delitos de cohecho e incumplimiento de un deber legal.

 

“No habrá impunidad en este o cualquier acto de corrupción que afecte los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y respeto a los derechos humanos, que rigen a la institución”, destacó Hernández Giadáns.  

 

El comunicado se leía implacable. Desde ese mensaje ha pasado un año y seis meses. Por el caso de Sergio y Liliana actualmente hay cuatro trabajadores detenidos por el delito de desaparición cometida por particulares y cinco más prófugos de la justicia. Las detenciones se dieron hasta el nueve de febrero de 2021, a casi dos años de que a Fabiola le quitaron el caso de sus manos, y gracias a trabajos de investigación que Nallely realizó por su cuenta y aportó a las autoridades.

Sin embargo, Fabiola no ha sido sentenciada y el juicio en su contra pende de alfileres. Hace dos meses ganó un amparo y, por ley, podría ser reinstalada en el escritorio que atendió a Nallely un 26 de julio de 2019.

Fabiola Melo no actuó sola, ni fue el único soborno que pidió a familiares de desaparecidos. Tras el caso de Nallely, otras víctimas han levantado la voz…

 

 

 

Este reportaje fue realizado como parte del programa MásterLAB en edición de investigaciones, de Quinto Elemento Lab

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